miércoles, 27 de abril de 2011

Informe del Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la UTP, Denuncia abusos del ESMAD

Presentamos un informe del Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la UTP acerca de los abusos del Escuadron Movil Antidisturbios ESMAD en la Universidad Tecnológica de pereira en contra de la comunidad universitaria.

Desde el año 2008 las organizaciones de derechos humanos hemos venido llamando la atención por la delicada situación que se viene presentando en el campus universitario, en contra de los líderes estudiantiles por parte de un grupo armado que se autodenomina "Aguilas Negras" son frecuentes las amenazas e intimidaciones y hostigamientos en contra de los dirigentes estudinatiles, docentes y trabajadores de la universidad. Asi mismo la fuerza pública estigmatiza permanentemente a los estudiantes tildándolos de auxiliadores de las guerrillas y amenazándolos con juidicializarlos.
A la menor protesta o reclamo por parte de los estudiantes dentro de la universidad, inmediatamente entra el ESMAD rodea la universidad, detienen y golpean a cualquier estudiante que se encuentren y son puestos a disposicioón de la Fiscalía para que sean judicializados. Llama la atención es que en el campus universitario actúa un grupo armado postdesmovilizado de las AUC que se autodenomina la "Cordillera"; este grupo ejerce control dentro de la universidad, distribuye toda clase de sustancias psicoactivas y están armados e intimidan a la comunidad universitaria. Los organismos de inteligencia tienen conocimiento de esta situación ya que en varias oportunidades nos hemos reunido con la Procuraduria, La Defensoría, los directivos de la universidad y los comandantes de policía donde se les ha solicitado que actuen para desalojar a este grupo armado dentro de la universidad.
Ante el riesgo y vulnerabilidad de los líderes sociales en Risaralda el CIAT decretó una Alerta Temprana donde se recomienda a las autoridades locales proteger la vida e integridad de los dirgentes comunales, defensores de derechos humanos y estudiantes de la UTP y se le recomienda a las directivas de la universidad respetar la Autonomia Universitaria y coordinar con la fuerza pública la protección de sus dirgentes. Sinembargo no han actuado y la situación de riesgo de los líderes estudiantiles continúa igual.
Esperamos de ustedes compañeros su solidaridad ante la delicada situación que se presenta en la Universidad Tecnológica.

Fuente: http://asambleautp.blogspot.com/2011/04/e-mail-de-organizacion-de-ddhh-en.html

Panorama desolador en el Catatumbo por estragos de la ola invernal

Asociación Campesina del Catatumbo
La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), informa que al menos un 70% de la región del Catatumbo en Norte de Santander, se encuentra aislado y altamente afectado por la ola invernal que afronta el país, los seis municipios de la región se encuentran en alerta roja. En las últimas 48 horas, se han reportado pérdidas humanas, un gran número de familias damnificadas y daños materiales incalculables, se teme el aumento en el número de víctimas y damnificados profundizando la crisis humanitaria.
Así mismo, ASCAMCAT hace un llamado a la opinión pública y a la comunidad nacional e internacional para que se solidaricen con las campesinas y campesinos del Catatumbo que han sufrido la crudeza del invierno y se encuentran amenazados por deslizamientos, avalanchas e inundaciones. Se requiere con carácter urgente el apoyo de las autoridades para que a la mayor brevedad, envíen a la zona equipos de rescate, alimentos, frazadas, camping, colchonetas, ropa, medicamentos, elementos de uso personal y agua potable. La solicitud de ayuda humanitaria es apremiante para salvarle la vida a muchos de los habitantes de la región. Líderes de la asociación campesina que se viven en diferentes localidades del Catatumbo, han suministrado informes de los últimos hechos ocurridos en los diferentes municipios:
Convención
En la zona rural desde el corregimiento de La Trinidad hasta el Caso Urbano de Convención hay alrededor de 50 deslizamientos, la situación más crítica se presenta en las Veredas Matainea, La Laguna, El Líbano y San Antonio, donde se ha caído la bancada. La comunidad manifiesta preocupación por el posible desbordamiento de la Quebrada El Peñón en la vereda La Abejas del Corregimiento Las Pitas, lo cual pondría en riesgo a más de 100 familias.
Igualmente, gran parte de la vía que conduce del corregimiento de la Libertad al corregimiento de Honduras, quedó sepultada por los deslizamientos, dejando aislados a los pobladores e imposibilitados para abastecerse de alimentos.
Teorama
La vía que conduce del corregimiento de San Juancito al corregimiento del Aserrío, presenta múltiples deslizamientos y caída de la bancada, las lluvias y los derrumbes rebosaron de la Quebrada La Tiradera, arrasando con casas, potreros, cultivos y fincas de la zona. El casco urbano del Aserrío se encuentra inundado y la montaña amenaza con sepultar a la población entera, generando zozobra y temor en la comunidad que se encuentra aislada, por cuenta de los derrumbes, hasta no se han podido calcular las pérdidas materiales.
La situación más crítica se presenta en la vía que conduce de El Aserrío al Corregimiento de San Pablo, donde en la vereda La Batea, una avalancha se llevó varias casas. Los campesinos informaron que en la vereda El Bejuco, una gran avalancha de lodo y piedra que se desprendió de la montaña, arrasó con casi la totalidad de su casco urbano, dejando al menos 200 personas damnificadas, quienes debieron desplazarse hacia el corregimiento de San Pablo, pero hasta ahora sólo 45 persona han logrado salir del área afectada, los demás se encuentran a la espera de recibir algún tipo de ayuda y equipos de rescate por parte de la administración municipal y la gobernación de Norte de Santander, hasta el momento no han recibido ningún tipo de comunicación o apoyo para superar esta emergencia.
En las veredas Llana Alta y Llana Baja pertenecientes al Corregimiento de San Pablo, el torrencial arrasó varias fincas, cultivos de pan coger y ganado.
En la vía del corregimiento de San Pablo hacia el Casco urbano de El Tarra, hay aproximadamente 60 derrumbes, en el corregimiento de La Cecilia una avalancha se llevó una vivienda.
En el Casco urbano de El Tarra, la fuerza de la creciente del río Tarra reventó las guayas del puente que comunica con el municipio de Tibú, por lo que se suspendió el tránsito vehicular y el transporte de pasajeros, víveres y de cualquier otro tipo de carga. Una finca contigua al puente también fue arrasada por la avalancha.
En el sitio conocido como El Cable o Puerto Catatumbo, perteneciente al corregimiento de Filo gringo, municipio de El Tarra, las crecientes de los ríos Tarra y Catatumbo, arrasaron tres viviendas, los dos puentes hamacas e incomunicaron las veredas ubicadas al margen derecho e izquierdos del río.
En las Veredas Bocas de Orú y El Diviso del Corregimiento de Filo Gringo, fueron arrasadas más de 20 hectáreas de cultivos de plátano y yuca, se llevó canoas y parte de una finca. Tibú
En el casco urbano de la vereda Mineiros, fueron destruidas 15 viviendas por una avalancha que arrastró el río y que alcanzó el casco urbano del corregimiento de la Gabarra, inundándolo y obligando a que los habitantes se desalojaran y se dirigieran a las partes altas. En las veredas La Vega y La Colombiana, ubicadas río abajo de la Gabarra, varia familias quedaron damnificadas y se desplazaron hacia El Cruce, en territorio venezolano, donde las autoridades venezolanas locales, les han brindado alguna ayuda humanitaria, sin embargo; aún se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad.
Hacarí
En zona rural del Municipio de Hacarí, se reporta el ahogamiento de una niña y un niño de de 8 años y 10 años respectivamente, quienes cayeron al río, cuando se reventó la guaya por la cual se transportaban suspendidos en el aire.
Los habitantes de la región y la Asociación Campesina del Catatumbo, hacen un llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y nacionales, para que hagan presencia en la zona y alleguen las ayudas necesarias a centenares de familias afectadas. Igualmente, llaman a la solidaridad de la opinión pública y a los medios de comunicación, para que estén atentos a la situación e informen sobre los hechos que se vienen presentando tanto en los cascos urbanos, como en las zonas rurales que permanecen totalmente aisladas y abandonadas.

