El 30 de marzo pasado, a las seis de la tarde, Héctor Orozco y Gildardo García viajaban compartiendo moto por la carretera que va de La Marina a Chaparral, Tolima. Ambos jóvenes, de treinta y tantos años, con hijos pequeños, eran vecinos de veredas, los dos queridos porque hacían mucho por su gente desde la Acción Comunal. Orozco dirigía una asociación campesina. No debían temer. La zona estaba militarizada y en el cruce del Espíritu Santo siempre había soldados. De pronto, no se sabe quién, les dispararon. Ninguna autoridad llegó. Las esposas pasaron la noche protegiendo los cuerpos de los chulos. Solo hasta el día siguiente a las once de la mañana vino la Fiscalía a levantar el cadáver. Pistas de los asesinos, quedaban pocas.
El caso de William Álvarez, líder de derechos humanos de Carmen de Viboral, oriente antioqueño, asesinado una semana después, fue peor: tardaron más de tres días en hacer el levantamiento. Y en el de Éder Verbel, activista de una organización de víctimas de San Onofre, Sucre, la autoridad sí capturó a alias Begueta y alias Pólvora, a quienes la gente identificó como los sicarios. Pero, al final del día, misteriosamente, quedaron libres.
organizacion estudiantil que lucha por una verdadera democracia, defensa de los derechos humanos y una educación gratuita de calidad de todos y para todos
martes, 6 de septiembre de 2011
El Cortijo: ¿para las víctimas o para el papá de Mancuso?
Continúa la disputa de una finca que entregó Salvatore Mancuso para reparar a las víctimas. El papá del ex paramilitar asegura que es suya, mientras la Fiscalía la exige para reparar a las víctimas. La Corte Suprema decidirá.
| Salvatore Mancuso argumenta que El Cortijo no es suyo, pero así aparece registrado en Instrumentos Públicos. |
La disputa por El Cortijo ya lleva más de cinco años, pero volvió a los estrados judiciales en agosto de 2011. Después de pasar por varias instancias y cuando la Fiscalía esperaba un fallo a favor, una magistrada de Justicia y Paz en Bucaramanga los sorprendió con la decisión. Después de escuchar a las partes, le dio la razón al papá de Mancuso y anuló la medida de protección que había sobre El Cortijo. La Fiscalía apeló y el caso quedó de nuevo en suspenso mientras la Corte tome una decisión.
jueves, 18 de agosto de 2011
Acciones de universidades con ánimo de lucro que generan preocupación en USA
Los temores de algunos rectores sobre la posible llegada de IES con ánimo de lucro a Colombia se confirman cuando llegan noticias sobre los impactos que ha causado en Estados Unidos este modelo educativo por su calidad, responsabilidad social y violación de normas.
Por un lado, 1) el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hace unos días una demanda para recuperar 11 mil millones de dólares que, al parecer, no debieron haberse transferido por parte del gobierno a la institución “Education Management Corporation”, entre 2003 y 2011, por considerar que ésta (IES con ánimo de lucro) empleó prácticas fraudulentas para incrementar los registros de inscritos.; 2) El cuestionamiento que se ha hecho a estas IES por convertir la investigación en un negocio y no en un aporte social, olvidándose de la moral; 3) Según un estudio del Departameto de Educación de Estados Unidos, los estudiantes de universidades con ánimo de lucro son los más incumplidos con sus pagos y, por lo mismo, los de menor tasa de empleabilidad.
1) “Education Management Corporation” tiene sede en Pittsburgh, el 41% es de propiedad de Goldman Sachs, y cuenta con cerca de 150.000 estudiantes distribuidos en 105 escuelas que operan bajo cuatro denominaciones: Art Institute, Argosy University, Brown Mackie College y la Universidad del Sur.
En un comunicado, la empresa ha negado las acusaciones.
Desde 1986, el gobierno americano ha recuperado más 25 billones de dólares por falsas reclamaciones en sectores como las compañías farmacéuticas, la sobrefacturación en hospitales o en la defensa. Dado su impresionante crecimiento, ahora la mirada está en las universidades con fines de lucro, que actualmente registran más del 10% de los estudiantes matriculados en la educación superior, y representan casi la mitad de todos los incumplimientos en los préstamos estudiantiles.
La demanda hace una metáfora e indica que la compañía demandada tenía una "sala de calderas” en lugar de oficinas de admisiones, en donde los reclutadores fueron instruidos para utilizar técnicas de alta presión de ventas y afirmaciones exageradas sobre la colocación de la carrera para aumentar la matriculación de los estudiantes, independientemente de las calificaciones de los solicitantes. Los reclutadores animaban a que los aspirantes se inscribieran incluso cuando estos eran incapaces de escribir con coherencia, parecían estar bajo la influencia de drogas o trataban de inscribirse en programas en línea, pero no tenían computador.
En 2009, el Apollo Group, que posee la Universidad de Phoenix, la mayor universidad con fines de lucro de Estados Unidos, enfrentó una denuncia por $ 78 millones, cuando estuvo dirigida por Todd Nelson, actual director general de “Education Management Corporation”
2) Olvídense de los beneficios, vuelvan a la moral.
Esta es la idea del cuestionamiento que ha hecho Steven Schwartz, vicecanciller de la Universidad de Macquarie, quien recientemente afirmó que las universidades deben dejar de ser tratadas como empresas y recuperar su propósito moral.
