por:union sindical obrera
La Unión Sindical Obrera, USO, frente a la reciente protesta de trabajadores de empresas contratistas al servicio de la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energi, Pre, en los campos de Rubiales y Quifa, jurisdicción de Puerto Gaitán, Meta, se permite informar a la opinión pública lo siguiente:
El día 18 de julio, aproximadamente a las 6:00 a.m., cerca de 5.000 trabajadores de firmas contratistas al servicio de la multinacional Canadiense Pacific Rubiales Energy (PRE) iniciaron una protesta pacífica en las instalaciones de los Campos de Rubiales y Quifa, por las violaciones a sus derechos laborales y fundamentales, la implementación unilateral de los salarios la mayoría muy bajos en relación con la industria, el mal trato de sus jefes y las pésimas condiciones en las que viven en sus campamentos.
domingo, 24 de julio de 2011
viernes, 8 de julio de 2011
entrevista a Andres Gil sobre el encuentro "el dialogo es la ruta"
por: NOTIAGEN
Entre el 12 y el 15 de agosto de 2011 tendrá lugar en la ciudad de Barrancabermeja (departamento de Santander) el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes por la Tierra y la Paz en Colombia. El lema del evento es “El diálogo es la ruta” y su propósito, promover el uso de la palabra y la política como camino para lograr una solución al conflicto armado y social que vive el país hace más de 50 años. El encuentro pretende aproximar con ese fin a diferentes sectores tanto de la contienda armada como de la sociedad civil además de colocar el tema de la tenencia y uso de la tierra como epicentro de la discusión.
Hablamos con Andrés Gil, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización del Magdalena Medio que impulsa el evento junto con otras. La ACVC recibió en noviembre pasado el Premio Nacional de Paz —otorgado por El Tiempo, la revista Semana, Caracol Radio y Televisión, la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— como reconocimiento a sus 14 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, la salud, la educación y el medio ambiente. El premio animó a sus miembros a convocar el Encuentro Nacional de Paz.
Carolina Ibáñez: ¿Cuál es el punto de partida para promover este Encuentro?
Andrés Gil: El conflicto en Colombia tiene raíces estructurales, problemas históricos que nunca se han resuelto, como el de la tierra, o de una insurgencia con 50 años de permanente dinámica militar de confrontación al Estado. Después de que el Estado ha tenido el mayor apoyo económico para la vía militar con el Plan Colombia, el Plan Patriota y el desarrollo tecnológico, hay que profundizar el debate y que se reconozcan los costos humanos, económicos y sociales de la guerra. Por ejemplo, el congresista Alexánder López dice que mientras Colombia invierte cada año tres millones de pesos en un estudiante universitario, gasta 18 millones en un soldado. Estos elementos permiten deducir la necesidad de un compromiso por insistir en que esas fórmulas están desgastadas.
CI: ¿Qué ha cambiado para pensar en una posibilidad real de solución política?
AG: Hoy no se ven cambios sustanciales, pero tampoco ha ocurrido la tan cacareada victoria militar. Por lo tanto, hay preocupación entre quienes desde el establecimiento, el Estado y la comunidad internacional quisieran que la guerra ya se hubiera resuelto por la vía militar y entre quienes piensan que la salida tiene que dialogarse. Queda claro que los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe no produjo la derrota definitiva de la insurgencia y que los problemas estructurales del país se han profundizado. Por ejemplo, los cultivos de uso ilícito, muy relacionados con la falta de una reforma agraria, se mantienen a pesar de los millones y millones de dólares invertidos y de las fumigaciones emprendidas para que desaparezcan, que lo que sí han provocado son graves daños ambientales y para la salud humana. La derecha comienza a preocuparse porque el conflicto va a permanecer y puede aumentar por la profundización de la crisis. La crisis y la agitación social actual del mundo árabe, de Grecia o de España pueden llegar a América Latina y, en particular, a Colombia.
CI: ¿Pero ustedes reconocen que el conflicto va para largo?
