La perversa guerra en el Bajo Atrato chocoano

Por Juan Diego Restrepo E.*

En Riosucio, Chocó, son muchas las historias que cuentan sus pobladores en las riberas del río Atrato. Hace pocos días, visitando ese municipio, escuché relatos que hablan de la perversidad de una guerra que les impide vivir tranquilos. Para ilustrarme narraron lo que viene sucediendo hace siete meses.

En la mañana del 4 de diciembre del año pasado José Graciano Mosquera Murillo salió de su parcela, ubicada en la comunidad de San José de Tamboral, de la cuenca del río Salaquí, Bajo Atrato chocoano, camino al casco urbano de Riosucio. Tenía que hacer varias diligencias en el pueblo. Atrás dejó su rancho, sus animales y sus sembrados. Nadie quedó allí.

En la noche, mientras José Graciano descansaba en Riosucio sus posesiones estaban siendo bombardeadas y ametralladas por aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con el argumento de que allí estaban acampando hombres de la guerrilla de las Farc. De su casa solo quedaron las paredes de madera; sus cultivos se perdieron; y de los animales nada se sabe. En la tierra quedaron amplios cráteres, huellas de las bombas arrojadas, y sobre los arbustos casquillos de balas empleadas por las ametralladoras.

las vacaciones, no nos hara olvidar

Después de los sucesos ocurridos el 15 de junio de 2011 en la UIS y después de que la administración junto con las autoridades decidieron mantener la universidad cerrada durante cuatro días y al final llegar a la conclusión de que era mejor mandar a vacaciones hasta el 21 de julio, sin mostrar la verdadera y profunda crisis por la que pasa la universidad demostrando que la UIS es una pequeña Colombia y creyendo que con mandar a vacaciones se va a solucionar todo, otra cosa que hay que mostrar que las directivas NO hablaron con los estudiantes

Los estudiantes el día de hoy salimos a marchar con pitos, con bombas , carteles y nuestras ganas por las calles de Bucaramanga informando al transeúnte, conductor , al motociclista que los estudiantes no son terroristas, que los estudiantes no queremos la bota en la U, que tampoco se quiere una ley que le va a dar la entrada al capital privado en las universidades públicas, y en donde también se rechazó los daños causados en la U pues esos inmuebles son el patrimonio del pueblo y por lo tanto hay que cuidarlos; en donde   por fin se entendió que se debe llegar al pueblo y no a la gobernación a escuchar el mismo discurso del gobernador diciendo que él es solo un voto y que no podía hacer nada. Aunque la marcha fue vigilaba por el ojo represivo del esmad  y fuerza disponible no hubo ningún altercado

Ojala que esto se siga haciendo, que las marchas sean formativas, que se hable con la gente pues los medios mueven los hechos a favor del poderoso y díganme que más queremos teniendo el apoyo del pueblo santandereano

att: est uis 

UDEA: entre el miedo y la indignación por presencia del Esmad

Un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia emprenderán una serie de acciones jurídicas para solicitarle en las próximas semanas a las autoridades respectivas “retirar inmediatamente los efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional”, que desde el pasado 15 de septiembre de 2010 y por orden expresa del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se encuentran apostados de manera permanente en las inmediaciones de la ciudadela universitaria “a fin de impedir cualquier alteración de orden público que afecte el normal desarrollo de las actividades académicas”.
Entre las acciones adelantadas figura la documentación de una serie de denuncias sobre atropellos y abusos cometidos por esta fuerza de choque y que vienen siendo recolectadas por movimientos estudiantiles como el “Colectivo de Derechos Humanos Gustavo Marulanda”, organizaciones no gubernamentales como el “Comité de Solidaridad con los Presos Políticos” y un grupo de abogados independientes. Con esto, según lo expresan, buscan “evidenciar las irregularidades en que han incurrido los agentes del Esmad en su intento de disolver las concentraciones estudiantiles”.