Para ello utilizó el ejemplo de Jonas Salk, el descubridor de la vacuna contra la polio, quien cedió las licencias de la misma como un acto que define la postura ética de los investigadores universitarios deben tomar.
En contraste con esto, la universidad contemporánea ha sido descrita por Schwartz como un lugar donde "ha sido el descubrimiento y la difusión del conocimiento reemplazado por el deseo de explotar".
¿Cuánto tendría que pagar la humanidad a un investigador, con ánimo de lucro, que desarrolle una vacuna para un medicamente esencial para la salud?
Así las cosas, no siempre el trabajo académico se identifica con la lógica empresarial, porque según Seumas Miller, del Centro de Filosofía Aplicada y Ética Pública, los académicos son personas que: 1) Realizan un trabajo que tiene metas éticas, tales como la defensa de las instituciones de la justicia, la salud o el conocimiento.
2) Poseen un conocimiento especializado.
3) cuyo trabajo requiere autonomía profesional para lograr resultados.
4) cuyas habilidades se transmiten entre un determinado tipo de profesionales.
5) Y generalmente forman parte de una organización profesional.
Para Schwartz no hay nada intrínsecamente malo en hacer la investigación con fines de lucro, auncuando esto no es exactamente lo que las universidades deben ser, pues éstas no deben ser impulsadas por las ganancias, sino por su espíritu.
3) Según Jennifer Williamson, columnist de Distance-Education.org, las universidades con fines de lucro se promueven como la solución para los estudiantes de bajos ingresos y no tradicionales que necesitan un grado, y que normalmente no serían capaces de completar largos programas tradicionales.
Por un lado, 1) el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hace unos días una demanda para recuperar 11 mil millones de dólares que, al parecer, no debieron haberse transferido por parte del gobierno a la institución “Education Management Corporation”, entre 2003 y 2011, por considerar que ésta (IES con ánimo de lucro) empleó prácticas fraudulentas para incrementar los registros de inscritos.; 2) El cuestionamiento que se ha hecho a estas IES por convertir la investigación en un negocio y no en un aporte social, olvidándose de la moral; 3) Según un estudio del Departameto de Educación de Estados Unidos, los estudiantes de universidades con ánimo de lucro son los más incumplidos con sus pagos y, por lo mismo, los de menor tasa de empleabilidad.
1) “Education Management Corporation” tiene sede en Pittsburgh, el 41% es de propiedad de Goldman Sachs, y cuenta con cerca de 150.000 estudiantes distribuidos en 105 escuelas que operan bajo cuatro denominaciones: Art Institute, Argosy University, Brown Mackie College y la Universidad del Sur.
En un comunicado, la empresa ha negado las acusaciones.
Desde 1986, el gobierno americano ha recuperado más 25 billones de dólares por falsas reclamaciones en sectores como las compañías farmacéuticas, la sobrefacturación en hospitales o en la defensa. Dado su impresionante crecimiento, ahora la mirada está en las universidades con fines de lucro, que actualmente registran más del 10% de los estudiantes matriculados en la educación superior, y representan casi la mitad de todos los incumplimientos en los préstamos estudiantiles.
La demanda hace una metáfora e indica que la compañía demandada tenía una "sala de calderas” en lugar de oficinas de admisiones, en donde los reclutadores fueron instruidos para utilizar técnicas de alta presión de ventas y afirmaciones exageradas sobre la colocación de la carrera para aumentar la matriculación de los estudiantes, independientemente de las calificaciones de los solicitantes. Los reclutadores animaban a que los aspirantes se inscribieran incluso cuando estos eran incapaces de escribir con coherencia, parecían estar bajo la influencia de drogas o trataban de inscribirse en programas en línea, pero no tenían computador.
En 2009, el Apollo Group, que posee la Universidad de Phoenix, la mayor universidad con fines de lucro de Estados Unidos, enfrentó una denuncia por $ 78 millones, cuando estuvo dirigida por Todd Nelson, actual director general de “Education Management Corporation”
2) Olvídense de los beneficios, vuelvan a la moral.
Esta es la idea del cuestionamiento que ha hecho Steven Schwartz, vicecanciller de la Universidad de Macquarie, quien recientemente afirmó que las universidades deben dejar de ser tratadas como empresas y recuperar su propósito moral.
Para ello utilizó el ejemplo de Jonas Salk, el descubridor de la vacuna contra la polio, quien cedió las licencias de la misma como un acto que define la postura ética de los investigadores universitarios deben tomar.
En contraste con esto, la universidad contemporánea ha sido descrita por Schwartz como un lugar donde "ha sido el descubrimiento y la difusión del conocimiento reemplazado por el deseo de explotar".
¿Cuánto tendría que pagar la humanidad a un investigador, con ánimo de lucro, que desarrolle una vacuna para un medicamente esencial para la salud?
Así las cosas, no siempre el trabajo académico se identifica con la lógica empresarial, porque según Seumas Miller, del Centro de Filosofía Aplicada y Ética Pública, los académicos son personas que: 1) Realizan un trabajo que tiene metas éticas, tales como la defensa de las instituciones de la justicia, la salud o el conocimiento.
2) Poseen un conocimiento especializado.
3) cuyo trabajo requiere autonomía profesional para lograr resultados.
