desalojo al movimento 15M de españa

La alerta comunicada en las redes sociales y la propia atención que estaba recibiendo el desalojo en los medios ha dado la vuelta al operativo policial que desde las 6.30 de la mañana pretendía desalojar la acampada del movimiento 15M en Barcelona.
Cientos de personas han logrado burlar el cordón policial que mantenía aislada la acampada de las concentraciones de apoyo que se han ido sucediendo a lo largo de la mañana en todo el perímetro de la Plaça Catalunya. Todas ellas han logrado acceder a lo que queda del campamento después de que una docena de camiones de limpieza y las propias arremetidas de la policía hayan arrasado con las infraestructuras levantadas por el movimiento en los últimos días.
Siete horas después de que comenzara el dispositivo conjunto de Mossos de Esquadra, Guardia Urbana y BCneta (el servicio municipal de limpieza), el presunto operativo de limpìeza se había transformado en un problema de orden público con decenas de personas heridas debido a las cargas de la policía.
Las declaraciones oficiales han insistido a lo largo de la mañana en el carácter pacífico de la operación policial, pese a que las cámaras de medios como Antena 3 hayan retransmitido en directo las agresiones policiales a manifestantes pacíficos. Desde la asamblea de la acampada se está pidiendo la dimisión del conseller de interior, Felip Puig. Las cifras de personas heridas oscilan entre las 14 recogidas por La Vanguardia y las 43 de las que está reportando Radio Nacional y la Agencia EFE.

COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA RESIDENCIAS

Los estudiantes de las RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UIS, comprometidos con el fortalecimiento y permanencia de este beneficio que ha permitido la inclusión de estudiantes de bajos recursos económicos en el sistema educativo y promoviendo así el desarrollo socioeconómico de nuestra nación.

DENUNCIAN

Los estudiantes residentes están siendo señalados de ser los responsables de entorpecer el proceso de adjudicación de 11 cupos de 30, que llevan más de 6 meses libres en las Residencias Universitarias, en el cual se han inscrito 24 estudiantes en situación socioeconómica vulnerable, por las directivas de Bienestar Universitario encabeza del médico Isnardo Ardila Rueda, que se han dedicado a saltarse arbitrariamente el debido proceso, afectando la transparencia, privando a los estudiantes aspirantes de poder acceder al beneficio, mal informando a la comunidad universitaria, basándose en negar peticiones que los estudiantes residentes han hecho amparados en medios legítimos, como, el poder elegir el profesional del área de psicología que se encargue de atenderlos y que participa en el proceso de revalidación y adjudicación de cupos.

Además, se dictan y cambian determinaciones del comité de adjudicación, sin tener en cuenta al veedor de los residentes y bajo el consentimiento de uno de los representantes de los estudiantes ante Bienestar Universitario, Julián Màsmela Castillo, (que representa más los intereses de Bienestar Universitario que de los estudiantes) y la inexistencia del otro; Dificultando así, el acercamiento entre los estudiantes residentes y los estudiantes aspirantes, siendo esto muy importante, ya que finalmente los estudiantes adjudicados van a ser los compañeros de convivencia.

Generan además persecución contra los estudiantes residentes que aun, cumpliendo con los requisitos, se les pide el cupo interpretando a su manera los acuerdos que rigen el funcionamiento de las residencias, y así, no permitiendo que se dediquen plenamente a su proceso académico.
¿Qué se esconde detrás de este proceder administrativo? A tal punto de ir en contra de la Misión de la Universidad y de una serie de compromisos mínimos consagrados en la carta de ciudadanía declarada por las mismas directivas; cuando son estos mismos, los primeros que no reconocen esa “actitud dialógica”, la cual presupone el reconocimiento del otro como interlocutor válido. ¿Dónde existe la participación democrática?, ¿La reflexión crítica?, ¿La legitimidad?

Exhortamos a todos los estamentos de la Comunidad Universitaria a estar al tanto, y a manifestarse en contra de esta situación, ya que estas medidas dejan entrever una serie de violaciones que atentan contra nuestros derechos como estudiantes y ciudadanos.

ESTUDIANTES RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UIS

Bucaramanga, 25 de Mayo de 2011.