Hoy lloramos por Ana Fabricia Córdoba

por: Piedad Cordoba
A pesar de una realidad maquillada mediáticamente que nos dice que aquí ya no pasa nada hoy nos toca volver a llorar. Esta vez, es por una mujer negra, de extracción popular, que sufrió en vida en carne propia de los rigores de la guerra.
Hoy nos toca volver a llorar, más que por la pariente oriunda del Chocó, por una valiente que se sobrepuso al desplazamiento del que fuera víctima en 2001, tras la pérdida de su esposo y algunos de sus hijos en la Urabá violenta de las épocas en que el Ex Presidente Alvaro Uribe Vélez fue gobernador en Antioquia y en la que se pavoneaban impunemente los paramilitares, arropados en la legalidad que les daba las Convivir.
Hoy nos toca llorar por ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA una madre que, a pesar de haber perdido recientemente a su joven hijo Jonathan Arley Ospina Córdoba en un extraño incidente con la Policía, no le temblaba la voz para exigir desde el barrio La Cruz en las comunas Nororientales de Medellín, respeto y dignidad para las mujeres cuya situación les obliga a medigar alimentos en las plazas de mercado de la ciudad para alimentar a los suyos.
Lloramos porque nos duele la muerte de una lidereza de Poder Ciudadano en Medellín que no temía a las amenazas. Hemos perdido a una excepcional mujer cuyos desvelos eran en favor de la comunidad desde Latepaz, la organización comunitaria que fundó para trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de los y las desplazados y demás víctimas de la violencia invisibilizada, en una ciudad que es todo, menos equitativa y humana.

¿Neoparamilitares?

En Bahía Solano y Nuquí, Chocó, fueron capturadas 24 personas el 31 de mayo, por nexos con el grupo de Los Rastrojos, entre las cuales había 11 integrantes de los organismos de seguridad, un concejal y una secretaria de juzgado, lo que pone sobre el tapete la discusión de si se trata de un nuevo caso aislado de corrupción, propio del modus operandi de los narcos, o si es otra muestra de lazos de continuidad entre los antiguos paramilitares y los grupos que, como Los Rastrojos, los sustituyeron en numerosas regiones del país.

Entre los capturados en Bahía Solano hay siete policías, dos suboficiales de la Armada, el coordinador y un investigador del CTI, la secretaria del juzgado penal municipal y un concejal de Nuquí. Según los datos parciales recolectados por SEMANA, unos 700 miembros de la fuerza pública están siendo investigados por presunta complicidad con esos grupos que, según la Policía, llenaron en 152 municipios los espacios dejados por las AUC. El Ejército dice que casi 350 de sus miembros están bajo la lupa. La Policía ha destituido acerca de 300 y el DAS, 30. La Armada tiene nueve capturados. Y una docena de fiscales son investigados por esta razón.

En algunos casos, hay oficiales involucrados. A fines del año pasado, el CTI capturó a un coronel del Ejército y a una abogada de la Fiscalía que, durante dos años, robaron visores nocturnos y otras armas de 11 batallones para venderlas a los nuevos grupos, y un mayor de Inteligencia de la Policía fue destituido por colaborar con Los Paisas. Algunos oficiales de alto rango han sido retirados por sospechas de vínculos con estas organizaciones.

Asogras preocupada porque las autoridades no se pronuncian respecto a las denuncias hechas por corrupción en Sabana de Torres

A pesar de haber transcurrido 118 días de que ASOGRAS hizo una serie de denuncias en la ciudad de Barrancabermeja ante el señor Vicepresidente el pasado 02 de febrero, en donde el señor Procurador Provincial se comprometió a investigar lo denunciado por Asogras, hoy no se sabe que ha pasado al respecto y, por el contrario, la seguridad del presidente de Asogras se vio amenazada al punto de que le tocó salir obligado del lugar de residencia que era en una finca en la Vereda de Doradas, del municipio de Sabana de Torres, pues en dos oportunidades sujetos armados lo fueron a buscar para asesinarle en su finca, parece ser que el motivo de estas amenazas presuntamente son a causa de las denuncias que se hicieron en contra del señor Alcalde Dr. URIEL VELANDIA GUTIERREZ.

Como se recordará, estos mismos hechos se denunciaron el día 17 de Abril de 2009 ante la Fiscalía Quinta de Bucaramanga, por la conformación de una I.P.S VIDA MEJOR, de la cual, son socios el Dr. URIEL VELANDIA GUTIERREZ y alias TARAZA del Bloque Centra Bolívar, quien hoy, está detenido en una de las cárceles de Colombia.