4) cuyas habilidades se transmiten entre un determinado tipo de profesionales.
5) Y generalmente forman parte de una organización profesional.
Para Schwartz no hay nada intrínsecamente malo en hacer la investigación con fines de lucro, auncuando esto no es exactamente lo que las universidades deben ser, pues éstas no deben ser impulsadas por las ganancias, sino por su espíritu.
3) Según Jennifer Williamson, columnist de Distance-Education.org, las universidades con fines de lucro se promueven como la solución para los estudiantes de bajos ingresos y no tradicionales que necesitan un grado, y que normalmente no serían capaces de completar largos programas tradicionales.
miércoles, 17 de agosto de 2011
cuando protestar es delito
por:Luz Maria Duque Sanchez
tomado de semana
“El poder de censura está en el pueblo sobre el gobierno, y no en el gobierno sobre el pueblo”. Lo dijo James Madison hace más de dos siglos, pero incluso hoy, ciertos gobernantes que se precian de honrar la democracia prefieren leer esta máxima al revés. Basta recordar la reacción del gobierno chileno el pasado 4 de agosto frente a la movilización de estudiantes que reclaman el derecho a una educación pública gratuita. Primero negó la autorización para la realización de una marcha por la principal avenida de Santiago. A pesar de la negativa, los estudiantes salieron a protestar. La respuesta fue la disolución del acto a punta de golpes, gases lacrimógenos y de la detención de centenas de manifestantes.
Con menos estruendo, en Colombia se perfiló algo similar, ya no con garrote ni gases, sino con la amenaza de la ley penal. Hace poco más de un mes, el Congreso colombiano aprobó una norma (Código Penal, artículo 353A) que establece una pena de veinticuatro a cuarenta y ocho meses de prisión para aquellos que obstruyan las vías de transporte en el curso de protestas que no hayan sido previamente autorizadas.
Varias razones muestran el talante antidemocrático de esta norma. Primero: sigue al pie de la letra las reglas de estilo del derecho penal autoritario: es indeterminada y ambigua de tal modo que cualquiera que tome parte en un bloqueo puede verse expuesto a un proceso penal. Por ejemplo, se indica que la pena procede cuando con el bloqueo se “atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”. Dada la variedad y amplitud de estos conceptos, así como la tendencia por parte de algunos jueces de hacer un uso extensivo del derecho penal en casos de protesta social, bastaría con que los manifestantes impidan o dificulten que algunas personas lleguen a su sitio de trabajo para que su acto sea criminalizado.
Varias razones muestran el talante antidemocrático de esta norma. Primero: sigue al pie de la letra las reglas de estilo del derecho penal autoritario: es indeterminada y ambigua de tal modo que cualquiera que tome parte en un bloqueo puede verse expuesto a un proceso penal. Por ejemplo, se indica que la pena procede cuando con el bloqueo se “atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”. Dada la variedad y amplitud de estos conceptos, así como la tendencia por parte de algunos jueces de hacer un uso extensivo del derecho penal en casos de protesta social, bastaría con que los manifestantes impidan o dificulten que algunas personas lleguen a su sitio de trabajo para que su acto sea criminalizado.
domingo, 24 de julio de 2011
el esmad origino la violencia:Trabajadores de la USO desmienten a Pacific Rubiales y acusan al gobierno de agresión violenta
por:union sindical obrera
La Unión Sindical Obrera, USO, frente a la reciente protesta de trabajadores de empresas contratistas al servicio de la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energi, Pre, en los campos de Rubiales y Quifa, jurisdicción de Puerto Gaitán, Meta, se permite informar a la opinión pública lo siguiente:
El día 18 de julio, aproximadamente a las 6:00 a.m., cerca de 5.000 trabajadores de firmas contratistas al servicio de la multinacional Canadiense Pacific Rubiales Energy (PRE) iniciaron una protesta pacífica en las instalaciones de los Campos de Rubiales y Quifa, por las violaciones a sus derechos laborales y fundamentales, la implementación unilateral de los salarios la mayoría muy bajos en relación con la industria, el mal trato de sus jefes y las pésimas condiciones en las que viven en sus campamentos.
La Unión Sindical Obrera, USO, frente a la reciente protesta de trabajadores de empresas contratistas al servicio de la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energi, Pre, en los campos de Rubiales y Quifa, jurisdicción de Puerto Gaitán, Meta, se permite informar a la opinión pública lo siguiente:
El día 18 de julio, aproximadamente a las 6:00 a.m., cerca de 5.000 trabajadores de firmas contratistas al servicio de la multinacional Canadiense Pacific Rubiales Energy (PRE) iniciaron una protesta pacífica en las instalaciones de los Campos de Rubiales y Quifa, por las violaciones a sus derechos laborales y fundamentales, la implementación unilateral de los salarios la mayoría muy bajos en relación con la industria, el mal trato de sus jefes y las pésimas condiciones en las que viven en sus campamentos.
viernes, 8 de julio de 2011
entrevista a Andres Gil sobre el encuentro "el dialogo es la ruta"
por: NOTIAGEN
Entre el 12 y el 15 de agosto de 2011 tendrá lugar en la ciudad de Barrancabermeja (departamento de Santander) el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes por la Tierra y la Paz en Colombia. El lema del evento es “El diálogo es la ruta” y su propósito, promover el uso de la palabra y la política como camino para lograr una solución al conflicto armado y social que vive el país hace más de 50 años. El encuentro pretende aproximar con ese fin a diferentes sectores tanto de la contienda armada como de la sociedad civil además de colocar el tema de la tenencia y uso de la tierra como epicentro de la discusión.