Soldado denuncia a coronel por falso positivo en Yondó, Antioquia

La muerte del señor Aicardo Antonio Tobón Ortiz, líder campesino del valle del Río Cimitarra, originó que toda la unidad contraguerrilla saliera 15 días de licencia, incluso dos de los militares se les otorgó un viaje a la costa por una muerte en combate
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Durante la audiencia de juicio contra 5 militares, dos profesionales y tres regulares, de la Décima Cuarta Brigada del Ejército, el soldado Eduard Alejandro Castaño Bolaños, involucró al entonces comandante del Batallón Calibío, teniente Coronel Wilson Ramírez Cedeño, en falsos positivos y la muertes de campesinos en el nordeste de Antioquia.
El militar y sus compañeros integraban la Unidad Contraguerrilla Aguerrido 3, del Batallón Calibio, en la Décimo Cuarta Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrio Magdalena medio antioqueño, y en la audiencia narró la forma como fue asesinado el señor Aicardo Antonio Tobón Ortiz, líder campesino del valle del río Cimitarra, cometido entre las veredas El Jabonal y Puerto Matilde en Yondó, Antioquia, el 8 de julio de 2008.
Bajo la gravedad de juramento, en el Juzgado Primero Especializado de Medellín, el soldado testigo declaró que las órdenes fueron impartidas “desde los altos mandos de la Décima Cuarta Brigada”, y de esta manera incluyó en esos hechos al ex comandante del Batallón Calibío, teniente Coronel Wilson Ramírez Cedeño.
Según el relato del testigo, la muerte extrajudicial del campesino fue cometida en horas de la madrugada del 8 de julio de 2008, cuando la unidad Aguerrido Dos del Ejército se encontraba en la base fortaleza del municipio de San Francisco, bajo el mando del Teniente Edgar Iván Maestre Flórez.
El soldado Castaños Bolaños rememoró, que ese día prestaba servicio de centinela, cuando se anunció el abastecimiento y la llegada de la alimentación, y reveló que en el envío llegó un dinero para todo el pelotón por supuesta gratitud por la liberación de la ex candidata presidencial Íngrid Betancur.
Igualmente, el soldado regular señaló que después de recibir el dinero de forma ordenada, se les anunció que de ese dinero debían hacer un aporte para conseguir un permiso para la contraguerrilla, a través de “legalizar a alguien y hacerlo pasar como subversivo muerto en combate”.
El dinero recaudado sirvió para comprar un arma, con la cual legalizarían a la persona. Todos los integrantes de la unidad militar le entregaron el dinero al Teniente Maestre Flórez, denunció el exmilitar que sirve de testigo en la audiencia por ese crimen.-
Y prosiguió su relato: “Durante la noche del día 7 de julio, hubo una reunión con los Cabos del Ejército de apellidos Piñeres y Perdomo y el Teniente Maestre, escogieron a un personal para efectuar la misión táctica Mármol u Operación Majestad, donde se daría de baja a alias el Murciélago”
Afirmó el soldado que la orden partió del mayor Rodríguez, quien era el jefe de operaciones y quien avaló la acción ilícita en la que darían muerte al señor Aicardo Antonio Tobón Ortiz, de quien dijeron en su momento que se trata de una “una persona a la cual se le debía tener mucho cuidado porque era una persona de alta peligrosidad”.
Según la denuncia, “al escogerse el personal para la misión se buscó al civil llamado Jonathan Alejandro, civil en contra de quien también hay un proceso judicial por el mismo asesinato, y dijo que ese civil “desde hace varios años venía trabajando en inteligencia militar del Batatallón Calibio”.
Según el soldado Castaño Bolaños, “el civil Jonathan Alejandro fue la persona que se encargó de conseguir el revolver calibre 38 reforzado a la cual le borraron el serial, y con el cual armarían la escena del crimen”.
El señor Alejandro acompaño a los militares para que llegaran en horas de la madrugada a la vereda Jabonal en límites con Puerto Matilde y Yondó, a buscar al supuesto subversivo, cuando le anunció el Teniente Flórez al soldado regular que “usted es el que le va a dar”, narró el soldado en la audiencia de este martes en Medellín.-
Más relatos
“Minutos antes de llegar a la casa donde se encontraba el líder Aicardo Antonio, los militares montaron una escena falsa de un supuesto enfrentamiento con la guerrilla donde instalaron campo minado, campamento de subversivos y tiraron por la zona prendas de uso privativo del Ejército. Después de separar al grupo en dos, se fueron por la parte de debajo de la finca con el Cabo Perdomo, cuando vieron una choza después de un corral”.
