La semana pasada el director del DAS, Felipe Muñoz, señaló tras una reunión con medios de comunicación que desde una plataforma denominada ‘Encapucharte’ el partido comunista clandestino, PC3, y el Movimiento Bolivariano Nueva Colombia, creado por las Farc, coordinan esa infiltración que, al mismo tiempo, es cada vez más sofisticada.
Para la comunidad estudiantil, lo que Muñoz denominó una alerta del proselitismo político de las guerrillas no es sólo una "criminalización" de la protesta estudiantil, sino una forma de desviar la atención a la grave situación de amenazas que se vive, particularmente, en la UIS.
Para Oscary Ávila, delegado universitario en la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos y miembro de la comisión permanente de Derechos Humanos ‘Christian Roa’ de la UIS, el anuncio de Muñoz pone "nuevamente en riesgo en nuestras vidas".
"Hay que recordar que enero del 2007 el gobierno tomó la misma postura y esas declaraciones sirvieron para que grupos ilegales declararan objetivo militar a muchas personas. Creemos que eso va a ser un aliento para que hoy las llamadas bacrim intenten incursionar a los campus universitarios tratando de hacer las operaciones limpieza", afirmó.
A pesar de que la última amenaza a estudiantes, profesores e integrantes del sindicato de trabajadores de la Universidad se presentó el pasado 26 de enero y que esta situación ya fue alertada en febrero pasado durante un encuentro de la Mesa Nacional de Garantías con las autoridades en Bogotá, los estudiantes planean entregar nueva documentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la fiscal Morales.
"Lo que sorprende es que el Estado se comprometió a evitar todo tipo de declaraciones que inciten al hostigamiento y criminalicen la labor de los defensores de derechos humanos", señala Ávila.
Otro de los compromisos acordados fue hacer una comisión de seguimiento a las 7 investigaciones que cursan en la Fiscalía sobre las amenazas paramilitares en la UIS.
martes, 12 de abril de 2011
Reflexiones sobre la movilización nacional del 7 de abril
por:
Cientos de miles de ciudadanos se movilizaron el pasado 7 de abril por múltiples razones, en especial por el pliego nacional de FECODE y en oposición a la reforma a la educación superior, pero todas ellas se pueden resumir en que la gente marchó contra las políticas neoliberales del señor Juan Manuel Santos Calderón planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y sus “cinco locomotoras” que van hacia la continuación del atraso y el aumento de la riqueza de unos pocos.
Cientos de miles de ciudadanos se movilizaron el pasado 7 de abril por múltiples razones, en especial por el pliego nacional de FECODE y en oposición a la reforma a la educación superior, pero todas ellas se pueden resumir en que la gente marchó contra las políticas neoliberales del señor Juan Manuel Santos Calderón planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y sus “cinco locomotoras” que van hacia la continuación del atraso y el aumento de la riqueza de unos pocos.
Amenazan a líderes de desplazados en Bolívar
Un “abril rojo” para líderes de desplazados, para miembros de organizaciones que defienden los derechos humanos, mujeres y afrodescendientes. Eso advierte la amenaza que llegó al correo del director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Bolívar, Arturo Zea.
El lunes en la tarde llegó ese mensaje, firmado por el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac). Zea dice que la población desplazada en esa región es una de las más grandes del país, 240 mil en Bolívar.
“Mensajes como el que recibí van dirigidos a líderes de desplazados y buscan intimidar, evitar que avancen procesos como el de restitución de tierras. Las bacrim han tomado fuerza, intentan dominar barrios”, advierte Zea.
Las amenazas despertaron la atención de las autoridades en Cartagena que convocaron, de manera extraordinaria, a una mesa de prevención y protección de desplazamiento para analizar la situación en la que se encuentran las organizaciones de víctimas asentadas en la capital de Bolívar y adoptar las medidas que permitan garantizar seguridad.
Noemí Torres, presidenta de la Asociación de Desplazados de Cartagena (Asodescar), dice que la situación para las casi 16 organizaciones de desplazados, mixtas y de mujeres, algunas con incidencia en el resto del país, es grave. Por eso exigen que se pongan en marcha medidas efectivas. “No tenemos ninguna protección, no tenemos un esquema de seguridad”, señala la mujer, quien además asegura que en Cartagena “muchos casos de amenazas, que se han vuelto realidad han quedado impunes”.