No a la financiación minera en las universidades

por: Federacion de Estudiantes Universitarios

En el pasado mes de Mayo la Universidad de Caldas, en cabeza del rector Ricardo Gómez, firmó un contrato de prestación de servicios con la compañía minera transnacional Anglo Gold Ashanti (AGA), prueba de la imposición gradual de la lógica mercantilista en ésta Alma Máter, y como tal, manifestación de la política económica del Estado colombiano, orientada hacia el fortalecimiento de la gran minería, por encima de los derechos fundamentales de las comunidades y los intereses generales de los colombianos. Ante dicha situación la Federación de Estudiantes Universitarias FEU, como parte activa de la dinámica estudiantil de la Universidad de Caldas, invita a la reflexión sobre algunas de las implicaciones que generaría dicho acuerdo, evidenciando que éste no es independiente de otras problemáticas generales, como la reforma a la ley 30 de 1992 (actualmente discutida en el Congreso de la República).
En la medida en que es el gobierno del Dr. Juan Manuel Santos quien establece la gran Minería como uno de los ejes que impulsa la inversión extranjera y permite reducir el déficit fiscal al elevar –según él- el crecimiento económico. La puesta en marcha de esta “locomotora de la minería” como parte de un proceso iniciado por el gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez1, implica un proceso de reorganización jurídica de la actividad minera (Ley 1382 de 2010, Decreto 2715 de 2010), que entre otras medidas, aumenta la restricción de la minería artesanal o tradicional, a la vez que permite la flexibilización de la tributación para los inversionistas extranjeros, en aras de facilitar la confianza inversionista. Esta apuesta por la gran minería impone la presencia protagónica de poderosas compañías mineras trasnacionales, en contraste con la exclusión y persecución a los pequeños mineros; compañías como Gran Colombia Gold Corp, Medoro Resources Ltd, Anglo Gold Ashanti, Gold y Mineros, y Greystar, han recibido concesiones y permisos para la explotación minera en el territorio nacional, incluyendo zonas protegías y zonas de ecosistemas frágiles como los páramos. Relacionado con esto se encuentra la persecución a los pequeños mineros (mineros artesanales) en el marco de la lucha contra la minería ilegal (Ley 1382 de 2010, Decreto 2715 de 2010). Encauzando el uso de la fuerza del Estado a señalar, penalizar y encarcelar a quienes buscan en la pequeña minería una forma de sobrevivir, en un contexto marcado por la desigualdad, la exclusión social, política y económica: en Marzo de este año el Departamento de Policía de Caldas, dio a conocer la captura de seis personas en el Municipio de Neira, los elementos incautados fueron: 3 bateas medianas hechas en madera; 2 macetas medianas con cabo de madera; 2 machetes; 2 cinceles medianos en acero; 2 barras de acero; 1 pala; y 1 azadón de arrastre. El delito: explotación minera ilegal y violación a la explotación minera, sin los permisos y licencias correspondientes (Código Penal, Código de Minas). Demostrando así el favorecimiento a las grandes compañías mineras y la persecución a labriegos y mineros artesanales por parte de las instituciones del Estado, en consecuencia con el modelo neoliberal, en el cual, las funciones del Estado se reducen a tareas policivas y de vigilancia, orientadas a garantizar el cumplimiento de las concesiones, licitaciones y demás contratos, para la explotación minera, es decir, el monopolio de las trasnacionales sobre nuestra territorios, los recursos y la biodiversidad. Y es en éste escenario, que da su aparición la explotación minera de la Anglo Gold Ashanti (AGA).
La AGA es una de las tres primeras compañías de explotación aurífera en el mundo, en los últimos años ha sido cuestionada por los gravísimos e irreparables daños ambientales generados por la explotación de oro en diferentes lugares, incluyendo Ghana, y la violación de derechos humanos denunciada por agencias internacionales como Green Peace “que incluyen torturas y asesinatos por parte del personal de seguridad privado de la compañía” (SEMANA, pág. 27 de enero de 2011). En el país ya existen denuncias sobre esta práctica de la AGA., se le imputó la tortura y asesinato en Febrero del año pasado, de dos mineros de la comunidad de la Serranía de San Lucas: Omar Alonso Ospina y su hermano José de Jesús Restrepo, miembros de la federación de mineros en la región del sur de Bolívar (Fedeagromisbol), (www.pacificocolombia.org).
En el país la AGA ha solicitado contratos en más de 21 departamentos y un total de 2.114 solicitudes para la explotación minera; desde 2007 ha orientado actividades de este tipo en La Colosa, reserva minera de 4.000 hectáreas, ubicada cerca al municipio de Cajamarca en Tolima, que posee un estimado 12 millones de onzas.
1 Durante el gobierno de Uribe Vélez se ofrecieron atractivos beneficios y ventajas que favorecieron la inversión de transnacionales mineras en el país. Solo entre 2002 y 2009, las concesiones sólo en los páramos pasaron de 70.000 a 122.000 hectáreas. Mientras que el área titulada para la explotación minera pasó de un millón a 8.5 millones de hectáreas (El Espectador, 23 de enero de 2011). Esta apuesta incluyó la posibilidad de realizar explotaciones mineras en zonas protegidas. Para el mes agosto del 2010 habían 8.827 títulos oficialmente otorgados por INGEOMINAS a distintas empresas extranjeras y nacionales, de los cuales 571 (203 mil hectáreas) estaban ubicadas en parques nacionales y regionales naturales, páramos, humedales y zonas de reserva forestal protectoras (Desde Abajo, Noviembre 2010).