El soldado regular Eduard Alejandro Castaño Bolaños, afirmó que “los dos militares tocaron la puerta del campesino, el hombre estaba abriendo la puerta cuando el soldado lo empujó de una patada abrió la puerta y le propino varios disparos, al sentir que le tocaron la pierna, le propino otros tres disparos”, causándole la muerte al instante al líder campesino.
Siempre según el relato del militar, luego de varios minutos, los otros soldados bajaron al señor Aicardo y montaron la escena donde murió el campesino. Le pusieron el arma y dispararon tres veces al aire para hacer de cuenta de que (él) había disparado, los vistieron con prendas del ejército, y notificaron al Batallón Calibio de un baja en combate”.
La población que residía cerca de la zona expresó su desacuerdo con la muerte del campesino y señaló que este hombre era una persona de bien y no tenía ninguna relación con delincuentes.
La comunidad comenzó a sacar machetes, palos y la emprendieron en contra de los militares, cuando llegó uno de los militares y persuadió a la comunidad indignada.
La muerte del señor Aicardo Antonio Tobón Ortiz, líder campesino del valle del Río Cimitarra, originó que toda la unidad contraguerrilla saliera 15 días de licencia, incluso dos de los militares se les otorgó un viaje a la costa por una muerte en combate.
Los cinco militares investigados por este hecho son acusados de homicidio en persona protegida y tendría una condena de 40 años.
Ante los señalamientos que hizo el soldado regular y la denuncia de amenazas en su contra, el Juez que adelanta el caso ordenó el traslado inmediato del militar e instó al INPEC a ofrecerle medidas extremas de seguridad.
La abogada de la Corporación Humanidad Vigente, representante de los familiares de la victima, Olga Silva, señaló que con este testimonio se demuestra nuevamente las irregularidades en las ejecuciones arbitrarias o mal llamados falsos positivos, pues el soldado relató que esta práctica era aplicada por algunos militares para obtener permisos y dar resultados.
Noticia en Caracol Radio:
http://caracol.com.co/nota.aspx?id=1460612

viernes, 15 de abril de 2011

¿Por qué no gusta la propuesta de reforma de la Ley 30 a estudiantes de la universidad pública?

Los argumentos que presenta Lina Parra, aspirante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, resumen los argumentos de gran parte de quienes, de parte de algunos estudiantes y algunos docentes, protestarán por la reforma propuesta por el Gobierno a la Ley 30, este jueves 7 de abril.
¿Por qué afirmo el NO a la reforma de la Ley 30?

1) Porque deja de lado la calidad para dar énfasis a la cobertura
2) Porque iguala la educación laboral (SENA) a la educación profesional universitaria
3) Porque basa el crecimiento económico según los índices del PIB e IPC
4) Porque deja el consejo académico a la potestad del consejo superior
5) Porque habrán universidades con ánimo de lucro
6) Porque habrá inversión privada en la universidad pública
7) Porque esas nuevas universidades se crearán como sociedades propias del Derecho comercial, es decir, se regirán por el ordenamiento del derecho privado
8) Porque se pierde la naturaleza de la universidad: se mide en términos de eficientismo económico, no de calidad académica
9) Porque las carreras que no son rentables para el mercado no recibirán inversión y tenderán a desaparecer: artes, música, filosofía
10) Porque los docentes tendrán que tener maestría, pero el régimen salarial no mejora
11) Porque se deja abierto el tipo de contrato laboral para los docentes, dando pie a la aparición de Cooperativas de trabajo Asociado, tal como pasa en el sector de salud.
12) Porque hablaremos de carreras autosuficientes, sin inversión del Estado
13) Porque entraremos en la competición de la empresa privada

Estos son los congresistas que definirían el futuro de la reforma a la Ley 30 de 1992

Si el Gobierno Nacional decide continuar adelante con su propuesta de reforma a la Ley 30, el proyecto deberá ser radicado en alguna de las comisiones sextas de Senado o Cámara, que tiene entre otros asuntos el debate de los temas educativos.