AG: Pensamos que hay que tener paciencia. ¿Cuánto duraron los diálogos en Irlanda o Sudáfrica?, ¿cuánto están demorando en Filipinas? El diálogo es un proceso de largo plazo porque el conflicto es tan complejo que no se puede resolver en un año ni en dos ni en un mandato. Hay que tener la suficiente serenidad y capacidad para dialogar. La preocupación de la derecha genera opiniones acerca de que se necesitan otras fórmulas; eso se convierte en una oportunidad para desmovilizar las fuerzas que están a favor del diálogo.
No estamos proponiendo que el diálogo se resuelva en un evento ni que éste va a resolver el conflicto. El Encuentro pretende unir a los movimientos sociales en el reclamo de la voluntad a los actores de la contienda para identificar el camino del diálogo o de la generación deposibilidades de un intercambio permanente y paciente que también incluya al conjunto de la sociedad colombiana. El Encuentro se propone agitar el movimiento social para que las partes en la contienda expresen la voluntad de dialogar.
CI: ¿El Gobierno está apoyando el Encuentro?
AG: El Gobierno sencillamente sabe de él. La Vicepresidencia de la República reconoce que insistir en el tema del diálogo es un esfuerzo importante de las organizaciones del campo y del movimiento social. No es un apoyo explícito ni tiene que estar de acuerdo con lo que estamos proponiendo; hasta ahora está respetando el desarrollo y ve con buenos ojos ese tipo de iniciativas del movimiento social.
CI: ¿Qué pasos debería dar el Gobierno si quisiera avanzar en la solución política del conflicto?
AG: Primero, permitir que en Colombia existan el movimiento social y la izquierda. El movimiento social está sometido a ataques permanentes, a la judicialización y al asesinato de líderes populares, el más reciente, el de la compañera Fabricia Córdoba en Medellín. Sin embargo, esas personas son quienes construyen en verdad una opción distinta en este país, una alternativa desde el trabajo con las comunidades y la organización social.
Aparentemente existe democracia en Colombia, pero hay más de 32 grupos paramilitares que controlan cualquier expresión popular que vaya en contra de las medidas del establecimiento como por ejemplo la Ley de Víctimas, el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley de Tierras, el Código Minero o el Código Penal contra la protesta social. Según el Estado colombiano, todo esto es expresión de la insurgencia y así excluye toda forma de dar vía política a esas manifestaciones y que puedan decir cuál es el modelo que quieren en Colombia. Necesitamos que estas fuerzas puedan participar en la conducción de este Estado y del Gobierno.
CI: ¿Se puede conseguir que el Gobierno relacione la solución política del conflicto con la solución de los problemas estructurales en Colombia?
AG: Esta cuestión nos pone en la perspectiva de la continuidad del Encuentro. Primero, tenemos que lograr una posición conjunta del movimiento social frente los efectos del modelo y desde ahí tenemos que exigir una agenda de interlocución con el Estado sobre asuntos estructurales: los problemas de la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina, la educación o el manejo de los recursos públicos.
Si se consigue esa articulación del movimiento social, es posible generar una movilización que cambie la predisposición del Gobierno frente al diálogo. Eso también depende de que el conjunto de la sociedad modifique el condicionamiento de la era uribista en el sentido de que el diálogo significa la derrota frente a la insurgencia o una concesión a la ultraizquierda. Si alcanzamos ese cambio, haremos visible que en el panorama nacional hay un sector de la población que está a favor del diálogo, que no se trata de tres o cuatro personas, como se vio el 6 de marzo de 2008 cuando casi dos millones de personas exigieron darle visibilidad a las víctimas que los medios de comunicación no quieren dejar ver. El Encuentro es un buen momento para relanzar la agenda de movilización y visibilizar la necesidad del diálogo y de las propuestas de transformación.
Necesitamos actualizar las propuestas y sobre todo volver a encontrarnos para impulsarlas desde espacios unitarios, no fragmentados o como guetos. Tenemos que conseguir respuestas urgentes del Gobierno frente a las garantías para la participación política y a sus iniciativas frente al diálogo.