Las actividades de exploración emprendidas por la AGA en este proyecto, han sido cuestionadas por iniciarse sin los permisos necesarios otorgados por las instituciones competentes como es el caso de CORTOLIMA; para este proyecto la AGA, tiene presupuestado alrededor de 2 billones de dólares, lo que representa el proyecto de explotación minera a cielo abierto más ambicioso que se haya realizado en el país y la región. Este proyecto entra a ser apoyado desde hace pocos días por la Universidad de Caldas, quien se compromete a realizar un monitoreo ambiental permanente de los aspectos bióticos, hidroclimáticos e hidrogeológicos, durante la fase de exploración, firmando un contrato de prestación de servicios por dos mil diez millones doscientos quince mil doscientos quince pesos ($2.010.215.215).
Este contrato hace parte de una de las exigencias para iniciar el proyecto de explotación minera a cielo abierto, impuestas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) a la AGA, y a pesar de ser ofrecido con anterioridad a la Universidad del Tolima, ésta se niega a realizarlo debido a las limitaciones y condicionamientos que se le imponen. En contraste la Universidad de Caldas, en cabeza del rector Ricardo Gómez, celebra dicho contrato de manera anormal (no es tenida en cuenta la opinión de los representantes de estudiantes y profesores al Consejo Superior, ni la comunidad académica en general), negando la discusión y análisis, como es el deber ser de una institución académica. Siendo evidente que en el contrato existen una serie de condicionamientos a la Universidad, como en el caso de la cláusula de confidencialidad, la cual reza que no se deben divulgar los resultados sino están de acuerdo las dos partes, y por lo tanto, no se puede publicar los resultados del monitoreo ambiental sin que la Anglo Gold sea consultada. Este hecho genera desconfianza sobre las pretensiones de la AGA, ya que puede “no jugar limpio” y esconder los verdaderos impactos que generará el proyecto minero de La Colosa.
A partir de estos elementos, se da pié a poner en tela de juicio a la administración de la Universidad de Caldas, quien tiene dentro de su programa institucional la responsabilidad social con la región y el país, en la medida en que es evidente que la Universidad con la celebración de este contrato, es cómplice de la violación imputada a la AGA de los DD HH en Colombia y países africanos. A la vez que se limita y condiciona la investigación científica en la Universidad, particularmente a programas como: Biología, Geología e Ingeniería Agronómica. Al restringir y debilitar, no sólo la autonomía en la investigación, sino a redefinirla con base a una lógica mercantil, orientada a favorecer los intereses de compañías extranjeras y a aumentar el rendimiento de sus capitales económicos. Todo esto en detrimento de la investigación, que posee como fin último, mejorar las condiciones sociales de la población, a la par del mantenimiento y cuidado de la biodiversidad. Esto pues, no difiere, por lo contrario complementa el proyecto de reforma al modelo de educación (reforma ley 30) que busca disminuir la participación estatal en la actividad educativa en aras de fortalecer la presencia de capitales e intereses privados. Apoyadas por una política económica que impulsa la gran minería, persiguiendo al minero artesanal y sin tener en cuenta el impacto ambiental, cultural y social, las compañías mineras, en ese caso la AGA, se NOS METIERON EN LA CASA. Se metieron en nuestro territorio, en nuestra región para excavar y exprimir nuestra riqueza natural. La misma por la que vinieron los europeos hace más de 500 años. Pero también se metieron en nuestra Universidad con la complacencia de una administración que a toda costa pretende desarrollar una educación pública bajo la lógica del mercado.
Esta acción emprendida por la U de Caldas requiere de una férrea resistencia por parte de la comunidad universitaria y de las distintas expresiones sociales, populares, académicas y ambientalistas de la ciudad y la región; es necesario articular los esfuerzos de cada uno de los actores que se ven afectados y alterados por esta apuesta, es clave generar discusiones desde la academia, acerca del significado de la Autonomía Universitaria y el papel de la ciencia en la actualidad. Es prioritario, también, emprender una serie de acciones conjuntas de las distintas expresiones sociales, populares, ambientalistas y estudiantiles que impliquen demandas jurídicas, movilización en la calle y difusión para la comprensión de la magnitud del problema. No podemos dejar que mientras se NOS METEN EN LA CASA, se continúe en la dispersión, la ambigüedad y la división de los movimientos: estudiantil, ambientalista y social. Por eso desde la Federación de Estudiantes FEU y el proceso de la Marcha Patriótica, invitamos de manera honesta a la resistencia, la movilización y la defensa de la casa. Por eso decimos:

EL MEN AJUSTA LA PROPUESTA DE LEY 30, PERO SIGUE SIENDO LO MISMO

Con cambios más estéticos que de fondo, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó la segunda versión de la propuesta de reforma del Gobierno a la Ley 30 de 1992, con el argumento de que el nuevo documento es producto del aporte de los colombianos en las semanas previas de discusión, y señaló -en contrario a sus palabras de la semana pasada- que radicará el proyecto el próximo 20 de julio, cuando inicien las nuevas sesiones del Congreso de La República.

La nueva propuesta varía en poco la inicialmente presentada y sólo hace algunas precisiones con respecto a los cuestionados temas de inversión privada en la educación pública y las IES con ánimo de lucro, y se ratifica en la decisión de que las universidades tienen que ratificar su carácter para no bajar de categoría, y para ello le amplía el plazo a 8 y no 5 años como inicialmente estaba previsto.
Principales novedades al texto de la reforma
1) Los recursos públicos para calidad en educación superior sólo se destinarán a IES públicas y privadas sin ánimo de lucro; es decir, las IES con ánimo de lucro no recibirán subsidio alguno de parte del Estado.
2) Se retiran los organismos de tercera parte como organismos de evaluación de acreditación; es decir, se acogió la "protesta" del CNA y de académicos que consideraban que era una mercantilización y la puerta abierta a la creación de empresas consultoras de acreditación.

UNA PRUEBA DEL PORQUE QUIEREN PRIVATIZAR LAS UNIVERSIDADES

En 2009, las universidades colombianas tuvieron ingresos de 7.4 billones de pesos y alcanzaron utilidades de 464.000 millones de pesos. Con un margen del 6%. Mientras las universidades privadas ganaron 340.000 millones, las universidades públicas alcanzaron los 124.000 millones.

Esta información es producto de la investigación que realizó Hoja de Negocios, página web denominada la Revista Digital de los Negocios en Colombia, que es una publicación de un grupo de economistas, quienes señalan -entre otros aspectos- que dentro de su listado de los 100 personajes mas ricos de Colombia se encuentran 4 dueños de universidades.
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Aunque hay algunos aspectos técnicos y afirmaciones que no reflejan fielmente nuestro sistema de educación superior o su conocimiento, El Observatorio de la Universidad Colombiana reproduce el informe por el enfoque del mismo, y por lo que éste puede significar en momentos en que el lucro o no de las universidades se discute dentro de la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1991.

Texto del informe
Las universidades colombianas han lanzado un fuego cerrado de artillería pesada contra la reforma a la educación superior que pretende adelantar el gobierno de Santos. Mientras los estudiantes de las universidades publicas han paralizado las distintas ciudades donde tienen sede con protestas, sus rectores no han parado de insistir en que los presupuestos tienen que crecer muy por encima de la inflación y que la autonomía esta en entredicho por cuenta de la reforma.

el "profe" de los paramilitares

No tuvo la cantidad de escoltas de un exjefe paramilitar. Tampoco fue visible en los medios de comunicación durante las negociaciones en Santa Fe de Ralito. Teodosio Pabón Contreras fue un desconocido para el país, pero entre el mundo de los paramilitares era alias ‘El Profe’, el asesor de Carlos Castaño y jefe político de tres bloque paramilitares.

Aunque el 3 de septiembre de 2005 Vicente Castaño firmó el acta de desmovilización del Bloque Centauros, fue Pabón Contreras quien representó a los 1.135 hombres de este grupo paramilitar en la mesa de negociación en reemplazo de Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’, exjefe paramilitar del Centauros asesinado por sus propios subalternos en septiembre de 2004.

