copia: prensa rural
Miles y miles de estudiantes universitarios desfilaron en casi todas las capitales del país, constituyendo el más nutrido y entusiasta destacamento de la movilización del 7 de abril, en la que también participaron masivamente los educadores, los operarios de la ETB y otras organizaciones que enfrentan la agresiva política de despojar a la gente de los derechos y de rematar los bienes de la Nación. Con valor, la juventud colmó calles y plazas para denunciar que Juan Manuel Santos y María Fernanda Campo, cumpliendo las órdenes de los organismos multilaterales, quieren arrebatarle las ya escasas posibilidades de acceder a la educación superior, a la que se proponen convertir en un mero negocio desprovisto de cualquier nivel científico y de toda libertad. En conjunto con las protestas habidas la semana anterior en varios establecimientos, esta marcha logró poner en el debate público las desastrosas consecuencias que acarreará el proyecto de reforma oficial y dar a conocer precario estado de la educación superior, en particular el de las universidades estatales. Los rectores y profesores también han contribuido con sus críticas y análisis y lo propio han hecho los trabajadores. El rechazo ha crecido a tal punto que hasta en las encuestas de televisión y prensa la condena a la embestida privatizadora es contundente.
La ministra, puesta en evidencia, corre de un medio de comunicación a otro, de una región cercana a otra distante, a fin de aparentar que debate el tema, y, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de los publicistas y asesores de imagen, mira a la cámara, sonríe, como puede, y recita estribillos que pregonan de su paquete legislativo virtudes que el articulado niega. Busca cubrir las infamias de su producto con una estrategia de marketing, en lo que constituye una verdadera burla a la opinión nacional, pues ella tiene ya sus metas trazadas y sólo tomará de lo que los demás digan unas cuantas frases, sin alterar el fondo.
Se presenta como la abanderada de la reforma de la Ley 30 de 1992, —objeto de repudio de la comunidad universitaria— cuando, si bien le introduce modificaciones, estas están encaminadas a consolidar las líneas directrices de dicha Ley, que consisten, entre otros aspectos nocivos, en congelar los recursos de las universidades públicas, amarrándolos al Índice de precios al Consumidor, IPC, política que se mantiene al pie de la letra en el mamotreto santista.
Muchas de las razones que aduce la señora Campo demuestran la inconveniencia de lo que pretende imponer. Alega, por ejemplo, que cuando se promulgó la Ley 30 no había Internet, que hoy se necesita una mayor formación y argumenta que es necesario modernizar la enseñanza. De lo cual se concluiría con facilidad que el Estado debe incrementar drásticamente sus transferencias a las instituciones públicas y que lo primero que debería derogarse es, precisamente, el artículo 86 de la disposición de hace 18 años, que la ministra lo mantiene ahora como artículo 103.
Las consecuencias de dicho artículo han sido nocivas en extremo. Los aportes de la Nación constituían antes del año 1990 el 95% de los ingresos de las universidades, en tanto que hoy representan menos del 55%; el 45% restante, 1,8 billones de pesos, tienen que conseguirlo mediante las alzas de matrículas, la venta de servicios y demás actividades propias de un ente privado. Esa es una importante razón de que la cobertura, supuesta bandera de los neoliberales Uribe y Santos, haya reducido su ritmo, pues, mientras que en el lapso de 1958-1979 creció un promedio de 14,1%, en 2002-2009 sólo lo hizo en 6,7% (Ver), si se acepta la manipulación de las cifras que hizo el gobierno de Uribe, quien sumó los estudiantes del SENA a la educación superior, con lo que “aumentó” la matrícula en un 47%. (Ver)
La funcionaria del régimen de la Unidad Nacional nos dice que el año anterior se graduaron más de seiscientos mil bachilleres y que apenas ingresó la mitad a las universidades y añade que hay más de tres millones doscientos mil jóvenes entre 17 y 27 años que nunca han entrado o que han desertado de las aulas (Ver entrevista), azote este último que alcanza al 48% de los educandos. Estos guarismos encuentran su explicación en la miseria de la gente y en la política de hacer comercio con la enseñanza. A esa multitud de muchachos colombianos el Estado les ha negado la oportunidad de obtener un cupo, pues al congelar los aportes ha restringido las posibilidades de quienes no tienen los recursos para acceder a una institución privada o no pueden pagar las matrículas incrementadas en las públicas. ¡Cómo no va a haber una deserción enorme, si con las políticas de apertura el bienestar estudiantil quedó reducido a escombros y la penuria obliga a miles a abandonar los claustros y a dedicarse al rebusque! Dichas cifras no prueban que haya que privatizar y debilitar los establecimientos públicos aún más, sino lo contrario: que se precisa cambiar la dirección del Estado para que, en vez de destinar los dineros de los impuestos a engordar a los monopolios, se dediquen a solventar las necesidades del pueblo y del progreso del país. Pretende Fernanda Campo darle al paciente como cura la pócima que lo tiene agonizante.