CI: ¿Qué lugar ocupan las estructuras paramilitares en este diálogo?
AG: Las estructuras paramilitares no están llamadas al Encuentro. Creemos que están controladas por sectores del Estado o por sectores del latifundio y las multinacionales. Justamente es a estos a los que estamos convocando. Tenemos que hablar con quienes orientan, disponen y están a cargo de la estrategia, no con quien cumple las acciones militares.
CI: ¿Y la insurgencia va a participar en este encuentro?
AG: El escenario se está adecuando para que los actores de la contienda, que para nosotros son el Estado y la insurgencia, muestren su disposición y voluntad frente a la posibilidad del diálogo. Este Encuentro es público y abierto y no tenemos contacto ni hacemos intercambio con la insurgencia; tampoco sabemos de su participación; además, en este momento, va a ser muy difícil que se haga presente por el estado de guerra que hay en el país. Pensamos que es importante si envía un mensaje por cualquier medio sobre su voluntad política y sobre cómo sería su participación en un diálogo. Si no lo hace, quedaría incompleto el Encuentro.
CI: ¿Cómo encajan en este panorama las llamadas Zonas de Reserva Campesina?
AG: Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son una iniciativa de las organizaciones campesinas para defender su territorio y su economía. Aunque existe un marco legal que las reglamenta y debe impulsarlas, el Estado no ha querido cumplir y nos ha tocado a las organizaciones tratar de que se cumpla. El Gobierno ha expresado unas voluntades, pero tiene dificultades para concretar las Zonas. Aunque podría haber muchas ZRC, estamos impulsando muy pocas, unas 10 ó 12. Es algo muy lento y un ejemplo de que si falta una participación democrática, las leyes que pueden beneficiar a los sectores marginados no se cumplen.
La propuesta de ZRC debería dinamizarse y fortalecerse hacia el Encuentro en Barrancabermeja, en busca de que tenga mayor alcance. También vamos a proponer nuestra visión de la reforma agraria integral para este país. Entendemos que para el Gobierno, la Ley de Tierras es una salida para tratar de resolver situaciones internas de inconformidad o la falta de modernización que tiene el campo. Pero no sólo vamos a expresar las críticas que tenemos a esa ley, tenemos que hablar cómo vemos lo que hay que hacer con el tema de la tierra en Colombia.
Vamos a formular nuestra Ley de Tierras y a mirar cómo vamos a dialogar con el Gobierno. Aunque las ZRC son una experiencia importante y un apuntalamiento del movimiento campesino, no es la propuesta central para resolver los problemas de la tierra en Colombia.
CI: ¿Existe una estrategia para salirle al paso al acaparamiento de tierras y su relación con el desplazamiento forzado?
AG: Hay muchas construcciones en el país desde hace varios años como la organización social campesina que tienen iniciativas importantes de defensa del territorio. Hay que recogerlas y hacer una estrategia nacional para que no sean aisladas. Experiencias como el Comité Nacional de Zonas de Reserva Campesina o el Congreso de los Pueblos son muy importantes, hay muchas expresiones que muestran las iniciativas regionales y locales frente al tema de la defensa del territorio, pero no han trascendido al país. Necesitamos que el país sepa de esa resistencia y buscar el momento para organizar una estrategia nacional que involucre al conjunto de la sociedad y modifique las decisiones estructurales. Destaco lo que pasó en Bucaramanga, donde 50.000 personas marcharon en defensa del páramo de Santurbán; es un ejemplo de cómo la ciudad conoce los efectos de la intervención minera y se moviliza para revertir las leyes que avasallan los territorios rurales y las reservas naturales del país.
CI: ¿Cómo ves la oposición tradicional de los sectores de derecha para un diálogo nacional?
