Un “abril rojo” para líderes de desplazados, para miembros de organizaciones que defienden los derechos humanos, mujeres y afrodescendientes. Eso advierte la amenaza que llegó al correo del director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Bolívar, Arturo Zea.
El lunes en la tarde llegó ese mensaje, firmado por el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac). Zea dice que la población desplazada en esa región es una de las más grandes del país, 240 mil en Bolívar.
“Mensajes como el que recibí van dirigidos a líderes de desplazados y buscan intimidar, evitar que avancen procesos como el de restitución de tierras. Las bacrim han tomado fuerza, intentan dominar barrios”, advierte Zea.
Las amenazas despertaron la atención de las autoridades en Cartagena que convocaron, de manera extraordinaria, a una mesa de prevención y protección de desplazamiento para analizar la situación en la que se encuentran las organizaciones de víctimas asentadas en la capital de Bolívar y adoptar las medidas que permitan garantizar seguridad.
Noemí Torres, presidenta de la Asociación de Desplazados de Cartagena (Asodescar), dice que la situación para las casi 16 organizaciones de desplazados, mixtas y de mujeres, algunas con incidencia en el resto del país, es grave. Por eso exigen que se pongan en marcha medidas efectivas. “No tenemos ninguna protección, no tenemos un esquema de seguridad”, señala la mujer, quien además asegura que en Cartagena “muchos casos de amenazas, que se han vuelto realidad han quedado impunes”.
Líderes como Torres advierten que aunque las autoridades locales han prestado atención a sus denuncias, no pasa lo mismo con el gobierno nacional. Es por eso que ratifican la solicitud al Ministerio del Interior y de Justicia para que a través del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) en forma conjunta con el Distrito de Cartagena y la Gobernación de Bolívar se articulen las estrategias y medidas de protección que garanticen los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sociales amenazadas.
Por las tierras
El reciente panfleto que llegó a manos de la comunidad hace fuertes advertencias a quienes insisten en los procesos de restitución de tierras. En el comité sectorial de seguridad y convivencia, que coordina políticas de seguridad entre la alcaldía y los entes de seguridad, se habló de las amenazas de las que están siendo víctimas los desplazados.
Líderes de esas organizaciones denunciaron que detrás de las amenazas hay intereses sobre las tierras, que buscan presionarlos para que autoricen la venta masiva de algunos terrenos. A uno de los líderes le sorprende el hecho de que las amenazas estén firmadas por miembros del Erpac, sin embargo, recuerda que a los comités y foros de tierras últimamente “llega gente que no tiene nada qué ver”, se refiere a personas que de un momento a otro empezaron a interesarse por el tema de tierras, que no saben quiénes son ni de dónde llegan.
Otro líder, representante de uno de los barrios más populares de la ciudad, asegura que las amenazas son también por cuestiones políticas, por sus luchas, más allá de la recuperación de las tierras. “Quieren sacarnos de nuestro barrio y lo que hacemos es intentar sacar comunidad adelante”.
Las mujeres, quienes hacen seguimiento al auto 092, que se refiere a la protección de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento, también se sienten solas. Señalan que no tienen esquema de seguridad y recuerdan que de los trece programas que manda el auto 092 sólo se ha avanzado en dos y con limitaciones, producto del temor.
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