Contra toda evidencia, la ministra asevera que a las instituciones de educación superior, IES, públicas les van a llegar recursos como nunca antes y que se van a fortalecer. Pero, como ya se dijo arriba, el artículo 103 establece que los aportes de la Nación sólo se ajustarán de conformidad con el IPC, es decir, se mantendrán congelados. Esto ocurre cuando el Estado les transfiere anualmente a las 32 IES públicas apenas la suma de 2,2 billones de pesos, 1/67 del presupuesto, mientras que para el Ministerio de Defensa destina 10 billones y para la Policía 6 billones, lo que, hecha la adición, representa ocho veces más que todo lo que se gira al sistema de educación superior. Incluso el Instituto Nacional Penitenciario percibe más de un billón de pesos, la mitad de lo que le corresponde al Sistema Universitario Estatal, SUE. Por su parte, la deuda devora más de 37 billones, casi un tercio de todo el presupuesto nacional y 18 veces lo que reciben las universidades del Estado. No cabe duda de que estos datos desvelan los intereses de clase predominantes el un país.
Con sumas tan irrisorias, el gobierno conversa de aumentar la cobertura, mejorar la calidad, desarrollar la investigación, siendo que mantiene a la universidad pública como otra de las cenicientas, junto con la salud y el resto del sistema educativo.
La jefe de la cartera de Educación perora que no pretende asolar las instituciones estales de enseñanza superior y, como prueba, se refiere al artículo 106, que reza que la Nación aumentará los aportes a partir del 2012 en 1%, en 2013 en 2% y en 2014 y hasta el 2019 en 3%. Al tomar como base los 2,2 billones de 2011, se tiene que hasta el 2014 “el incremento” por ese concepto no alcanzará los 134 mil millones de pesos, un poco más de lo que se le entrega al tristemente célebre Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El Ministerio ha polemizado con base en unas cifras, muy seguramente sesgadas; por ejemplo, sostiene que: “La reforma permitirá que lleguen recursos adicionales al sector por valor de 2,4 billones de pesos, de los cuales el 50 por ciento es de origen público y el otro 50 por ciento provendrá del sector privado.” ¿Cómo puede asegurar que las empresas van a invertir en ese lapso 1,2 billones de pesos? En cuanto a la inversión pública, que estima en una suma igual, de la que unos 410 mil millones se asignarían a las universidades —apenas la mitad de los 700 mil millones del rezago actual— tampoco son seguros, pues una parte depende del crecimiento del PIB, que nadie sabe cuál será y que si se toma el promedio de los últimos diez años, por ese concepto los giros a las universidades se incrementarían apenas en 1,5% anual. De manera que las propias cifras oficiales son deleznables y se inflan solo para hacer atractivo el proyecto privatizador.
Pero aun tomando las proyecciones muy discutibles del MEN, el rector Wasserman señala: “En la propuesta que discutimos en Colombia, el Ministerio plantea —para financiar un crecimiento del 37% de los cupos y mejorar la calidad— la suma de 1,2 billones de pesos públicos y otro tanto de privados… Las dos cantidades corresponden apenas a un aumento de 15,8%, menos de la mitad de la meta de cupos. Dentro de esa suma, a las universidades públicas se les asignan 410.000 millones de pesos. Si estos se invirtieran exclusivamente en financiar nuevos cupos, ni un centavo para nada diferente, apenas lograría al costo actual 25.000 estudiantes nuevos durante los cuatro años. Compárese eso con la meta de 605.000 nuevos cupos de pregrado y 40.000 de posgrado.”