Absuelto de todos los cargos el profesor Miguel Ángel Beltrán. "Triunfó la verdad porque el pensamiento crítico no es terrorismo."

Tras dos años de estar privado de su libertad, el profesor, Miguel Ángel Beltrán fue absuelto de los cargos de concierto para delinquir con fines terroristas y rebelión. La decisión la tomó la Juez cuarta de descongestión de Bogotá, argumentando que no fue posible demostrar su responsabilidad ni probar su militancia en las FARC-EP, ya que las pruebas que pesaban sobre el profesor no lo comprometían,. A esto se le suma la invalidez de los documentos encontradas en el computador de Raúl Reyes.

Miguel Ángel Beltrán fue capturado en México el 22 de mayo de 2009, mientras intentaba adelantar estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, acusado de ser integrante de la comisión internacional de las FARC-EP. El profesor fue extraditado a Colombia después de su captura. A lo largo de estos dos años tanto él, como su familia y distintas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la falta de garantías para su defensa, la ilegalidad de las pruebas en su contra y las irregularidades en las audiencias de su juicio, entre otras anomalías graves.

Se espera que a mediados de la próxima semana el profesor Miguel Ángel Beltrán, considerado uno de los cientos de presos políticos colombianos, sea dejado en libertad después de la absolución de esta noche. El profesor celebró la decisión y afirmó que triunfó la verdad porque el pensamiento crítico no es terrorismo.

Desde las aulas, hacia Colombia

U. de Caldas, en controversia por contrato con multinacional minera

tomado: diario la patria
Esta semana salió del cargo la Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Caldas, María Yolanda Aguirre Ospina. El cambio habría pasado como un proceso administrativo más, si no fuera porque ella presidía el Consejo de Facultad que en días pasados cuestionó el contrato que la institución firmó con la multinacional minera Anglogold Ashanti (AGA).

Aunque el rector Ricardo Gómez Giraldo negó que la salida de la Decana tenga relación con su posición frente al contrato, Aguirre Ospina le dijo a LA PATRIA que: "es muy curioso que esto suceda justo cuando se saca la carta abierta que cuestiona lo hecho".
La discusión de fondo
El objeto del contrato, por un valor de $2 mil 10 millones 215 mil 215, es realizar un monitoreo ambiental permanente en la fase de exploración en la zona de influencia del proyecto minero La Colosa, en Cajamarca (Tolima), que será a cielo abierto.

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales cuestionó, en primer lugar, que no se les hubiera consultado a los departamentos de Biología y Geología para analizar las implicaciones. "Ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto", apunta la carta abierta, que advierte sobre los riesgos incluso en la fase exploratoria.

Representantes profesorales de la UN se pronuncian contra seguimientos de VISE a estudiantes

tomado: prensa universidad

El Comité de Representantes Profesorales de la Sede Bogotá, en sesión del 30 de mayo de 2011, se enteró, con preocupación, de la situación presentada con la empresa de vigilancia, VISE, contratada por la sede Bogotá, por los seguimientos a los representantes estudiantiles de la Sede Bogotá y en especial al estudiante Jairo Rivera, Representante Estudiantil al Consejo Superior Universitario, como consta en lo consignado en algunas bitácoras de facultades diligenciadas por los vigilantes. Nos preguntamos en dónde se originan las órdenes para adelantar estos procedimientos.

El Comité demanda una claridad y suspensión inmediata de esta situación, que atenta contra la integridad física y sicológica del Representante Estudiantil al Consejo Superior Universitario, así como lo pertinente con los varios procesos disciplinarios abiertos al estudiante Rivera, hechos claramente intimidatorios y dirigidos a lesionar la libertad de opinión de la representación estudiantil.

Recordamos que tanto la representación estudiantil como profesoral hacen parte de la institucionalidad universitaria, con funciones claramente establecidas de manera estatutaria. En consecuencia, las labores que desde éstas representaciones se desarrollan no constituyen una concesión particular de la administración universitaria, por el contrario se debe propiciar el desarrollo de sus funciones, con mayor razón, merece una alerta toda acción administrativa -provenga del nivel que sea- que pretenda simbolizarla como algo anómalo dentro de la vida universitaria o intente obstaculizarla.