La muerte del señor Aicardo Antonio Tobón Ortiz, líder campesino del valle del Río Cimitarra, originó que toda la unidad contraguerrilla saliera 15 días de licencia, incluso dos de los militares se les otorgó un viaje a la costa por una muerte en combate
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Durante la audiencia de juicio contra 5 militares, dos profesionales y tres regulares, de la Décima Cuarta Brigada del Ejército, el soldado Eduard Alejandro Castaño Bolaños, involucró al entonces comandante del Batallón Calibío, teniente Coronel Wilson Ramírez Cedeño, en falsos positivos y la muertes de campesinos en el nordeste de Antioquia.
El militar y sus compañeros integraban la Unidad Contraguerrilla Aguerrido 3, del Batallón Calibio, en la Décimo Cuarta Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrio Magdalena medio antioqueño, y en la audiencia narró la forma como fue asesinado el señor Aicardo Antonio Tobón Ortiz, líder campesino del valle del río Cimitarra, cometido entre las veredas El Jabonal y Puerto Matilde en Yondó, Antioquia, el 8 de julio de 2008.
Bajo la gravedad de juramento, en el Juzgado Primero Especializado de Medellín, el soldado testigo declaró que las órdenes fueron impartidas “desde los altos mandos de la Décima Cuarta Brigada”, y de esta manera incluyó en esos hechos al ex comandante del Batallón Calibío, teniente Coronel Wilson Ramírez Cedeño.
Según el relato del testigo, la muerte extrajudicial del campesino fue cometida en horas de la madrugada del 8 de julio de 2008, cuando la unidad Aguerrido Dos del Ejército se encontraba en la base fortaleza del municipio de San Francisco, bajo el mando del Teniente Edgar Iván Maestre Flórez.
El soldado Castaños Bolaños rememoró, que ese día prestaba servicio de centinela, cuando se anunció el abastecimiento y la llegada de la alimentación, y reveló que en el envío llegó un dinero para todo el pelotón por supuesta gratitud por la liberación de la ex candidata presidencial Íngrid Betancur.
Igualmente, el soldado regular señaló que después de recibir el dinero de forma ordenada, se les anunció que de ese dinero debían hacer un aporte para conseguir un permiso para la contraguerrilla, a través de “legalizar a alguien y hacerlo pasar como subversivo muerto en combate”.
El dinero recaudado sirvió para comprar un arma, con la cual legalizarían a la persona. Todos los integrantes de la unidad militar le entregaron el dinero al Teniente Maestre Flórez, denunció el exmilitar que sirve de testigo en la audiencia por ese crimen.-
Y prosiguió su relato: “Durante la noche del día 7 de julio, hubo una reunión con los Cabos del Ejército de apellidos Piñeres y Perdomo y el Teniente Maestre, escogieron a un personal para efectuar la misión táctica Mármol u Operación Majestad, donde se daría de baja a alias el Murciélago”
Afirmó el soldado que la orden partió del mayor Rodríguez, quien era el jefe de operaciones y quien avaló la acción ilícita en la que darían muerte al señor Aicardo Antonio Tobón Ortiz, de quien dijeron en su momento que se trata de una “una persona a la cual se le debía tener mucho cuidado porque era una persona de alta peligrosidad”.
Según la denuncia, “al escogerse el personal para la misión se buscó al civil llamado Jonathan Alejandro, civil en contra de quien también hay un proceso judicial por el mismo asesinato, y dijo que ese civil “desde hace varios años venía trabajando en inteligencia militar del Batatallón Calibio”.
Según el soldado Castaño Bolaños, “el civil Jonathan Alejandro fue la persona que se encargó de conseguir el revolver calibre 38 reforzado a la cual le borraron el serial, y con el cual armarían la escena del crimen”.
El señor Alejandro acompaño a los militares para que llegaran en horas de la madrugada a la vereda Jabonal en límites con Puerto Matilde y Yondó, a buscar al supuesto subversivo, cuando le anunció el Teniente Flórez al soldado regular que “usted es el que le va a dar”, narró el soldado en la audiencia de este martes en Medellín.-
Más relatos
“Minutos antes de llegar a la casa donde se encontraba el líder Aicardo Antonio, los militares montaron una escena falsa de un supuesto enfrentamiento con la guerrilla donde instalaron campo minado, campamento de subversivos y tiraron por la zona prendas de uso privativo del Ejército. Después de separar al grupo en dos, se fueron por la parte de debajo de la finca con el Cabo Perdomo, cuando vieron una choza después de un corral”.
El soldado regular Eduard Alejandro Castaño Bolaños, afirmó que “los dos militares tocaron la puerta del campesino, el hombre estaba abriendo la puerta cuando el soldado lo empujó de una patada abrió la puerta y le propino varios disparos, al sentir que le tocaron la pierna, le propino otros tres disparos”, causándole la muerte al instante al líder campesino.
Siempre según el relato del militar, luego de varios minutos, los otros soldados bajaron al señor Aicardo y montaron la escena donde murió el campesino. Le pusieron el arma y dispararon tres veces al aire para hacer de cuenta de que (él) había disparado, los vistieron con prendas del ejército, y notificaron al Batallón Calibio de un baja en combate”.
La población que residía cerca de la zona expresó su desacuerdo con la muerte del campesino y señaló que este hombre era una persona de bien y no tenía ninguna relación con delincuentes.
La comunidad comenzó a sacar machetes, palos y la emprendieron en contra de los militares, cuando llegó uno de los militares y persuadió a la comunidad indignada.
La muerte del señor Aicardo Antonio Tobón Ortiz, líder campesino del valle del Río Cimitarra, originó que toda la unidad contraguerrilla saliera 15 días de licencia, incluso dos de los militares se les otorgó un viaje a la costa por una muerte en combate.
Los cinco militares investigados por este hecho son acusados de homicidio en persona protegida y tendría una condena de 40 años.
Ante los señalamientos que hizo el soldado regular y la denuncia de amenazas en su contra, el Juez que adelanta el caso ordenó el traslado inmediato del militar e instó al INPEC a ofrecerle medidas extremas de seguridad.
La abogada de la Corporación Humanidad Vigente, representante de los familiares de la victima, Olga Silva, señaló que con este testimonio se demuestra nuevamente las irregularidades en las ejecuciones arbitrarias o mal llamados falsos positivos, pues el soldado relató que esta práctica era aplicada por algunos militares para obtener permisos y dar resultados.
Noticia en Caracol Radio:
http://caracol.com.co/nota.aspx?id=1460612
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