lunes, 26 de septiembre de 2011

Llamadas amenazantes y extorsivas provenientes presuntamente de “Los Rastrojos” en la Parte Media de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.


El día 2 de septiembre de los corrientes se recibieron varias llamadas en el teléfono comunitario de la vereda Puerto Matilde del Municipio de Yondó haciendo exigencias a nombre de los autodenominados "Rastrojos". Las mismas se tradujeron en que necesitan 2 radios de comunicación que tienen un costo de $3.000.000 cada uno. También le pidieron que les facilitara números de teléfonos de dueños de finca de la región, de los profesores y de los conductores que hacen la línea hacia la vereda.
Aparte de las anteriores exigencias, especificó que los radios los conseguían en un almacen del municipio de Yondó. Finalmente, este personaje de identificó como "comandante Oscar".
Igualmente en las veredas San Francisco, La Punta, San Juan de Ité y Bodega, todas de Yondó, se han presentado hechos del mismo tipo, en donde personas que también se autodenominan como miembros de los " rastrojos" han estado llamando a exigir dinero a las comunidades para ejecutar sus acciones.
El día 12 de septiembre a las 6:15 pm se recibió una nueva llamada en donde la voz de un hombre le dijo: "mucho ojo con lo que hacen, sabemos todo, mucho ojo con lo que están haciendo, muy pronto los vamos a visitar. Salúdemelos a todos y dígales que mucho ojo con lo que están haciendo" luego de esto colgó sin dar tiempo de preguntar quién hablaba.
Agregando otros hechos que hacen referencia a la vereda Puerto Matilde, en la noche del 13 de septiembre se recibió otra llamada en el teléfono comunitario de la vereda Puerto Matilde en donde con voz alterada preguntaron por varios miembros de la comunidad. La persona encargada del teléfono comunitario manifiesta que quien preguntó por ellos se identificó como José Perejo campesino que vive en la región. Sin embargo, se verificó y dicho señor nunca hizo esa llamada al cacerío.
Los hechos descritos están produciendo un alto grado de preocupación en las comunidades puesto que es el mismo accionar que tuvieron los grupos paramilitares hace unos años con sus incursiones en estas zonas agrarias. Por tal razón se ha solicitado a la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio y al Sistema de Alertas tempranas se haga seguimiento con las autoridades competentes frente al tema que deben actuar en el marco del deber de garantía de los derechos humanos de los ciudadanos habitantes de esta región.

jueves, 22 de septiembre de 2011

Paro nacional de universitarios 12 y 13 de octubre. Ministra ratifica que radicará reforma


El Gobierno anunció que respeta derecho a la protesta, llamó al diálogo y ratificó que presentará la reforma al Congreso "en próximos días" (no se sabe cuándo). Entre tanto, el ambiente sigue movido en algunas IES y Ascun pide que se aplace la radicación del proyecto.

Entre tanto, el tercer Congreso de la Federación Nacional de Estudiantes sigue deliberando en Bogotá, con mensajes y apoyos de movimientos estudiantiles internacionales y de los congresistas Hernando Hernández, Carlos Amaya, Gloria Flórez, Ángela María Robledo, Alba luz Pinilla (foto), y saludos y apoyo por parte de los senadores Alexánder López, Gloria Inés Ramírez y Camilo Romero y el respaldo de la exsenadora Piedad Córdoba.

El encuentro aboga por "la movilización y la lucha en torno a la construcción de una ley alternativa de educación popular que englobe el sentir del pueblo".

A su vez, en la Universidad de Antioquia sigue la división entre los estudiantes sobre el paro anunciado el pasado jueves. Mientras que los estudiantes de Medicina decidieron continuar actividades, los de Ingeniería las suspendieron.

martes, 6 de septiembre de 2011

Desangre de líderes

El 30 de marzo pasado, a las seis de la tarde, Héctor Orozco y Gildardo García viajaban compartiendo moto por la carretera que va de La Marina a Chaparral, Tolima. Ambos jóvenes, de treinta y tantos años, con hijos pequeños, eran vecinos de veredas, los dos queridos porque hacían mucho por su gente desde la Acción Comunal. Orozco dirigía una asociación campesina. No debían temer. La zona estaba militarizada y en el cruce del Espíritu Santo siempre había soldados. De pronto, no se sabe quién, les dispararon. Ninguna autoridad llegó. Las esposas pasaron la noche protegiendo los cuerpos de los chulos. Solo hasta el día siguiente a las once de la mañana vino la Fiscalía a levantar el cadáver. Pistas de los asesinos, quedaban pocas.