Líderes como Torres advierten que aunque las autoridades locales han prestado atención a sus denuncias, no pasa lo mismo con el gobierno nacional. Es por eso que ratifican la solicitud al Ministerio del Interior y de Justicia para que a través del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) en forma conjunta con el Distrito de Cartagena y la Gobernación de Bolívar se articulen las estrategias y medidas de protección que garanticen los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sociales amenazadas.
Por las tierras
El reciente panfleto que llegó a manos de la comunidad hace fuertes advertencias a quienes insisten en los procesos de restitución de tierras. En el comité sectorial de seguridad y convivencia, que coordina políticas de seguridad entre la alcaldía y los entes de seguridad, se habló de las amenazas de las que están siendo víctimas los desplazados.
Líderes de esas organizaciones denunciaron que detrás de las amenazas hay intereses sobre las tierras, que buscan presionarlos para que autoricen la venta masiva de algunos terrenos. A uno de los líderes le sorprende el hecho de que las amenazas estén firmadas por miembros del Erpac, sin embargo, recuerda que a los comités y foros de tierras últimamente “llega gente que no tiene nada qué ver”, se refiere a personas que de un momento a otro empezaron a interesarse por el tema de tierras, que no saben quiénes son ni de dónde llegan.
Otro líder, representante de uno de los barrios más populares de la ciudad, asegura que las amenazas son también por cuestiones políticas, por sus luchas, más allá de la recuperación de las tierras. “Quieren sacarnos de nuestro barrio y lo que hacemos es intentar sacar comunidad adelante”.
Las mujeres, quienes hacen seguimiento al auto 092, que se refiere a la protección de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento, también se sienten solas. Señalan que no tienen esquema de seguridad y recuerdan que de los trece programas que manda el auto 092 sólo se ha avanzado en dos y con limitaciones, producto del temor.
El lunes en la tarde llegó ese mensaje, firmado por el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac). Zea dice que la población desplazada en esa región es una de las más grandes del país, 240 mil en Bolívar.
“Mensajes como el que recibí van dirigidos a líderes de desplazados y buscan intimidar, evitar que avancen procesos como el de restitución de tierras. Las bacrim han tomado fuerza, intentan dominar barrios”, advierte Zea.
Las amenazas despertaron la atención de las autoridades en Cartagena que convocaron, de manera extraordinaria, a una mesa de prevención y protección de desplazamiento para analizar la situación en la que se encuentran las organizaciones de víctimas asentadas en la capital de Bolívar y adoptar las medidas que permitan garantizar seguridad.
Noemí Torres, presidenta de la Asociación de Desplazados de Cartagena (Asodescar), dice que la situación para las casi 16 organizaciones de desplazados, mixtas y de mujeres, algunas con incidencia en el resto del país, es grave. Por eso exigen que se pongan en marcha medidas efectivas. “No tenemos ninguna protección, no tenemos un esquema de seguridad”, señala la mujer, quien además asegura que en Cartagena “muchos casos de amenazas, que se han vuelto realidad han quedado impunes”.
Líderes como Torres advierten que aunque las autoridades locales han prestado atención a sus denuncias, no pasa lo mismo con el gobierno nacional. Es por eso que ratifican la solicitud al Ministerio del Interior y de Justicia para que a través del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) en forma conjunta con el Distrito de Cartagena y la Gobernación de Bolívar se articulen las estrategias y medidas de protección que garanticen los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sociales amenazadas.
Por las tierras
El reciente panfleto que llegó a manos de la comunidad hace fuertes advertencias a quienes insisten en los procesos de restitución de tierras. En el comité sectorial de seguridad y convivencia, que coordina políticas de seguridad entre la alcaldía y los entes de seguridad, se habló de las amenazas de las que están siendo víctimas los desplazados.