AG: Creo que el problema es complejo.La derecha también cuenta con un sector, que no es el mayoritario, que analiza los riesgos de insistir en la salida militar. Los intentos de diálogo nacen de la voluntad de esta derecha, que cada vez es la menos fuerte. Y aunque no habla del mismo diálogo y de la misma salida que nosotros, hay que conversar con ese sector y hacerle entender que el sentido de este escenario es ejercer la política. Hay que trabajar para que esa derecha llegue a ese escenario de la política y no al del aupamiento de las estructuras que mantienen el paramilitarismo.
Una buena experiencia fue el apoyo de un sector la derecha para que se diera el Premio Nacional de Paz a la ACVC y a la ZRC; el diario El Tiempo salió en defensa de nuestra organización y de las ZRC. Eso muestra que no hay una posición única ni sólida en la derecha con respecto al camino de arrasar al movimiento popular y de la victoria miliar para resolver el conflicto. Hay que abrir el foro, desprevenirnos un poco, sin caer de tontos, y acercarnos a conversar seriamente con esos sectores. Pero no nos van a tomar en serio si no ven un movimiento social fuerte y unificado.
En ese sentido, es importante que haya más de 1.000 organizaciones apoyando el Encuentro, un destacado respaldo internacional, variedad de sectores políticos desde las organizaciones del campo y no menos de 30.000 asistentes. Ese mensaje no pueden desconocerlo fácilmente. Y aquellos que desde la derecha expresen su propuesta y busquen generar una mesa de intercambio entre los gremios económicos y el Estado por una parte, y el movimiento social, por otra, tal vez logren canalizar encuentros permanentes que aclimaten la opción de diálogo entre los actores de la contienda.
CI: ¿El diálogo es la ruta?
AG: El diálogo es la fórmula que no está desgastada y que menos oportunidades ha tenido en este país. La que ha tenido mayor relevancia es la salida militar: el último capítulo fueron los ocho años del gobierno de Uribe donde no sólo priorizó la estrategia militar sino que invirtió importantes recursos de los colombianos y de Estados Unidos. Todo este despliegue militar ha producido una grave crisis humanitaria y de derechos humanos mientras que las situaciones estructurales no sólo se mantienen sino que cada vez se profundizan más.
Los intentos del presidente Santos por dar legitimidad al Estado y orden frente a lo que se proponía Uribe se orientan a garantizar unos mínimos de viabilidad a la dominación y al mantenimiento del statu quo de la oligarquía, no para resolver los problemas estructurales. La crisis humanitaria, la crisis histórica sobre la tierra y los profundos efectos que tiene la guerra develan la desproporción de tener como prioridad en este país la guerra como solución del conflicto.
Entre el 12 y el 15 de agosto de 2011 tendrá lugar en la ciudad de Barrancabermeja (departamento de Santander) el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes por la Tierra y la Paz en Colombia. El lema del evento es “El diálogo es la ruta” y su propósito, promover el uso de la palabra y la política como camino para lograr una solución al conflicto armado y social que vive el país hace más de 50 años. El encuentro pretende aproximar con ese fin a diferentes sectores tanto de la contienda armada como de la sociedad civil además de colocar el tema de la tenencia y uso de la tierra como epicentro de la discusión.
Hablamos con Andrés Gil, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización del Magdalena Medio que impulsa el evento junto con otras. La ACVC recibió en noviembre pasado el Premio Nacional de Paz —otorgado por El Tiempo, la revista Semana, Caracol Radio y Televisión, la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— como reconocimiento a sus 14 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, la salud, la educación y el medio ambiente. El premio animó a sus miembros a convocar el Encuentro Nacional de Paz.
Carolina Ibáñez: ¿Cuál es el punto de partida para promover este Encuentro?
Andrés Gil: El conflicto en Colombia tiene raíces estructurales, problemas históricos que nunca se han resuelto, como el de la tierra, o de una insurgencia con 50 años de permanente dinámica militar de confrontación al Estado. Después de que el Estado ha tenido el mayor apoyo económico para la vía militar con el Plan Colombia, el Plan Patriota y el desarrollo tecnológico, hay que profundizar el debate y que se reconozcan los costos humanos, económicos y sociales de la guerra. Por ejemplo, el congresista Alexánder López dice que mientras Colombia invierte cada año tres millones de pesos en un estudiante universitario, gasta 18 millones en un soldado. Estos elementos permiten deducir la necesidad de un compromiso por insistir en que esas fórmulas están desgastadas.