Hablamos con Andrés Gil, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización del Magdalena Medio que impulsa el evento junto con otras. La ACVC recibió en noviembre pasado el Premio Nacional de Paz —otorgado por El Tiempo, la revista Semana, Caracol Radio y Televisión, la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— como reconocimiento a sus 14 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, la salud, la educación y el medio ambiente. El premio animó a sus miembros a convocar el Encuentro Nacional de Paz.
Carolina Ibáñez: ¿Cuál es el punto de partida para promover este Encuentro?
Andrés Gil: El conflicto en Colombia tiene raíces estructurales, problemas históricos que nunca se han resuelto, como el de la tierra, o de una insurgencia con 50 años de permanente dinámica militar de confrontación al Estado. Después de que el Estado ha tenido el mayor apoyo económico para la vía militar con el Plan Colombia, el Plan Patriota y el desarrollo tecnológico, hay que profundizar el debate y que se reconozcan los costos humanos, económicos y sociales de la guerra. Por ejemplo, el congresista Alexánder López dice que mientras Colombia invierte cada año tres millones de pesos en un estudiante universitario, gasta 18 millones en un soldado. Estos elementos permiten deducir la necesidad de un compromiso por insistir en que esas fórmulas están desgastadas.
CI: ¿Qué ha cambiado para pensar en una posibilidad real de solución política?
AG: Hoy no se ven cambios sustanciales, pero tampoco ha ocurrido la tan cacareada victoria militar. Por lo tanto, hay preocupación entre quienes desde el establecimiento, el Estado y la comunidad internacional quisieran que la guerra ya se hubiera resuelto por la vía militar y entre quienes piensan que la salida tiene que dialogarse. Queda claro que los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe no produjo la derrota definitiva de la insurgencia y que los problemas estructurales del país se han profundizado. Por ejemplo, los cultivos de uso ilícito, muy relacionados con la falta de una reforma agraria, se mantienen a pesar de los millones y millones de dólares invertidos y de las fumigaciones emprendidas para que desaparezcan, que lo que sí han provocado son graves daños ambientales y para la salud humana. La derecha comienza a preocuparse porque el conflicto va a permanecer y puede aumentar por la profundización de la crisis. La crisis y la agitación social actual del mundo árabe, de Grecia o de España pueden llegar a América Latina y, en particular, a Colombia.
CI: ¿Pero ustedes reconocen que el conflicto va para largo?
AG: Pensamos que hay que tener paciencia. ¿Cuánto duraron los diálogos en Irlanda o Sudáfrica?, ¿cuánto están demorando en Filipinas? El diálogo es un proceso de largo plazo porque el conflicto es tan complejo que no se puede resolver en un año ni en dos ni en un mandato. Hay que tener la suficiente serenidad y capacidad para dialogar. La preocupación de la derecha genera opiniones acerca de que se necesitan otras fórmulas; eso se convierte en una oportunidad para desmovilizar las fuerzas que están a favor del diálogo.
No estamos proponiendo que el diálogo se resuelva en un evento ni que éste va a resolver el conflicto. El Encuentro pretende unir a los movimientos sociales en el reclamo de la voluntad a los actores de la contienda para identificar el camino del diálogo o de la generación deposibilidades de un intercambio permanente y paciente que también incluya al conjunto de la sociedad colombiana. El Encuentro se propone agitar el movimiento social para que las partes en la contienda expresen la voluntad de dialogar.
CI: ¿El Gobierno está apoyando el Encuentro?
AG: El Gobierno sencillamente sabe de él. La Vicepresidencia de la República reconoce que insistir en el tema del diálogo es un esfuerzo importante de las organizaciones del campo y del movimiento social. No es un apoyo explícito ni tiene que estar de acuerdo con lo que estamos proponiendo; hasta ahora está respetando el desarrollo y ve con buenos ojos ese tipo de iniciativas del movimiento social.
CI: ¿Qué pasos debería dar el Gobierno si quisiera avanzar en la solución política del conflicto?
AG: Primero, permitir que en Colombia existan el movimiento social y la izquierda. El movimiento social está sometido a ataques permanentes, a la judicialización y al asesinato de líderes populares, el más reciente, el de la compañera Fabricia Córdoba en Medellín. Sin embargo, esas personas son quienes construyen en verdad una opción distinta en este país, una alternativa desde el trabajo con las comunidades y la organización social.
Aparentemente existe democracia en Colombia, pero hay más de 32 grupos paramilitares que controlan cualquier expresión popular que vaya en contra de las medidas del establecimiento como por ejemplo la Ley de Víctimas, el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley de Tierras, el Código Minero o el Código Penal contra la protesta social. Según el Estado colombiano, todo esto es expresión de la insurgencia y así excluye toda forma de dar vía política a esas manifestaciones y que puedan decir cuál es el modelo que quieren en Colombia. Necesitamos que estas fuerzas puedan participar en la conducción de este Estado y del Gobierno.