Líderes de esas organizaciones denunciaron que detrás de las amenazas hay intereses sobre las tierras, que buscan presionarlos para que autoricen la venta masiva de algunos terrenos. A uno de los líderes le sorprende el hecho de que las amenazas estén firmadas por miembros del Erpac, sin embargo, recuerda que a los comités y foros de tierras últimamente “llega gente que no tiene nada qué ver”, se refiere a personas que de un momento a otro empezaron a interesarse por el tema de tierras, que no saben quiénes son ni de dónde llegan.
Otro líder, representante de uno de los barrios más populares de la ciudad, asegura que las amenazas son también por cuestiones políticas, por sus luchas, más allá de la recuperación de las tierras. “Quieren sacarnos de nuestro barrio y lo que hacemos es intentar sacar comunidad adelante”.
Las mujeres, quienes hacen seguimiento al auto 092, que se refiere a la protección de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento, también se sienten solas. Señalan que no tienen esquema de seguridad y recuerdan que de los trece programas que manda el auto 092 sólo se ha avanzado en dos y con limitaciones, producto del temor.
martes, 5 de abril de 2011
Acción Urgente, se agrava la situación de Derechos Humanos en la Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia.
La universidad de Antioquia en su historia ha sido escenario de violaciones permanentes a los derechos humanos, y en los dos últimos años esta situación se ha agudizado dejando como consecuencias amenazas de muerte (06 Marzo de 2009 y 10 de Marzo 2011), asesinato al interior de la universidad de un ex-alumno de derecho en marzo 2009, asesinato del estudiante Carlos Andrés Valencia de la Facultad de Ciencias Agrarias, baleado el 14 de Marzo de 2011, y falleció el día 19 Marzo, y un permanente señalamiento y estigmatización por parte de las directivas universitarias a los estudiantes que se organizan y realizan procesos asamblearios, de debate y opinión al interior del campus universitario. Es de resaltar que la Universidad se encuentra militarizada desde el 10 de Febrero de 2005 con presencia permanente de agentes de la policía nacional y desde el 15 de Septiembre de 2010 del Escuadrón Móvil Antidisturbios, a su vez se han presentado permanentes agresiones hacía la comunidad universitaria por parte de integrantes de la empresa de seguridad privada ATEMPI, como lo puede constatar la personería de Medellín.
El día 31 de Marzo de 2011, posterior a la culminación de una asamblea general estudiantil, la cual había probado un mitin pacífico por la universidad, se presenta un hecho aislado, donde un grupo de estudiantes encapuchados hizo presencia en la portería Barranquilla, posterior a ello se da una desproporcionada arremetida del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios-adscrito a la policía nacional) que en ningún momento busco generar alguna distinción entre los manifestantes y la comunidad universitaria, donde primero se tomaron las porterías, dieron ingreso a las tanquetas, y posterior a ello cierran la universidad y empieza una embestida de gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y piedras contra los estudiantes que en ese momento se concentraban en la plazoleta Luis Fernando Barrientos, además con la utilización de tanquetas blindadas, en ocasiones estuvieron a punto de atropellar algunos estudiantes. Ni la intermediación de la personería de Medellín logró calmar los ánimos del ESMAD, que durante más de cuatro horas estuvieron presente en el alma mater y continuaron con la represión a las afueras de la universidad en las calles aledañas, persiguiendo a cualquier transeúnte que se detuviera a observar la situación que ese momento ocurría.
sábado, 2 de abril de 2011
Todo listo para la movilización de protesta del 7 de abril en Colombia
A las fuertes protestas de los sectores universitarios colombianos ante las políticas neoliberales de privatización de las universidades públicas, se suman los conflictos y protestas de sindicatos y agremiaciones en el país por el abandono oficial a las familias damnificadas por la ola invernal y la falta de previsión de autoridades, el alza en los combustibles y la pauperización laboral de millones de hombres y mujeres en Colombia. La central Unitaria de Trabajadores CUT, junto al Polo Democrático Alternativo y las organizaciones estudiantiles, profesores y trabajadores han convocado para el próximo 7 de abril a la realización de la jornada nacional de protesta contra el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento oficial que arremete contra derechos sociales e impone lesivos recortes presupuestales en salud y educación.