CI: ¿Qué ha cambiado para pensar en una posibilidad real de solución política?
AG: Hoy no se ven cambios sustanciales, pero tampoco ha ocurrido la tan cacareada victoria militar. Por lo tanto, hay preocupación entre quienes desde el establecimiento, el Estado y la comunidad internacional quisieran que la guerra ya se hubiera resuelto por la vía militar y entre quienes piensan que la salida tiene que dialogarse. Queda claro que los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe no produjo la derrota definitiva de la insurgencia y que los problemas estructurales del país se han profundizado. Por ejemplo, los cultivos de uso ilícito, muy relacionados con la falta de una reforma agraria, se mantienen a pesar de los millones y millones de dólares invertidos y de las fumigaciones emprendidas para que desaparezcan, que lo que sí han provocado son graves daños ambientales y para la salud humana. La derecha comienza a preocuparse porque el conflicto va a permanecer y puede aumentar por la profundización de la crisis. La crisis y la agitación social actual del mundo árabe, de Grecia o de España pueden llegar a América Latina y, en particular, a Colombia.
CI: ¿Pero ustedes reconocen que el conflicto va para largo?
AG: Pensamos que hay que tener paciencia. ¿Cuánto duraron los diálogos en Irlanda o Sudáfrica?, ¿cuánto están demorando en Filipinas? El diálogo es un proceso de largo plazo porque el conflicto es tan complejo que no se puede resolver en un año ni en dos ni en un mandato. Hay que tener la suficiente serenidad y capacidad para dialogar. La preocupación de la derecha genera opiniones acerca de que se necesitan otras fórmulas; eso se convierte en una oportunidad para desmovilizar las fuerzas que están a favor del diálogo.
No estamos proponiendo que el diálogo se resuelva en un evento ni que éste va a resolver el conflicto. El Encuentro pretende unir a los movimientos sociales en el reclamo de la voluntad a los actores de la contienda para identificar el camino del diálogo o de la generación deposibilidades de un intercambio permanente y paciente que también incluya al conjunto de la sociedad colombiana. El Encuentro se propone agitar el movimiento social para que las partes en la contienda expresen la voluntad de dialogar.
CI: ¿El Gobierno está apoyando el Encuentro?
AG: El Gobierno sencillamente sabe de él. La Vicepresidencia de la República reconoce que insistir en el tema del diálogo es un esfuerzo importante de las organizaciones del campo y del movimiento social. No es un apoyo explícito ni tiene que estar de acuerdo con lo que estamos proponiendo; hasta ahora está respetando el desarrollo y ve con buenos ojos ese tipo de iniciativas del movimiento social.
CI: ¿Qué pasos debería dar el Gobierno si quisiera avanzar en la solución política del conflicto?
AG: Primero, permitir que en Colombia existan el movimiento social y la izquierda. El movimiento social está sometido a ataques permanentes, a la judicialización y al asesinato de líderes populares, el más reciente, el de la compañera Fabricia Córdoba en Medellín. Sin embargo, esas personas son quienes construyen en verdad una opción distinta en este país, una alternativa desde el trabajo con las comunidades y la organización social.
Aparentemente existe democracia en Colombia, pero hay más de 32 grupos paramilitares que controlan cualquier expresión popular que vaya en contra de las medidas del establecimiento como por ejemplo la Ley de Víctimas, el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley de Tierras, el Código Minero o el Código Penal contra la protesta social. Según el Estado colombiano, todo esto es expresión de la insurgencia y así excluye toda forma de dar vía política a esas manifestaciones y que puedan decir cuál es el modelo que quieren en Colombia. Necesitamos que estas fuerzas puedan participar en la conducción de este Estado y del Gobierno.