CI: ¿Se puede conseguir que el Gobierno relacione la solución política del conflicto con la solución de los problemas estructurales en Colombia?
AG: Esta cuestión nos pone en la perspectiva de la continuidad del Encuentro. Primero, tenemos que lograr una posición conjunta del movimiento social frente los efectos del modelo y desde ahí tenemos que exigir una agenda de interlocución con el Estado sobre asuntos estructurales: los problemas de la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina, la educación o el manejo de los recursos públicos.
Si se consigue esa articulación del movimiento social, es posible generar una movilización que cambie la predisposición del Gobierno frente al diálogo. Eso también depende de que el conjunto de la sociedad modifique el condicionamiento de la era uribista en el sentido de que el diálogo significa la derrota frente a la insurgencia o una concesión a la ultraizquierda. Si alcanzamos ese cambio, haremos visible que en el panorama nacional hay un sector de la población que está a favor del diálogo, que no se trata de tres o cuatro personas, como se vio el 6 de marzo de 2008 cuando casi dos millones de personas exigieron darle visibilidad a las víctimas que los medios de comunicación no quieren dejar ver. El Encuentro es un buen momento para relanzar la agenda de movilización y visibilizar la necesidad del diálogo y de las propuestas de transformación.
Necesitamos actualizar las propuestas y sobre todo volver a encontrarnos para impulsarlas desde espacios unitarios, no fragmentados o como guetos. Tenemos que conseguir respuestas urgentes del Gobierno frente a las garantías para la participación política y a sus iniciativas frente al diálogo.
CI: ¿Qué lugar ocupan las estructuras paramilitares en este diálogo?
AG: Las estructuras paramilitares no están llamadas al Encuentro. Creemos que están controladas por sectores del Estado o por sectores del latifundio y las multinacionales. Justamente es a estos a los que estamos convocando. Tenemos que hablar con quienes orientan, disponen y están a cargo de la estrategia, no con quien cumple las acciones militares.
CI: ¿Y la insurgencia va a participar en este encuentro?
AG: El escenario se está adecuando para que los actores de la contienda, que para nosotros son el Estado y la insurgencia, muestren su disposición y voluntad frente a la posibilidad del diálogo. Este Encuentro es público y abierto y no tenemos contacto ni hacemos intercambio con la insurgencia; tampoco sabemos de su participación; además, en este momento, va a ser muy difícil que se haga presente por el estado de guerra que hay en el país. Pensamos que es importante si envía un mensaje por cualquier medio sobre su voluntad política y sobre cómo sería su participación en un diálogo. Si no lo hace, quedaría incompleto el Encuentro.
CI: ¿Cómo encajan en este panorama las llamadas Zonas de Reserva Campesina?
AG: Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son una iniciativa de las organizaciones campesinas para defender su territorio y su economía. Aunque existe un marco legal que las reglamenta y debe impulsarlas, el Estado no ha querido cumplir y nos ha tocado a las organizaciones tratar de que se cumpla. El Gobierno ha expresado unas voluntades, pero tiene dificultades para concretar las Zonas. Aunque podría haber muchas ZRC, estamos impulsando muy pocas, unas 10 ó 12. Es algo muy lento y un ejemplo de que si falta una participación democrática, las leyes que pueden beneficiar a los sectores marginados no se cumplen.
La propuesta de ZRC debería dinamizarse y fortalecerse hacia el Encuentro en Barrancabermeja, en busca de que tenga mayor alcance. También vamos a proponer nuestra visión de la reforma agraria integral para este país. Entendemos que para el Gobierno, la Ley de Tierras es una salida para tratar de resolver situaciones internas de inconformidad o la falta de modernización que tiene el campo. Pero no sólo vamos a expresar las críticas que tenemos a esa ley, tenemos que hablar cómo vemos lo que hay que hacer con el tema de la tierra en Colombia.
Vamos a formular nuestra Ley de Tierras y a mirar cómo vamos a dialogar con el Gobierno. Aunque las ZRC son una experiencia importante y un apuntalamiento del movimiento campesino, no es la propuesta central para resolver los problemas de la tierra en Colombia.
CI: ¿Existe una estrategia para salirle al paso al acaparamiento de tierras y su relación con el desplazamiento forzado?
AG: Hay muchas construcciones en el país desde hace varios años como la organización social campesina que tienen iniciativas importantes de defensa del territorio. Hay que recogerlas y hacer una estrategia nacional para que no sean aisladas. Experiencias como el Comité Nacional de Zonas de Reserva Campesina o el Congreso de los Pueblos son muy importantes, hay muchas expresiones que muestran las iniciativas regionales y locales frente al tema de la defensa del territorio, pero no han trascendido al país. Necesitamos que el país sepa de esa resistencia y buscar el momento para organizar una estrategia nacional que involucre al conjunto de la sociedad y modifique las decisiones estructurales. Destaco lo que pasó en Bucaramanga, donde 50.000 personas marcharon en defensa del páramo de Santurbán; es un ejemplo de cómo la ciudad conoce los efectos de la intervención minera y se moviliza para revertir las leyes que avasallan los territorios rurales y las reservas naturales del país.
CI: ¿Cómo ves la oposición tradicional de los sectores de derecha para un diálogo nacional?