El Observatorio presenta el listado de Representantes a la Cámara y Senadores que integran dichas comisiones para el periodo 2010-2014.
Comisión sexta del Senado
- Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio (PIN)
- Arbeláez Escalante Amparo - Vicepresidenta (Liberal)
- Baena López Carlos Alberto (Mira)
- Delgado Blandón Cesar Tulio (Conservador)
- Ferro Solanilla Carlos Roberto (La U)
- Guevara Jorge Eliécer (Polo)
- López Maya Alexander (Polo)
- Olano Becerra Plinio -Presidente (La U)
- Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando (Conservador)
- Prieto Soto Eugenio (Liberal)
- Suárez Mira Olga Lucía (Conservador)
- Sudarsky Rosecubaumm John (Verde)
- Torrado García Efraín (La U)
Comisión sexta de la Cámara de Representantes
- Agudelo Zapata Ivan Darío (Liberal - Antioquia)
- Amaya Rodríguez Carlos Andrés (Verde - Boyacá)
- Arias Castillo Wilson Neber (Polo - Valle del Cauca)
- Barrera Gutiérrez Luis Guillermo (La U - Boyacá)
- Bonilla Soto Carlos Julio (Liberal - Cauca)
- Caicedo Sastoque José Edilberto (La U - Cundinamarca)
- Giraldo Arboleda Atilano Alonso (Cambio Radical - Quindío)
- Gómez Velásquez Wilson Hernando (La U - Bogotá)
- Londoño Jaramillo Juana Carolina (Conservador - Caldas)
- Naranjo Escobar Diego Alberto (Conservador - Risaralda)
- Ortega Samboni Jairo (La U - Valle del Cauca)
- Patiño Amariles Diego - Presidente- (Liberal - Risaralda)
- Quintero Trujillo Jairo (La U - Caldas)
- Rodríguez Pinzon Ciro Antonio (Conservador - Norte de Santander)
- Roldán Avendaño Jhon Jairo (Liberal - Antioquia)
- Tavera Amado Didier Alberto (PIN - Santander)
- Vásquez Villanueva Silvio (Conservador - Huila)
- Yepes Martínez Jaime Armando - Vicepresidente- (La U - Tolima)

miércoles, 13 de abril de 2011

"Seguimos reiterando que no somos terroristas ni guerrilleros, dejamos en cabeza del Gobierno y del Estado colombiano la responsabilidad exclusiva de lo que pudiera acontecer con nuestras vidas"

Debido a las afirmaciones temerarias e irresponsables del pasado miércoles 6 de abril por parte del señor Felipe Muñoz, actual director del DAS, las organizaciones abajo firmantes, como integrantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) queremos informar a la sociedad en general los siguientes aspectos:
1. Es de conocimiento público que desde la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y bajo la administración del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, se trazo una política criminal para eliminar, neutralizar, y obstaculizar la labor de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, magistrados de las cortes, profesores universitarios, políticos de oposición, y periodistas.
2. Condenas como la del ex rector de la Universidad de Córdoba Víctor Hugo Hernández a 35 años de prisión, la destitución por 20 años al ex gobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar, y el revelado pacto del “Plan Pistola o Plan Bala” en nuestra universidad, demuestran que lo que en realidad hay al interior de la universidades son funcionarios públicos que han promocionado, y apoyado a los grupos paramilitares como las AUC.
3. La normalidad en la reciente movilización del día jueves 7 de abril desmiente las declaraciones de guerra que hizo un día antes el señor Felipe Muñoz, el cual está hoy vinculado a procesos disciplinarios y penales por su responsabilidad directa en el tema de las CHUZADAS.
4. El gobierno nacional mantiene un doble discurso, el postizo utilizado en escenarios como la Comisión Interamericana CIDH; es decir las “supuestas garantías” para sindicalistas y defensores de Derechos Humanos, y el verdadero como es la criminalización de la protesta, la estigmatización, los señalamientos, y judicializaciones a líderes sociales y activistas de los Derechos Humanos.
5. Seguimos reiterando que no somos terroristas ni guerrilleros, y dejamos en cabeza del Gobierno y del Estado colombiano la responsabilidad exclusiva de lo que pudiera acontecer con nuestras vidas, y con la de cualquiera de nuestros familiares.

SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA (SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA BUCARAMANGA), ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU (UIS), ASOCIACION PADRES DE FAMILIA UIS (ASDEHUIS), CORPORACIÓN PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA UIS (CHRISTIAN ROA), FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (FEU), DELEGADOS UNIVERSITARIOS MESA TERRITORIAL DE GARANTÍAS, OBSERVATORIO ESUDIANTIL “DLOEA”, COLECTIVO INFORMATIVO SUSURRO.
CAMPUS UNIVERSITARIO, CRA 27 CALLE 9ª BUCARAMANGA, ABRIL 12 DE 2011