CI: ¿Se puede conseguir que el Gobierno relacione la solución política del conflicto con la solución de los problemas estructurales en Colombia?
AG: Esta cuestión nos pone en la perspectiva de la continuidad del Encuentro. Primero, tenemos que lograr una posición conjunta del movimiento social frente los efectos del modelo y desde ahí tenemos que exigir una agenda de interlocución con el Estado sobre asuntos estructurales: los problemas de la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina, la educación o el manejo de los recursos públicos.
Si se consigue esa articulación del movimiento social, es posible generar una movilización que cambie la predisposición del Gobierno frente al diálogo. Eso también depende de que el conjunto de la sociedad modifique el condicionamiento de la era uribista en el sentido de que el diálogo significa la derrota frente a la insurgencia o una concesión a la ultraizquierda. Si alcanzamos ese cambio, haremos visible que en el panorama nacional hay un sector de la población que está a favor del diálogo, que no se trata de tres o cuatro personas, como se vio el 6 de marzo de 2008 cuando casi dos millones de personas exigieron darle visibilidad a las víctimas que los medios de comunicación no quieren dejar ver. El Encuentro es un buen momento para relanzar la agenda de movilización y visibilizar la necesidad del diálogo y de las propuestas de transformación.
Necesitamos actualizar las propuestas y sobre todo volver a encontrarnos para impulsarlas desde espacios unitarios, no fragmentados o como guetos. Tenemos que conseguir respuestas urgentes del Gobierno frente a las garantías para la participación política y a sus iniciativas frente al diálogo.
CI: ¿Qué lugar ocupan las estructuras paramilitares en este diálogo?
AG: Las estructuras paramilitares no están llamadas al Encuentro. Creemos que están controladas por sectores del Estado o por sectores del latifundio y las multinacionales. Justamente es a estos a los que estamos convocando. Tenemos que hablar con quienes orientan, disponen y están a cargo de la estrategia, no con quien cumple las acciones militares.
CI: ¿Y la insurgencia va a participar en este encuentro?
AG: El escenario se está adecuando para que los actores de la contienda, que para nosotros son el Estado y la insurgencia, muestren su disposición y voluntad frente a la posibilidad del diálogo. Este Encuentro es público y abierto y no tenemos contacto ni hacemos intercambio con la insurgencia; tampoco sabemos de su participación; además, en este momento, va a ser muy difícil que se haga presente por el estado de guerra que hay en el país. Pensamos que es importante si envía un mensaje por cualquier medio sobre su voluntad política y sobre cómo sería su participación en un diálogo. Si no lo hace, quedaría incompleto el Encuentro.
CI: ¿Cómo encajan en este panorama las llamadas Zonas de Reserva Campesina?
AG: Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son una iniciativa de las organizaciones campesinas para defender su territorio y su economía. Aunque existe un marco legal que las reglamenta y debe impulsarlas, el Estado no ha querido cumplir y nos ha tocado a las organizaciones tratar de que se cumpla. El Gobierno ha expresado unas voluntades, pero tiene dificultades para concretar las Zonas. Aunque podría haber muchas ZRC, estamos impulsando muy pocas, unas 10 ó 12. Es algo muy lento y un ejemplo de que si falta una participación democrática, las leyes que pueden beneficiar a los sectores marginados no se cumplen.
La propuesta de ZRC debería dinamizarse y fortalecerse hacia el Encuentro en Barrancabermeja, en busca de que tenga mayor alcance. También vamos a proponer nuestra visión de la reforma agraria integral para este país. Entendemos que para el Gobierno, la Ley de Tierras es una salida para tratar de resolver situaciones internas de inconformidad o la falta de modernización que tiene el campo. Pero no sólo vamos a expresar las críticas que tenemos a esa ley, tenemos que hablar cómo vemos lo que hay que hacer con el tema de la tierra en Colombia.