AG: Creo que el problema es complejo.La derecha también cuenta con un sector, que no es el mayoritario, que analiza los riesgos de insistir en la salida militar. Los intentos de diálogo nacen de la voluntad de esta derecha, que cada vez es la menos fuerte. Y aunque no habla del mismo diálogo y de la misma salida que nosotros, hay que conversar con ese sector y hacerle entender que el sentido de este escenario es ejercer la política. Hay que trabajar para que esa derecha llegue a ese escenario de la política y no al del aupamiento de las estructuras que mantienen el paramilitarismo.
Una buena experiencia fue el apoyo de un sector la derecha para que se diera el Premio Nacional de Paz a la ACVC y a la ZRC; el diario El Tiempo salió en defensa de nuestra organización y de las ZRC. Eso muestra que no hay una posición única ni sólida en la derecha con respecto al camino de arrasar al movimiento popular y de la victoria miliar para resolver el conflicto. Hay que abrir el foro, desprevenirnos un poco, sin caer de tontos, y acercarnos a conversar seriamente con esos sectores. Pero no nos van a tomar en serio si no ven un movimiento social fuerte y unificado.
En ese sentido, es importante que haya más de 1.000 organizaciones apoyando el Encuentro, un destacado respaldo internacional, variedad de sectores políticos desde las organizaciones del campo y no menos de 30.000 asistentes. Ese mensaje no pueden desconocerlo fácilmente. Y aquellos que desde la derecha expresen su propuesta y busquen generar una mesa de intercambio entre los gremios económicos y el Estado por una parte, y el movimiento social, por otra, tal vez logren canalizar encuentros permanentes que aclimaten la opción de diálogo entre los actores de la contienda.
CI: ¿El diálogo es la ruta?
AG: El diálogo es la fórmula que no está desgastada y que menos oportunidades ha tenido en este país. La que ha tenido mayor relevancia es la salida militar: el último capítulo fueron los ocho años del gobierno de Uribe donde no sólo priorizó la estrategia militar sino que invirtió importantes recursos de los colombianos y de Estados Unidos. Todo este despliegue militar ha producido una grave crisis humanitaria y de derechos humanos mientras que las situaciones estructurales no sólo se mantienen sino que cada vez se profundizan más.
Los intentos del presidente Santos por dar legitimidad al Estado y orden frente a lo que se proponía Uribe se orientan a garantizar unos mínimos de viabilidad a la dominación y al mantenimiento del statu quo de la oligarquía, no para resolver los problemas estructurales. La crisis humanitaria, la crisis histórica sobre la tierra y los profundos efectos que tiene la guerra develan la desproporción de tener como prioridad en este país la guerra como solución del conflicto.
Entre el 12 y el 15 de agosto de 2011 tendrá lugar en la ciudad de Barrancabermeja (departamento de Santander) el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes por la Tierra y la Paz en Colombia. El lema del evento es “El diálogo es la ruta” y su propósito, promover el uso de la palabra y la política como camino para lograr una solución al conflicto armado y social que vive el país hace más de 50 años. El encuentro pretende aproximar con ese fin a diferentes sectores tanto de la contienda armada como de la sociedad civil además de colocar el tema de la tenencia y uso de la tierra como epicentro de la discusión.
Hablamos con Andrés Gil, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización del Magdalena Medio que impulsa el evento junto con otras. La ACVC recibió en noviembre pasado el Premio Nacional de Paz —otorgado por El Tiempo, la revista Semana, Caracol Radio y Televisión, la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— como reconocimiento a sus 14 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, la salud, la educación y el medio ambiente. El premio animó a sus miembros a convocar el Encuentro Nacional de Paz.
Carolina Ibáñez: ¿Cuál es el punto de partida para promover este Encuentro?
Andrés Gil: El conflicto en Colombia tiene raíces estructurales, problemas históricos que nunca se han resuelto, como el de la tierra, o de una insurgencia con 50 años de permanente dinámica militar de confrontación al Estado. Después de que el Estado ha tenido el mayor apoyo económico para la vía militar con el Plan Colombia, el Plan Patriota y el desarrollo tecnológico, hay que profundizar el debate y que se reconozcan los costos humanos, económicos y sociales de la guerra. Por ejemplo, el congresista Alexánder López dice que mientras Colombia invierte cada año tres millones de pesos en un estudiante universitario, gasta 18 millones en un soldado. Estos elementos permiten deducir la necesidad de un compromiso por insistir en que esas fórmulas están desgastadas.
CI: ¿Qué ha cambiado para pensar en una posibilidad real de solución política?
AG: Hoy no se ven cambios sustanciales, pero tampoco ha ocurrido la tan cacareada victoria militar. Por lo tanto, hay preocupación entre quienes desde el establecimiento, el Estado y la comunidad internacional quisieran que la guerra ya se hubiera resuelto por la vía militar y entre quienes piensan que la salida tiene que dialogarse. Queda claro que los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe no produjo la derrota definitiva de la insurgencia y que los problemas estructurales del país se han profundizado. Por ejemplo, los cultivos de uso ilícito, muy relacionados con la falta de una reforma agraria, se mantienen a pesar de los millones y millones de dólares invertidos y de las fumigaciones emprendidas para que desaparezcan, que lo que sí han provocado son graves daños ambientales y para la salud humana. La derecha comienza a preocuparse porque el conflicto va a permanecer y puede aumentar por la profundización de la crisis. La crisis y la agitación social actual del mundo árabe, de Grecia o de España pueden llegar a América Latina y, en particular, a Colombia.