El caso de William Álvarez, líder de derechos humanos de Carmen de Viboral, oriente antioqueño, asesinado una semana después, fue peor: tardaron más de tres días en hacer el levantamiento. Y en el de Éder Verbel, activista de una organización de víctimas de San Onofre, Sucre, la autoridad sí capturó a alias Begueta y alias Pólvora, a quienes la gente identificó como los sicarios. Pero, al final del día, misteriosamente, quedaron libres.

El Cortijo: ¿para las víctimas o para el papá de Mancuso?

Continúa la disputa de una finca que entregó Salvatore Mancuso para reparar a las víctimas. El papá del ex paramilitar asegura que es suya, mientras la Fiscalía la exige para reparar a las víctimas. La Corte Suprema decidirá.

Salvatore Mancuso argumenta que El Cortijo no es suyo, pero así aparece registrado en Instrumentos Públicos. 
La Corte Suprema será quien tenga la última palabra sobre El Cortijo, una finca ubicada en Córdoba que tiene dos reclamantes: Salvatore Mancuso D’Angiolela, el papá del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez; y la Subunidad de Bienes de Justicia y Paz, encargada de investigar los bienes de los paramilitares para reparar a las víctimas.

La disputa por El Cortijo ya lleva más de cinco años, pero volvió a los estrados judiciales en agosto de 2011. Después de pasar por varias instancias y cuando la Fiscalía esperaba un fallo a favor, una magistrada de Justicia y Paz en Bucaramanga los sorprendió con la decisión. Después de escuchar a las partes, le dio la razón al papá de Mancuso y anuló la medida de protección que había sobre El Cortijo. La Fiscalía apeló y el caso quedó de nuevo en suspenso mientras la Corte tome una decisión.

jueves, 18 de agosto de 2011

Acciones de universidades con ánimo de lucro que generan preocupación en USA

Los temores de algunos rectores sobre la posible llegada de IES con ánimo de lucro a Colombia se confirman cuando llegan noticias sobre los impactos que ha causado en Estados Unidos este modelo educativo por su calidad, responsabilidad social y violación de normas. 
Por un lado, 1) el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hace unos días una demanda para recuperar 11 mil millones de dólares que, al parecer, no debieron haberse transferido por parte del gobierno a la institución “Education Management Corporation”, entre 2003 y 2011, por considerar que ésta (IES con ánimo de lucro) empleó prácticas fraudulentas para incrementar los registros de inscritos.; 2) El cuestionamiento que se ha hecho a estas IES por convertir la investigación en un negocio y no en un aporte social, olvidándose de la moral; 3) Según un estudio del Departameto de Educación de Estados Unidos, los estudiantes de universidades con ánimo de lucro son los más incumplidos con sus pagos y, por lo mismo, los de menor tasa de empleabilidad.
1) “Education Management Corporation” tiene sede en Pittsburgh, el 41% es de propiedad de Goldman Sachs, y cuenta con cerca de 150.000 estudiantes distribuidos en 105 escuelas que operan bajo cuatro denominaciones: Art Institute, Argosy University, Brown Mackie College y la Universidad del Sur.

En un comunicado, la empresa ha negado las acusaciones.

Desde 1986, el gobierno americano ha recuperado más 25 billones de dólares por falsas reclamaciones en sectores como las compañías farmacéuticas, la sobrefacturación en hospitales o en la defensa. Dado su impresionante crecimiento, ahora la mirada está en las universidades con fines de lucro, que actualmente registran más del 10% de los estudiantes matriculados en la educación superior, y representan casi la mitad de todos los incumplimientos en los préstamos estudiantiles.
La demanda hace una metáfora e indica que la compañía demandada tenía una "sala de calderas” en lugar de oficinas de admisiones, en donde los reclutadores fueron instruidos para utilizar técnicas de alta presión de ventas y afirmaciones exageradas sobre la colocación de la carrera para aumentar la matriculación de los estudiantes, independientemente de las calificaciones de los solicitantes. Los reclutadores animaban a que los aspirantes se inscribieran incluso cuando estos eran incapaces de escribir con coherencia, parecían estar bajo la influencia de drogas o trataban de inscribirse en programas en línea, pero no tenían computador.