Vamos a formular nuestra Ley de Tierras y a mirar cómo vamos a dialogar con el Gobierno. Aunque las ZRC son una experiencia importante y un apuntalamiento del movimiento campesino, no es la propuesta central para resolver los problemas de la tierra en Colombia.
CI: ¿Existe una estrategia para salirle al paso al acaparamiento de tierras y su relación con el desplazamiento forzado?
AG: Hay muchas construcciones en el país desde hace varios años como la organización social campesina que tienen iniciativas importantes de defensa del territorio. Hay que recogerlas y hacer una estrategia nacional para que no sean aisladas. Experiencias como el Comité Nacional de Zonas de Reserva Campesina o el Congreso de los Pueblos son muy importantes, hay muchas expresiones que muestran las iniciativas regionales y locales frente al tema de la defensa del territorio, pero no han trascendido al país. Necesitamos que el país sepa de esa resistencia y buscar el momento para organizar una estrategia nacional que involucre al conjunto de la sociedad y modifique las decisiones estructurales. Destaco lo que pasó en Bucaramanga, donde 50.000 personas marcharon en defensa del páramo de Santurbán; es un ejemplo de cómo la ciudad conoce los efectos de la intervención minera y se moviliza para revertir las leyes que avasallan los territorios rurales y las reservas naturales del país.
CI: ¿Cómo ves la oposición tradicional de los sectores de derecha para un diálogo nacional?
AG: Creo que el problema es complejo.La derecha también cuenta con un sector, que no es el mayoritario, que analiza los riesgos de insistir en la salida militar. Los intentos de diálogo nacen de la voluntad de esta derecha, que cada vez es la menos fuerte. Y aunque no habla del mismo diálogo y de la misma salida que nosotros, hay que conversar con ese sector y hacerle entender que el sentido de este escenario es ejercer la política. Hay que trabajar para que esa derecha llegue a ese escenario de la política y no al del aupamiento de las estructuras que mantienen el paramilitarismo.
Una buena experiencia fue el apoyo de un sector la derecha para que se diera el Premio Nacional de Paz a la ACVC y a la ZRC; el diario El Tiempo salió en defensa de nuestra organización y de las ZRC. Eso muestra que no hay una posición única ni sólida en la derecha con respecto al camino de arrasar al movimiento popular y de la victoria miliar para resolver el conflicto. Hay que abrir el foro, desprevenirnos un poco, sin caer de tontos, y acercarnos a conversar seriamente con esos sectores. Pero no nos van a tomar en serio si no ven un movimiento social fuerte y unificado.
En ese sentido, es importante que haya más de 1.000 organizaciones apoyando el Encuentro, un destacado respaldo internacional, variedad de sectores políticos desde las organizaciones del campo y no menos de 30.000 asistentes. Ese mensaje no pueden desconocerlo fácilmente. Y aquellos que desde la derecha expresen su propuesta y busquen generar una mesa de intercambio entre los gremios económicos y el Estado por una parte, y el movimiento social, por otra, tal vez logren canalizar encuentros permanentes que aclimaten la opción de diálogo entre los actores de la contienda.
CI: ¿El diálogo es la ruta?
AG: El diálogo es la fórmula que no está desgastada y que menos oportunidades ha tenido en este país. La que ha tenido mayor relevancia es la salida militar: el último capítulo fueron los ocho años del gobierno de Uribe donde no sólo priorizó la estrategia militar sino que invirtió importantes recursos de los colombianos y de Estados Unidos. Todo este despliegue militar ha producido una grave crisis humanitaria y de derechos humanos mientras que las situaciones estructurales no sólo se mantienen sino que cada vez se profundizan más.
Los intentos del presidente Santos por dar legitimidad al Estado y orden frente a lo que se proponía Uribe se orientan a garantizar unos mínimos de viabilidad a la dominación y al mantenimiento del statu quo de la oligarquía, no para resolver los problemas estructurales. La crisis humanitaria, la crisis histórica sobre la tierra y los profundos efectos que tiene la guerra develan la desproporción de tener como prioridad en este país la guerra como solución del conflicto.
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