CI: ¿Pero ustedes reconocen que el conflicto va para largo?
AG: Pensamos que hay que tener paciencia. ¿Cuánto duraron los diálogos en Irlanda o Sudáfrica?, ¿cuánto están demorando en Filipinas? El diálogo es un proceso de largo plazo porque el conflicto es tan complejo que no se puede resolver en un año ni en dos ni en un mandato. Hay que tener la suficiente serenidad y capacidad para dialogar. La preocupación de la derecha genera opiniones acerca de que se necesitan otras fórmulas; eso se convierte en una oportunidad para desmovilizar las fuerzas que están a favor del diálogo.
No estamos proponiendo que el diálogo se resuelva en un evento ni que éste va a resolver el conflicto. El Encuentro pretende unir a los movimientos sociales en el reclamo de la voluntad a los actores de la contienda para identificar el camino del diálogo o de la generación deposibilidades de un intercambio permanente y paciente que también incluya al conjunto de la sociedad colombiana. El Encuentro se propone agitar el movimiento social para que las partes en la contienda expresen la voluntad de dialogar.
CI: ¿El Gobierno está apoyando el Encuentro?
AG: El Gobierno sencillamente sabe de él. La Vicepresidencia de la República reconoce que insistir en el tema del diálogo es un esfuerzo importante de las organizaciones del campo y del movimiento social. No es un apoyo explícito ni tiene que estar de acuerdo con lo que estamos proponiendo; hasta ahora está respetando el desarrollo y ve con buenos ojos ese tipo de iniciativas del movimiento social.
CI: ¿Qué pasos debería dar el Gobierno si quisiera avanzar en la solución política del conflicto?
AG: Primero, permitir que en Colombia existan el movimiento social y la izquierda. El movimiento social está sometido a ataques permanentes, a la judicialización y al asesinato de líderes populares, el más reciente, el de la compañera Fabricia Córdoba en Medellín. Sin embargo, esas personas son quienes construyen en verdad una opción distinta en este país, una alternativa desde el trabajo con las comunidades y la organización social.
Aparentemente existe democracia en Colombia, pero hay más de 32 grupos paramilitares que controlan cualquier expresión popular que vaya en contra de las medidas del establecimiento como por ejemplo la Ley de Víctimas, el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley de Tierras, el Código Minero o el Código Penal contra la protesta social. Según el Estado colombiano, todo esto es expresión de la insurgencia y así excluye toda forma de dar vía política a esas manifestaciones y que puedan decir cuál es el modelo que quieren en Colombia. Necesitamos que estas fuerzas puedan participar en la conducción de este Estado y del Gobierno.
CI: ¿Se puede conseguir que el Gobierno relacione la solución política del conflicto con la solución de los problemas estructurales en Colombia?
AG: Esta cuestión nos pone en la perspectiva de la continuidad del Encuentro. Primero, tenemos que lograr una posición conjunta del movimiento social frente los efectos del modelo y desde ahí tenemos que exigir una agenda de interlocución con el Estado sobre asuntos estructurales: los problemas de la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina, la educación o el manejo de los recursos públicos.
Si se consigue esa articulación del movimiento social, es posible generar una movilización que cambie la predisposición del Gobierno frente al diálogo. Eso también depende de que el conjunto de la sociedad modifique el condicionamiento de la era uribista en el sentido de que el diálogo significa la derrota frente a la insurgencia o una concesión a la ultraizquierda. Si alcanzamos ese cambio, haremos visible que en el panorama nacional hay un sector de la población que está a favor del diálogo, que no se trata de tres o cuatro personas, como se vio el 6 de marzo de 2008 cuando casi dos millones de personas exigieron darle visibilidad a las víctimas que los medios de comunicación no quieren dejar ver. El Encuentro es un buen momento para relanzar la agenda de movilización y visibilizar la necesidad del diálogo y de las propuestas de transformación.
Necesitamos actualizar las propuestas y sobre todo volver a encontrarnos para impulsarlas desde espacios unitarios, no fragmentados o como guetos. Tenemos que conseguir respuestas urgentes del Gobierno frente a las garantías para la participación política y a sus iniciativas frente al diálogo.
CI: ¿Qué lugar ocupan las estructuras paramilitares en este diálogo?
AG: Las estructuras paramilitares no están llamadas al Encuentro. Creemos que están controladas por sectores del Estado o por sectores del latifundio y las multinacionales. Justamente es a estos a los que estamos convocando. Tenemos que hablar con quienes orientan, disponen y están a cargo de la estrategia, no con quien cumple las acciones militares.
CI: ¿Y la insurgencia va a participar en este encuentro?
AG: El escenario se está adecuando para que los actores de la contienda, que para nosotros son el Estado y la insurgencia, muestren su disposición y voluntad frente a la posibilidad del diálogo. Este Encuentro es público y abierto y no tenemos contacto ni hacemos intercambio con la insurgencia; tampoco sabemos de su participación; además, en este momento, va a ser muy difícil que se haga presente por el estado de guerra que hay en el país. Pensamos que es importante si envía un mensaje por cualquier medio sobre su voluntad política y sobre cómo sería su participación en un diálogo. Si no lo hace, quedaría incompleto el Encuentro.