Su relativo anonimato obedeció a su estrategia de “manejar un bajo perfil”, según le dijo a Justicia y Paz. En versiones libres, contó cómo dejó de ser un profesor de bachillerato para convertirse en instructor de las escuelas paramilitares en el Putumayo, Valle del Cauca y los Llanos Orientales, en el emisario de la Casa Castaño, y en un tipo de relacionista público que delinquió tratando de ‘limpiarle la imagen’ a las Auc en el centro y sur del país....

conversatorios clasistas

En libertad Aracely Cañaveral Vélez, Angie Gaona, Julian Andoni Domínguez y William Rivera Rueda.

La Fundación Lazos de Dignidad y la Asociación de Abogados Demócratas del Caribe comunican a la comunidad nacional e internacional que:
1. Hoy, mayo 16 de 2011, la juez 11 penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Cartagena (Bolívar), doctora Magdalena Otero Dávila, ordenó la libertad por vencimiento de términos de los prisioneros políticos de conciencia víctimas de montaje judicial Aracely Cañaveral Vélez, Angie Gaona, Julian Andoni Domínguez y William Rivera Rueda, quienes continúan vinculados al proceso penal impulsado por la fiscalía 5 especializada de Cartagena.
Los dirigentes estudiantiles y defensores de derechos humanos Angie Gaona, Julian Andoni Domínguez y William Rivera Rueda fueron privados de su libertad desde 13 de enero de 2011, y la líder sindical y social Aracely Cañaveral Vélez fue detenida desde el 17 de enero de 2011, bajo los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, sin existir pruebas que comprometan sus responsabilidades en la comisión de tales delitos.
En el momento, Aracely Cañaveral Vélez, Angie Gaona, Julian Andoni Domínguez y William Rivera Rueda están a la espera de cancelar las respectivas cauciones prendarias y pólizas para recuperar su libertad, teniendo posteriormente que desplazarse por sus propios medios económicos a sus ciudades de origen ubicadas en Medellín y Bucaramanga.
Llamado a la solidaridad Apelamos a la solidaridad de las organizaciones sociales y sindicales para solicitarles su apoyo económico a fin de lograr transportar a los líderes en libertad a sus ciudades de origen.
Igualmente, solicitamos mantener su atención en el caso puesto que el señalamiento que han padecido Aracely Cañaveral Vélez, Angie Gaona, Julian Andoni Domínguez y William Rivera Rueda constituye un factor de riesgo para sus vidas y derechos humanos.

Las capturas por el homicidio de la jueza Gaona son denunciadas como montajes judiciales