En 2009, el Apollo Group, que posee la Universidad de Phoenix, la mayor universidad con fines de lucro de Estados Unidos, enfrentó una denuncia por $ 78 millones, cuando estuvo dirigida por Todd Nelson, actual director general de “Education Management Corporation”
2) Olvídense de los beneficios, vuelvan a la moral.
Esta es la idea del cuestionamiento que ha hecho Steven Schwartz, vicecanciller de la Universidad de Macquarie, quien recientemente afirmó que las universidades deben dejar de ser tratadas como empresas y recuperar su propósito moral.
Para ello utilizó el ejemplo de Jonas Salk, el descubridor de la vacuna contra la polio, quien cedió las licencias de la misma como un acto que define la postura ética de los investigadores universitarios deben tomar.
En contraste con esto, la universidad contemporánea ha sido descrita por Schwartz como un lugar donde "ha sido el descubrimiento y la difusión del conocimiento reemplazado por el deseo de explotar".
¿Cuánto tendría que pagar la humanidad a un investigador, con ánimo de lucro, que desarrolle una vacuna para un medicamente esencial para la salud?
Así las cosas, no siempre el trabajo académico se identifica con la lógica empresarial, porque según Seumas Miller, del Centro de Filosofía Aplicada y Ética Pública, los académicos son personas que: 1) Realizan un trabajo que tiene metas éticas, tales como la defensa de las instituciones de la justicia, la salud o el conocimiento.
2) Poseen un conocimiento especializado.
3) cuyo trabajo requiere autonomía profesional para lograr resultados.
4) cuyas habilidades se transmiten entre un determinado tipo de profesionales.
5) Y generalmente forman parte de una organización profesional.
Para Schwartz no hay nada intrínsecamente malo en hacer la investigación con fines de lucro, auncuando  esto no es exactamente lo que las universidades deben ser, pues éstas no deben ser impulsadas por las ganancias, sino por su espíritu.
3) Según Jennifer Williamson, columnist de Distance-Education.org, las universidades con fines de lucro se promueven como la solución para los estudiantes de bajos ingresos y no tradicionales que necesitan un grado, y que normalmente no serían capaces de completar largos programas tradicionales.

miércoles, 17 de agosto de 2011

cuando protestar es delito


por:Luz Maria Duque Sanchez
tomado de semana 
“El poder de censura está en el pueblo sobre el gobierno, y no en el gobierno sobre el pueblo”. Lo dijo James Madison hace más de dos siglos, pero incluso hoy, ciertos gobernantes que se precian de honrar la democracia prefieren leer esta máxima al revés. Basta recordar la reacción del gobierno chileno el pasado 4 de agosto frente a la movilización de estudiantes que reclaman el derecho a una educación pública gratuita. Primero negó la autorización para la realización de una marcha por la principal avenida de Santiago. A pesar de la negativa, los estudiantes salieron a protestar. La respuesta fue la disolución del acto a punta de golpes, gases lacrimógenos y de la detención de centenas de manifestantes.
Con menos estruendo, en Colombia se perfiló algo similar, ya no con garrote ni gases, sino con la amenaza de la ley penal. Hace poco más de un mes, el Congreso colombiano aprobó una norma (Código Penal, artículo 353A) que establece una pena de veinticuatro a cuarenta y ocho meses de prisión para aquellos que obstruyan las vías de transporte en el curso de protestas que no hayan sido previamente autorizadas.

Varias razones muestran el talante antidemocrático de esta norma. Primero: sigue al pie de la letra las reglas de estilo del derecho penal autoritario: es indeterminada y ambigua de tal modo que cualquiera que tome parte en un bloqueo puede verse expuesto a un proceso penal. Por ejemplo, se indica que la pena procede cuando con el bloqueo se “atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”. Dada la variedad y amplitud de estos conceptos, así como la tendencia por parte de algunos jueces de hacer un uso extensivo del derecho penal en casos de protesta social, bastaría con que los manifestantes impidan o dificulten que algunas personas lleguen a su sitio de trabajo para que su acto sea criminalizado.