Los principales puntos que levantan los sectores populares en Colombia destacamos el rechazo al neoliberal Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Legislativa del gobierno de Juan Manuel Santos; Condena al favorecimiento gubernamental a las multinacionales en los sectores minero-energético; agrícola y del comercio que se apoderan de nuestros recursos naturales y del trabajo nacional; Actitud firme contra la privatización de la educación pública y la apertura de la educación a las universidades extranjeras con fines de lucro. También denuncian la escandalosa corrupción cometida por las EPS y la catástrofe en la salud pública por la Ley 100; entre otras consignas.
La CUT, la Gran Coalición Democrática y los distintos espacios y procesos de unidad popular convocan a todo el pueblo colombiano a participar en las concentraciones y movilizaciones en todas las ciudades capitales del país. En Bogotá la concentración será a partir de las 10 de la mañana frente a la Plaza de toros desde donde partirá la movilización por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolivar.
Los voceros de la protestas social en Colombia ratificaron la convocatoria popular y se mostraron inconformes frente a los planteamientos de las autoridades, desde el presidente Juan Manuel Santos, el general naranjo y la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, que estigmatizan y hacen señalamientos inadecuados a los organizadores de las protestas sociales. Especialmente frente a las últimas movilizaciones que han protagonizado los estudiantes de las universidades públicas en diferentes ciudades del país.
Los principales puntos que levantan los sectores populares en Colombia destacamos el rechazo al neoliberal Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Legislativa del gobierno de Juan Manuel Santos; Condena al favorecimiento gubernamental a las multinacionales en los sectores minero-energético; agrícola y del comercio que se apoderan de nuestros recursos naturales y del trabajo nacional; Actitud firme contra la privatización de la educación pública y la apertura de la educación a las universidades extranjeras con fines de lucro. También denuncian la escandalosa corrupción cometida por las EPS y la catástrofe en la salud pública por la Ley 100; entre otras consignas.
La CUT, la Gran Coalición Democrática y los distintos espacios y procesos de unidad popular convocan a todo el pueblo colombiano a participar en las concentraciones y movilizaciones en todas las ciudades capitales del país. En Bogotá la concentración será a partir de las 10 de la mañana frente a la Plaza de toros desde donde partirá la movilización por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolivar.
Los voceros de la protestas social en Colombia ratificaron la convocatoria popular y se mostraron inconformes frente a los planteamientos de las autoridades, desde el presidente Juan Manuel Santos, el general naranjo y la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, que estigmatizan y hacen señalamientos inadecuados a los organizadores de las protestas sociales. Especialmente frente a las últimas movilizaciones que han protagonizado los estudiantes de las universidades públicas en diferentes ciudades del país.
Ex rector de la Universidad del Atlántico habría colaborado con paramilitares
El desmovilizado paramilitar Carlos Romero Cuartas, alias Montería denunció ante la Fiscalía 12 de la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla la presunta colaboración del ex rector de la Universidad del Atlántico Ubaldo Enrique Meza Ricardo en asesinatos de estudiantes de ese centro universitario.
Según Romero Cuartas el ex rector de la Uniatlántico habría facilitado que los paramilitares infiltraran entre los estudiantes a integrantes de las autodefensas.
Esos ajusticiamientos de estudiantes se dieron entre los años 1.997 y 2001 cuando Ubaldo Meza se desempeñó como rector de Uniatlántico.
Alias Montería llegó a ser comandante urbano de las autodefensas en la ciudad de Barranquilla.
De acuerdo con la versión del ex paramilitar, Meza habría facilitado nombres de estudiantes que supuestamente eran milicianos de la guerrilla.
Según Romero Cuartas el ex rector de la Uniatlántico habría facilitado que los paramilitares infiltraran entre los estudiantes a integrantes de las autodefensas.
Esos ajusticiamientos de estudiantes se dieron entre los años 1.997 y 2001 cuando Ubaldo Meza se desempeñó como rector de Uniatlántico.
Alias Montería llegó a ser comandante urbano de las autodefensas en la ciudad de Barranquilla.
De acuerdo con la versión del ex paramilitar, Meza habría facilitado nombres de estudiantes que supuestamente eran milicianos de la guerrilla.
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