Las marrullerías de la ministra de educación María Fernanda Campo

copia: prensa rural
Miles y miles de estudiantes universitarios desfilaron en casi todas las capitales del país, constituyendo el más nutrido y entusiasta destacamento de la movilización del 7 de abril, en la que también participaron masivamente los educadores, los operarios de la ETB y otras organizaciones que enfrentan la agresiva política de despojar a la gente de los derechos y de rematar los bienes de la Nación. Con valor, la juventud colmó calles y plazas para denunciar que Juan Manuel Santos y María Fernanda Campo, cumpliendo las órdenes de los organismos multilaterales, quieren arrebatarle las ya escasas posibilidades de acceder a la educación superior, a la que se proponen convertir en un mero negocio desprovisto de cualquier nivel científico y de toda libertad. En conjunto con las protestas habidas la semana anterior en varios establecimientos, esta marcha logró poner en el debate público las desastrosas consecuencias que acarreará el proyecto de reforma oficial y dar a conocer precario estado de la educación superior, en particular el de las universidades estatales. Los rectores y profesores también han contribuido con sus críticas y análisis y lo propio han hecho los trabajadores. El rechazo ha crecido a tal punto que hasta en las encuestas de televisión y prensa la condena a la embestida privatizadora es contundente.
La ministra, puesta en evidencia, corre de un medio de comunicación a otro, de una región cercana a otra distante, a fin de aparentar que debate el tema, y, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de los publicistas y asesores de imagen, mira a la cámara, sonríe, como puede, y recita estribillos que pregonan de su paquete legislativo virtudes que el articulado niega. Busca cubrir las infamias de su producto con una estrategia de marketing, en lo que constituye una verdadera burla a la opinión nacional, pues ella tiene ya sus metas trazadas y sólo tomará de lo que los demás digan unas cuantas frases, sin alterar el fondo.
Se presenta como la abanderada de la reforma de la Ley 30 de 1992, —objeto de repudio de la comunidad universitaria— cuando, si bien le introduce modificaciones, estas están encaminadas a consolidar las líneas directrices de dicha Ley, que consisten, entre otros aspectos nocivos, en congelar los recursos de las universidades públicas, amarrándolos al Índice de precios al Consumidor, IPC, política que se mantiene al pie de la letra en el mamotreto santista.
Muchas de las razones que aduce la señora Campo demuestran la inconveniencia de lo que pretende imponer. Alega, por ejemplo, que cuando se promulgó la Ley 30 no había Internet, que hoy se necesita una mayor formación y argumenta que es necesario modernizar la enseñanza. De lo cual se concluiría con facilidad que el Estado debe incrementar drásticamente sus transferencias a las instituciones públicas y que lo primero que debería derogarse es, precisamente, el artículo 86 de la disposición de hace 18 años, que la ministra lo mantiene ahora como artículo 103.
Las consecuencias de dicho artículo han sido nocivas en extremo. Los aportes de la Nación constituían antes del año 1990 el 95% de los ingresos de las universidades, en tanto que hoy representan menos del 55%; el 45% restante, 1,8 billones de pesos, tienen que conseguirlo mediante las alzas de matrículas, la venta de servicios y demás actividades propias de un ente privado. Esa es una importante razón de que la cobertura, supuesta bandera de los neoliberales Uribe y Santos, haya reducido su ritmo, pues, mientras que en el lapso de 1958-1979 creció un promedio de 14,1%, en 2002-2009 sólo lo hizo en 6,7% (Ver), si se acepta la manipulación de las cifras que hizo el gobierno de Uribe, quien sumó los estudiantes del SENA a la educación superior, con lo que “aumentó” la matrícula en un 47%. (Ver)
La funcionaria del régimen de la Unidad Nacional nos dice que el año anterior se graduaron más de seiscientos mil bachilleres y que apenas ingresó la mitad a las universidades y añade que hay más de tres millones doscientos mil jóvenes entre 17 y 27 años que nunca han entrado o que han desertado de las aulas (Ver entrevista), azote este último que alcanza al 48% de los educandos. Estos guarismos encuentran su explicación en la miseria de la gente y en la política de hacer comercio con la enseñanza. A esa multitud de muchachos colombianos el Estado les ha negado la oportunidad de obtener un cupo, pues al congelar los aportes ha restringido las posibilidades de quienes no tienen los recursos para acceder a una institución privada o no pueden pagar las matrículas incrementadas en las públicas. ¡Cómo no va a haber una deserción enorme, si con las políticas de apertura el bienestar estudiantil quedó reducido a escombros y la penuria obliga a miles a abandonar los claustros y a dedicarse al rebusque! Dichas cifras no prueban que haya que privatizar y debilitar los establecimientos públicos aún más, sino lo contrario: que se precisa cambiar la dirección del Estado para que, en vez de destinar los dineros de los impuestos a engordar a los monopolios, se dediquen a solventar las necesidades del pueblo y del progreso del país. Pretende Fernanda Campo darle al paciente como cura la pócima que lo tiene agonizante.
Contra toda evidencia, la ministra asevera que a las instituciones de educación superior, IES, públicas les van a llegar recursos como nunca antes y que se van a fortalecer. Pero, como ya se dijo arriba, el artículo 103 establece que los aportes de la Nación sólo se ajustarán de conformidad con el IPC, es decir, se mantendrán congelados. Esto ocurre cuando el Estado les transfiere anualmente a las 32 IES públicas apenas la suma de 2,2 billones de pesos, 1/67 del presupuesto, mientras que para el Ministerio de Defensa destina 10 billones y para la Policía 6 billones, lo que, hecha la adición, representa ocho veces más que todo lo que se gira al sistema de educación superior. Incluso el Instituto Nacional Penitenciario percibe más de un billón de pesos, la mitad de lo que le corresponde al Sistema Universitario Estatal, SUE. Por su parte, la deuda devora más de 37 billones, casi un tercio de todo el presupuesto nacional y 18 veces lo que reciben las universidades del Estado. No cabe duda de que estos datos desvelan los intereses de clase predominantes el un país.
Con sumas tan irrisorias, el gobierno conversa de aumentar la cobertura, mejorar la calidad, desarrollar la investigación, siendo que mantiene a la universidad pública como otra de las cenicientas, junto con la salud y el resto del sistema educativo.