CI: ¿Cómo encajan en este panorama las llamadas Zonas de Reserva Campesina?
AG: Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son una iniciativa de las organizaciones campesinas para defender su territorio y su economía. Aunque existe un marco legal que las reglamenta y debe impulsarlas, el Estado no ha querido cumplir y nos ha tocado a las organizaciones tratar de que se cumpla. El Gobierno ha expresado unas voluntades, pero tiene dificultades para concretar las Zonas. Aunque podría haber muchas ZRC, estamos impulsando muy pocas, unas 10 ó 12. Es algo muy lento y un ejemplo de que si falta una participación democrática, las leyes que pueden beneficiar a los sectores marginados no se cumplen.
La propuesta de ZRC debería dinamizarse y fortalecerse hacia el Encuentro en Barrancabermeja, en busca de que tenga mayor alcance. También vamos a proponer nuestra visión de la reforma agraria integral para este país. Entendemos que para el Gobierno, la Ley de Tierras es una salida para tratar de resolver situaciones internas de inconformidad o la falta de modernización que tiene el campo. Pero no sólo vamos a expresar las críticas que tenemos a esa ley, tenemos que hablar cómo vemos lo que hay que hacer con el tema de la tierra en Colombia.
Vamos a formular nuestra Ley de Tierras y a mirar cómo vamos a dialogar con el Gobierno. Aunque las ZRC son una experiencia importante y un apuntalamiento del movimiento campesino, no es la propuesta central para resolver los problemas de la tierra en Colombia.
CI: ¿Existe una estrategia para salirle al paso al acaparamiento de tierras y su relación con el desplazamiento forzado?
AG: Hay muchas construcciones en el país desde hace varios años como la organización social campesina que tienen iniciativas importantes de defensa del territorio. Hay que recogerlas y hacer una estrategia nacional para que no sean aisladas. Experiencias como el Comité Nacional de Zonas de Reserva Campesina o el Congreso de los Pueblos son muy importantes, hay muchas expresiones que muestran las iniciativas regionales y locales frente al tema de la defensa del territorio, pero no han trascendido al país. Necesitamos que el país sepa de esa resistencia y buscar el momento para organizar una estrategia nacional que involucre al conjunto de la sociedad y modifique las decisiones estructurales. Destaco lo que pasó en Bucaramanga, donde 50.000 personas marcharon en defensa del páramo de Santurbán; es un ejemplo de cómo la ciudad conoce los efectos de la intervención minera y se moviliza para revertir las leyes que avasallan los territorios rurales y las reservas naturales del país.
CI: ¿Cómo ves la oposición tradicional de los sectores de derecha para un diálogo nacional?
AG: Creo que el problema es complejo.La derecha también cuenta con un sector, que no es el mayoritario, que analiza los riesgos de insistir en la salida militar. Los intentos de diálogo nacen de la voluntad de esta derecha, que cada vez es la menos fuerte. Y aunque no habla del mismo diálogo y de la misma salida que nosotros, hay que conversar con ese sector y hacerle entender que el sentido de este escenario es ejercer la política. Hay que trabajar para que esa derecha llegue a ese escenario de la política y no al del aupamiento de las estructuras que mantienen el paramilitarismo.
Una buena experiencia fue el apoyo de un sector la derecha para que se diera el Premio Nacional de Paz a la ACVC y a la ZRC; el diario El Tiempo salió en defensa de nuestra organización y de las ZRC. Eso muestra que no hay una posición única ni sólida en la derecha con respecto al camino de arrasar al movimiento popular y de la victoria miliar para resolver el conflicto. Hay que abrir el foro, desprevenirnos un poco, sin caer de tontos, y acercarnos a conversar seriamente con esos sectores. Pero no nos van a tomar en serio si no ven un movimiento social fuerte y unificado.
En ese sentido, es importante que haya más de 1.000 organizaciones apoyando el Encuentro, un destacado respaldo internacional, variedad de sectores políticos desde las organizaciones del campo y no menos de 30.000 asistentes. Ese mensaje no pueden desconocerlo fácilmente. Y aquellos que desde la derecha expresen su propuesta y busquen generar una mesa de intercambio entre los gremios económicos y el Estado por una parte, y el movimiento social, por otra, tal vez logren canalizar encuentros permanentes que aclimaten la opción de diálogo entre los actores de la contienda.
CI: ¿El diálogo es la ruta?
AG: El diálogo es la fórmula que no está desgastada y que menos oportunidades ha tenido en este país. La que ha tenido mayor relevancia es la salida militar: el último capítulo fueron los ocho años del gobierno de Uribe donde no sólo priorizó la estrategia militar sino que invirtió importantes recursos de los colombianos y de Estados Unidos. Todo este despliegue militar ha producido una grave crisis humanitaria y de derechos humanos mientras que las situaciones estructurales no sólo se mantienen sino que cada vez se profundizan más.
Los intentos del presidente Santos por dar legitimidad al Estado y orden frente a lo que se proponía Uribe se orientan a garantizar unos mínimos de viabilidad a la dominación y al mantenimiento del statu quo de la oligarquía, no para resolver los problemas estructurales. La crisis humanitaria, la crisis histórica sobre la tierra y los profundos efectos que tiene la guerra develan la desproporción de tener como prioridad en este país la guerra como solución del conflicto.
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