Está bien claro, el repicar sobre la cobertura no es más que un pretexto para propiciar la puesta en venta de todo el sistema universitario. Pero a la doctora Campo nada de lo que se argumenta y prueba la detiene, repite: “a las universidades públicas les van a llegar recursos como nunca antes", se refiere a sumas claramente insuficientes y que, además, se girarían sobre la base de aumentar cupos y de cumplir otros requisitos que implicarán nuevas y cuantiosas erogaciones que las universidades públicas no están en condiciones de hacer.
Veamos otro ejemplo de la falta de seriedad con la que la ministra aborda el tema. En entrevista con la revista Semana a la pregunta: -“Las cifras que tiene el Gobierno no parecen ser iguales a las que manejan las públicas. El rector de la Universidad Nacional dice que hace diez años invertía por estudiante lo mismo que la Universidad de los Andes, pero ahora es la tercera parte...”
Responde: “Esos son las estadísticas de la Universidad Nacional. Nosotros estamos mirando el sector en conjunto.” De esta manera olímpica la ministra elude tratar un hecho tan grave y que, a no dudar, incide en la calidad de la enseñanza, que ella proclama como uno de sus objetivos.
Pero si la situación de la UN, la más importante del país, es calamitosa, al “hablar del sector en su conjunto”, el panorama es todavía peor: el aporte promedio de la Nación por estudiante, según el MEN, es apenas de tres y medio millones de pesos y algunas instituciones reciben sumas verdaderamente ridículas, como la Distrital, con 460 mil pesos, o la de Cundinamarca con 863 mil pesos.[2]
En un gesto de arrogancia, agrega la señora Campo que “Con los recursos de esos puntos adicionales del IPC y PIB se hace una bolsa y eso se entrega por indicadores. Hoy se le giran a las universidades 22 billones de pesos [la cifra es 2,2, suponemos que se trata de un error de la revista Semana], entonces, para el año entrante, se les gira el IPC más el 1% adicional. Es una discusión fuerte. La plata tendrán que ganársela.”
Estos burócratas, sintiéndose dueños de los dineros públicos, someten a la condición de mendigos a quienes deberían estar entre los primeros beneficiarios de los impuestos que pagan los colombianos: los jóvenes estudiosos.
Otra de las trapisondas se refiere a los créditos del Icetex. En vez de cafeterías y residencias estudiantiles, el educando recibirá créditos para parte de su manutención, que habrá de cancelar una vez haya concluido sus estudios. La funcionaria asegura que dichos empréstitos tendrán una tasa de interés igual a cero; oculta que, según el articulado, esto solo se cumplirá mientras se esté cursando la carrera (art 120) y que, una vez concluida o suspendida, los intereses empezarán a correr. Proliferarán los desertores endeudados y los que lleguen a obtener el diploma pasarán muchos años abonando al Icetex, sin poder continuar los estudios de postgrado, algo que ya ocurre pero que se generalizará. También jura que el valor de las matrículas no se incrementará, cuando es claro que sea crea un clima para alzas abruptas y así lo prevé el articulado cuando da cabida a las subidas por encima de la inflación. (Art. 100).
Basta por el momento insistir en que el régimen de la Prosperidad Democrática se propone aprobar a toda costa su complot mercantilista contra la educación y que no hay proyectos de ley ni referendos que puedan frenarlo. La victoria de los defensores de la enseñanza y del progreso será fruto únicamente de la más amplia lucha de toda la comunidad universitaria: Notas Obreras se atreve a sugerir que se prepare con esmero un paro nacional indefinido de todas las universidades públicas, batalla que debe iniciarse a tiempo, para que no se convierta en una mera jornada de protesta en la víspera de la aprobación de la ley más lesiva de la historia de la educación pública superior. La jornada del 7 de abril mostró que las condiciones evolucionan favorablemente para una tarea de esta envergadura.
La defensa de la universidad pública debe ser un empeño de todos los colombianos que no están comprometidos con los intereses mezquinos de los financistas internacionales.
[1] El Tiempo, 10 de abril de 2011, Aportes de la Nación por estudiante a las universidades públicas, pág. 3