La jefe de la cartera de Educación perora que no pretende asolar las instituciones estales de enseñanza superior y, como prueba, se refiere al artículo 106, que reza que la Nación aumentará los aportes a partir del 2012 en 1%, en 2013 en 2% y en 2014 y hasta el 2019 en 3%. Al tomar como base los 2,2 billones de 2011, se tiene que hasta el 2014 “el incremento” por ese concepto no alcanzará los 134 mil millones de pesos, un poco más de lo que se le entrega al tristemente célebre Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El Ministerio ha polemizado con base en unas cifras, muy seguramente sesgadas; por ejemplo, sostiene que: “La reforma permitirá que lleguen recursos adicionales al sector por valor de 2,4 billones de pesos, de los cuales el 50 por ciento es de origen público y el otro 50 por ciento provendrá del sector privado.” ¿Cómo puede asegurar que las empresas van a invertir en ese lapso 1,2 billones de pesos? En cuanto a la inversión pública, que estima en una suma igual, de la que unos 410 mil millones se asignarían a las universidades —apenas la mitad de los 700 mil millones del rezago actual— tampoco son seguros, pues una parte depende del crecimiento del PIB, que nadie sabe cuál será y que si se toma el promedio de los últimos diez años, por ese concepto los giros a las universidades se incrementarían apenas en 1,5% anual. De manera que las propias cifras oficiales son deleznables y se inflan solo para hacer atractivo el proyecto privatizador.
Pero aun tomando las proyecciones muy discutibles del MEN, el rector Wasserman señala: “En la propuesta que discutimos en Colombia, el Ministerio plantea —para financiar un crecimiento del 37% de los cupos y mejorar la calidad— la suma de 1,2 billones de pesos públicos y otro tanto de privados… Las dos cantidades corresponden apenas a un aumento de 15,8%, menos de la mitad de la meta de cupos. Dentro de esa suma, a las universidades públicas se les asignan 410.000 millones de pesos. Si estos se invirtieran exclusivamente en financiar nuevos cupos, ni un centavo para nada diferente, apenas lograría al costo actual 25.000 estudiantes nuevos durante los cuatro años. Compárese eso con la meta de 605.000 nuevos cupos de pregrado y 40.000 de posgrado.”
Está bien claro, el repicar sobre la cobertura no es más que un pretexto para propiciar la puesta en venta de todo el sistema universitario. Pero a la doctora Campo nada de lo que se argumenta y prueba la detiene, repite: “a las universidades públicas les van a llegar recursos como nunca antes", se refiere a sumas claramente insuficientes y que, además, se girarían sobre la base de aumentar cupos y de cumplir otros requisitos que implicarán nuevas y cuantiosas erogaciones que las universidades públicas no están en condiciones de hacer.
Veamos otro ejemplo de la falta de seriedad con la que la ministra aborda el tema. En entrevista con la revista Semana a la pregunta: -“Las cifras que tiene el Gobierno no parecen ser iguales a las que manejan las públicas. El rector de la Universidad Nacional dice que hace diez años invertía por estudiante lo mismo que la Universidad de los Andes, pero ahora es la tercera parte...”
Responde: “Esos son las estadísticas de la Universidad Nacional. Nosotros estamos mirando el sector en conjunto.” De esta manera olímpica la ministra elude tratar un hecho tan grave y que, a no dudar, incide en la calidad de la enseñanza, que ella proclama como uno de sus objetivos.
Pero si la situación de la UN, la más importante del país, es calamitosa, al “hablar del sector en su conjunto”, el panorama es todavía peor: el aporte promedio de la Nación por estudiante, según el MEN, es apenas de tres y medio millones de pesos y algunas instituciones reciben sumas verdaderamente ridículas, como la Distrital, con 460 mil pesos, o la de Cundinamarca con 863 mil pesos.[2]
En un gesto de arrogancia, agrega la señora Campo que “Con los recursos de esos puntos adicionales del IPC y PIB se hace una bolsa y eso se entrega por indicadores. Hoy se le giran a las universidades 22 billones de pesos [la cifra es 2,2, suponemos que se trata de un error de la revista Semana], entonces, para el año entrante, se les gira el IPC más el 1% adicional. Es una discusión fuerte. La plata tendrán que ganársela.”
Estos burócratas, sintiéndose dueños de los dineros públicos, someten a la condición de mendigos a quienes deberían estar entre los primeros beneficiarios de los impuestos que pagan los colombianos: los jóvenes estudiosos.
Otra de las trapisondas se refiere a los créditos del Icetex. En vez de cafeterías y residencias estudiantiles, el educando recibirá créditos para parte de su manutención, que habrá de cancelar una vez haya concluido sus estudios. La funcionaria asegura que dichos empréstitos tendrán una tasa de interés igual a cero; oculta que, según el articulado, esto solo se cumplirá mientras se esté cursando la carrera (art 120) y que, una vez concluida o suspendida, los intereses empezarán a correr. Proliferarán los desertores endeudados y los que lleguen a obtener el diploma pasarán muchos años abonando al Icetex, sin poder continuar los estudios de postgrado, algo que ya ocurre pero que se generalizará. También jura que el valor de las matrículas no se incrementará, cuando es claro que sea crea un clima para alzas abruptas y así lo prevé el articulado cuando da cabida a las subidas por encima de la inflación. (Art. 100).
Basta por el momento insistir en que el régimen de la Prosperidad Democrática se propone aprobar a toda costa su complot mercantilista contra la educación y que no hay proyectos de ley ni referendos que puedan frenarlo. La victoria de los defensores de la enseñanza y del progreso será fruto únicamente de la más amplia lucha de toda la comunidad universitaria: Notas Obreras se atreve a sugerir que se prepare con esmero un paro nacional indefinido de todas las universidades públicas, batalla que debe iniciarse a tiempo, para que no se convierta en una mera jornada de protesta en la víspera de la aprobación de la ley más lesiva de la historia de la educación pública superior. La jornada del 7 de abril mostró que las condiciones evolucionan favorablemente para una tarea de esta envergadura.
La defensa de la universidad pública debe ser un empeño de todos los colombianos que no están comprometidos con los intereses mezquinos de los financistas internacionales.
[1] El Tiempo, 10 de abril de 2011, Aportes de la Nación por estudiante a las universidades públicas, pág. 3

martes, 12 de abril de 2011

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“Nuestra vida puede estar en riesgo”

La semana pasada el director del DAS, Felipe Muñoz, señaló tras una reunión con medios de comunicación que desde una plataforma denominada ‘Encapucharte’ el partido comunista clandestino, PC3, y el Movimiento Bolivariano Nueva Colombia, creado por las Farc, coordinan esa infiltración que, al mismo tiempo, es cada vez más sofisticada.

Para la comunidad estudiantil, lo que Muñoz denominó una alerta del proselitismo político de las guerrillas no es sólo una "criminalización" de la protesta estudiantil, sino una forma de desviar la atención a la grave situación de amenazas que se vive, particularmente, en la UIS.

Para Oscary Ávila, delegado universitario en la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos y miembro de la comisión permanente de Derechos Humanos ‘Christian Roa’ de la UIS, el anuncio de Muñoz pone "nuevamente en riesgo en nuestras vidas".

"Hay que recordar que enero del 2007 el gobierno tomó la misma postura y esas declaraciones sirvieron para que grupos ilegales declararan objetivo militar a muchas personas. Creemos que eso va a ser un aliento para que hoy las llamadas bacrim intenten incursionar a los campus universitarios tratando de hacer las operaciones limpieza", afirmó.

A pesar de que la última amenaza a estudiantes, profesores e integrantes del sindicato de trabajadores de la Universidad se presentó el pasado 26 de enero y que esta situación ya fue alertada en febrero pasado durante un encuentro de la Mesa Nacional de Garantías con las autoridades en Bogotá, los estudiantes planean entregar nueva documentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la fiscal Morales.

"Lo que sorprende es que el Estado se comprometió a evitar todo tipo de declaraciones que inciten al hostigamiento y criminalicen la labor de los defensores de derechos humanos", señala Ávila.

Otro de los compromisos acordados fue hacer una comisión de seguimiento a las 7 investigaciones que cursan en la Fiscalía sobre las amenazas paramilitares en la UIS.

Reflexiones sobre la movilización nacional del 7 de abril

por:Leonardo León
Cientos de miles de ciudadanos se movilizaron el pasado 7 de abril por múltiples razones, en especial por el pliego nacional de FECODE y en oposición a la reforma a la educación superior, pero todas ellas se pueden resumir en que la gente marchó contra las políticas neoliberales del señor Juan Manuel Santos Calderón planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y sus “cinco locomotoras” que van hacia la continuación del atraso y el aumento de la riqueza de unos pocos.

Amenazan a líderes de desplazados en Bolívar

Un “abril rojo” para líderes de desplazados, para miembros de organizaciones que defienden los derechos humanos, mujeres y afrodescendientes. Eso advierte la amenaza que llegó al correo del director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Bolívar, Arturo Zea.

El lunes en la tarde llegó ese mensaje, firmado por el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac). Zea dice que la población desplazada en esa región es una de las más grandes del país, 240 mil en Bolívar.

“Mensajes como el que recibí van dirigidos a líderes de desplazados y buscan intimidar, evitar que avancen procesos como el de restitución de tierras. Las bacrim han tomado fuerza, intentan dominar barrios”, advierte Zea.

Las amenazas despertaron la atención de las autoridades en Cartagena que convocaron, de manera extraordinaria, a una mesa de prevención y protección de desplazamiento para analizar la situación en la que se encuentran las organizaciones de víctimas asentadas en la capital de Bolívar y adoptar las medidas que permitan garantizar seguridad.

Noemí Torres, presidenta de la Asociación de Desplazados de Cartagena (Asodescar), dice que la situación para las casi 16 organizaciones de desplazados, mixtas y de mujeres, algunas con incidencia en el resto del país, es grave. Por eso exigen que se pongan en marcha medidas efectivas. “No tenemos ninguna protección, no tenemos un esquema de seguridad”, señala la mujer, quien además asegura que en Cartagena “muchos casos de amenazas, que se han vuelto realidad han quedado impunes”.

Líderes como Torres advierten que aunque las autoridades locales han prestado atención a sus denuncias, no pasa lo mismo con el gobierno nacional. Es por eso que ratifican la solicitud al Ministerio del Interior y de Justicia para que a través del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) en forma conjunta con el Distrito de Cartagena y la Gobernación de Bolívar se articulen las estrategias y medidas de protección que garanticen los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sociales amenazadas.

Por las tierras
El reciente panfleto que llegó a manos de la comunidad hace fuertes advertencias a quienes insisten en los procesos de restitución de tierras. En el comité sectorial de seguridad y convivencia, que coordina políticas de seguridad entre la alcaldía y los entes de seguridad, se habló de las amenazas de las que están siendo víctimas los desplazados.

Líderes de esas organizaciones denunciaron que detrás de las amenazas hay intereses sobre las tierras, que buscan presionarlos para que autoricen la venta masiva de algunos terrenos. A uno de los líderes le sorprende el hecho de que las amenazas estén firmadas por miembros del Erpac, sin embargo, recuerda que a los comités y foros de tierras últimamente “llega gente que no tiene nada qué ver”, se refiere a personas que de un momento a otro empezaron a interesarse por el tema de tierras, que no saben quiénes son ni de dónde llegan.

Otro líder, representante de uno de los barrios más populares de la ciudad, asegura que las amenazas son también por cuestiones políticas, por sus luchas, más allá de la recuperación de las tierras. “Quieren sacarnos de nuestro barrio y lo que hacemos es intentar sacar comunidad adelante”.

Las mujeres, quienes hacen seguimiento al auto 092, que se refiere a la protección de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento, también se sienten solas. Señalan que no tienen esquema de seguridad y recuerdan que de los trece programas que manda el auto 092 sólo se ha avanzado en dos y con limitaciones, producto del temor.

martes, 5 de abril de 2011

Acción Urgente, se agrava la situación de Derechos Humanos en la Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia.

La universidad de Antioquia en su historia ha sido escenario de violaciones permanentes a los derechos humanos, y en los dos últimos años esta situación se ha agudizado dejando como consecuencias amenazas de muerte (06 Marzo de 2009 y 10 de Marzo 2011), asesinato al interior de la universidad de un ex-alumno de derecho en marzo 2009, asesinato del estudiante Carlos Andrés Valencia de la Facultad de Ciencias Agrarias, baleado el 14 de Marzo de 2011, y falleció el día 19 Marzo, y un permanente señalamiento y estigmatización por parte de las directivas universitarias a los estudiantes que se organizan y realizan procesos asamblearios, de debate y opinión al interior del campus universitario. Es de resaltar que la Universidad se encuentra militarizada desde el 10 de Febrero de 2005 con presencia permanente de agentes de la policía nacional y desde el 15 de Septiembre de 2010 del Escuadrón Móvil Antidisturbios, a su vez se han presentado permanentes agresiones hacía la comunidad universitaria por parte de integrantes de la empresa de seguridad privada ATEMPI, como lo puede constatar la personería de Medellín.
El día 31 de Marzo de 2011, posterior a la culminación de una asamblea general estudiantil, la cual había probado un mitin pacífico por la universidad, se presenta un hecho aislado, donde un grupo de estudiantes encapuchados hizo presencia en la portería Barranquilla, posterior a ello se da una desproporcionada arremetida del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios-adscrito a la policía nacional) que en ningún momento busco generar alguna distinción entre los manifestantes y la comunidad universitaria, donde primero se tomaron las porterías, dieron ingreso a las tanquetas, y posterior a ello cierran la universidad y empieza una embestida de gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y piedras contra los estudiantes que en ese momento se concentraban en la plazoleta Luis Fernando Barrientos, además con la utilización de tanquetas blindadas, en ocasiones estuvieron a punto de atropellar algunos estudiantes.  Ni la intermediación de la personería de Medellín logró calmar los ánimos del ESMAD, que durante más de cuatro horas estuvieron presente en el alma mater y continuaron con la represión a las afueras de la universidad en las calles aledañas, persiguiendo a cualquier transeúnte que se detuviera a observar la situación que ese momento ocurría.

sábado, 2 de abril de 2011

Todo listo para la movilizaci​ón de protesta del 7 de abril en Colombia

A las fuertes protestas de los sectores universitarios colombianos ante las políticas neoliberales de privatización de las universidades públicas, se suman los conflictos y protestas de sindicatos y agremiaciones en el país por el abandono oficial a las familias damnificadas por la ola invernal y la falta de previsión de autoridades, el alza en los combustibles y la pauperización laboral de millones de hombres y mujeres en Colombia. La central Unitaria de Trabajadores CUT, junto al Polo Democrático Alternativo y las organizaciones estudiantiles, profesores y trabajadores han convocado para el próximo 7 de abril a la realización de la jornada nacional de protesta contra el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento oficial que arremete contra derechos sociales e impone lesivos recortes presupuestales en salud y educación.
Los principales puntos que levantan los sectores populares en Colombia destacamos el rechazo al neoliberal Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Legislativa del gobierno de Juan Manuel Santos; Condena al favorecimiento gubernamental a las multinacionales en los sectores minero-energético; agrícola y del comercio que se apoderan de nuestros recursos naturales y del trabajo nacional; Actitud firme contra la privatización de la educación pública y la apertura de la educación a las universidades extranjeras con fines de lucro. También denuncian la escandalosa corrupción cometida por las EPS y la catástrofe en la salud pública por la Ley 100; entre otras consignas.
La CUT, la Gran Coalición Democrática y los distintos espacios y procesos de unidad popular convocan a todo el pueblo colombiano a participar en las concentraciones y movilizaciones en todas las ciudades capitales del país. En Bogotá la concentración será a partir de las 10 de la mañana frente a la Plaza de toros desde donde partirá la movilización por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolivar.
Los voceros de la protestas social en Colombia ratificaron la convocatoria popular y se mostraron inconformes frente a los planteamientos de las autoridades, desde el presidente Juan Manuel Santos, el general naranjo y la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, que estigmatizan y hacen señalamientos inadecuados a los organizadores de las protestas sociales. Especialmente frente a las últimas movilizaciones que han protagonizado los estudiantes de las universidades públicas en diferentes ciudades del país.

Ex rector de la Universidad del Atlántico habría colaborado con paramilitares

 El desmovilizado paramilitar Carlos Romero Cuartas, alias Montería denunció ante la Fiscalía 12 de la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla la presunta colaboración del ex rector de la Universidad del Atlántico Ubaldo Enrique Meza Ricardo en asesinatos de estudiantes de ese centro universitario.
Según Romero Cuartas el ex rector de la Uniatlántico habría facilitado que los paramilitares infiltraran entre los estudiantes a integrantes de las autodefensas.

Esos ajusticiamientos de estudiantes se dieron entre los años 1.997 y 2001 cuando Ubaldo Meza se desempeñó como rector de Uniatlántico.

Alias Montería llegó a ser comandante urbano de las autodefensas en la ciudad de Barranquilla.
De acuerdo con la versión del ex paramilitar, Meza habría facilitado nombres de estudiantes que supuestamente eran milicianos de la guerrilla.