En la madrugada del sábado 30 de abril, varios habitantes del municipio de Saravena (Arauca) fueron capturados y sus viviendas allanadas por la Policía Nacional. Minutos después, medios comunicación como El Tiempo o Caracol TV (1) anunciaban la captura de los supuestos responsables del homicidio de la jueza Gloria Constanza Gaona. Voceros del Gobierno de Juan Manuel Santos, incluido el mismo presidente, afirmaron que los jóvenes judicializados eran milicianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que con tal hecho quedaba descartada la participación del Ejército Nacional en el crimen de la funcionaria judicial.
Lo que no dijeron los medios es que los jóvenes Nelson Archila, Robinson Adrián Ortega y José Diomedes Gamboa Giraldo fueron capturados en sus propias casas, ubicadas en el mismo municipio de Saravena, y que todos ellos habían sido objeto de retenciones y reseñas irregulares por parte de la Policía en los días previos a su judicialización, tal como lo expresaron sus familiares en las respectivas denuncias presentadas ante la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Según esta organización, funcionarios de la Policía retuvieron a Nelson Archila varias veces antes de su captura y en una de esas ocasiones lo condujeron a uno de los barrios de Saravena e intentaron obligarlo a quitar una pancarta alusiva a una de las organizaciones insurgentes que operan en la región.
Según la referida denuncia, Robinson Adrián Ortega había sido reseñado por agentes de Policía en su vivienda, luego de lo cual voluntariamente se presentó en las instalaciones de la DIJIN, en donde la policía judicial revisó su cédula y le informó que podía irse tranquilo. Los familiares de los jóvenes privados de su libertad califican esos hechos como irregulares y opinan que son víctimas de montajes judiciales o falsos positivos.
Por otra parte, es de resaltar que la audiencia de legalización de la captura (realizada en Saravena el mismo día de las capturas) también se vio afectada por hechos irregulares. En primer lugar, la audiencia inicialmente se intentó celebrar a puerta cerrada, pero a solicitud de un abogado defensor se pudo mantener su carácter público. Así mismo, otro abogado asistente a la diligencia judicial calificó como «exabrupto jurídico» el hecho de que la Fiscalía desarrollara lo relativo a las “fuentes humanas” que habrían dado información acerca de los tres imputados.
Finalmente, madres, esposas y hermanas de los tres capturados denunciaron que no se les permitió proporcionar a éstos medicinas y ropa suficiente, ya que serían trasladados a la ciudad de Bogotá, donde ya se encuentran en este momento.
El celular
Mientras la Fiscalía publicita la “ardua labor investigativa” llevada a cabo por los miembros de la policía judicial, los trabajadores de la región del Sarare encontraron en un teléfono celular de uso oficial fotografías que respaldarían la denuncia de montajes judiciales. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Clase Obrera, dos miembros del servicio de inteligencia de la policía fueron sorprendidos por los marchantes, quienes retuvieron el teléfono celular de uno de ellos con el que se fotografiaba a los participantes de la jornada. A pesar de que el comandante de la estación de policía de Saravena eliminó el contenido de la memoria del celular cuando éste le fue devuelto (a través de acta escrita) los líderes sociales ya habían descargado las fotos y videos que contenía.
En el mencionado aparato se encontraron fotos no sólo de la marcha del Primero de Mayo, sino de otra manifestación pública que habían realizado los docentes de Saravena el pasado 7 de abril. Además de lo anterior, se encontraron varias fotos con fecha del 14 de abril de 2011 en las que aparece el agente que tenía asignado el celular —José Alirio Umaña Lizarazo, el mismo que fotografió a los manifestantes— portando un arma y posando junto a una bandera del ELN, la cual era sostenida por otras dos personas de las que sólo aparecen sus brazos.
Los dirigentes sociales de Arauca califican estas imágenes como evidencia de que el trabajo de los funcionarios de inteligencia y de la policía judicial se acerca más a los montajes o falsos positivos, que a “exhaustivas investigaciones”, dado que ese tipo de elementos es el que posteriormente se utiliza en los expedientes como pruebas de cargo.

quien era Osama Bin Laden

Nació en 1957 en Djedda, Arabia Saudí, de padre yemení y madre originaria de Siria. Era hijo del humilde estibador que logró convertirse en el mayor contratista de obras de Arabia Saudí. El padre de Osama bin Laden, el jeque Muhammad bin Laden, ingeniero y arquitecto según algunas fuentes, simple campesino según otras, dejó su provincia natal de Hadramut, en el centro de Yemen, a principios de los años veinte. Al parecer, se instaló en Hedjaz, Arabia Saudí, en 1932. Allí hizo una fortuna colosal gracias a sus relaciones con la familia real saudí, que le encargó numerosas obras públicas, y destacó como un hombre de negocios riguroso y honesto. Su madre, según se dice, no era la esposa favorita de Muhammad bin Laden, quien tuvo 54 hijos con 11 esposas. Uno de ellos fue Osama bin Laden. Osama, que fue educado por preceptores privados, tuvo una infancia y juventud dorada, codeándose con los hijos de los príncipes saudíes.
Cuando Muhammad bin Laden murió en un accidente de helicóptero en 1968, todo su inmenso imperio industrial pasó a sus hijos. Osama, con 13 años, heredó 80 millones de dólares. Durante sus estudios en la Universidad de DJedda, bin Laden se vio influenciado por uno de sus profesores, el fundamentalista islámico Sheik Abdullah Azzam, empeñado en la liberación de la causa islámica de la dominación extranjera y alentador de la juventud musulmana para volver a los estrictos postulados de la fe islámica. En 1979, tras finalizar los estudios en la Universidad (consiguió en la Universidad de Djedda un diploma de ingeniero después de cinco años de estudio), pasó a formar parte de la plantilla de ingenieros de la empresa familiar.
A partir de 1979, Osama Bin Laden empieza a dar importancia a la religión, sin duda como reacción al acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Ese mismo año la revolución islámica barría el régimen del Sha en Irán y los soviéticos invadían Afganistán. Su trayectoria profesional quedó truncada; Osama abandonó la empresa para integrarse en el movimiento armado que combatía la presencia militar rusa en Afganistán, siguiendo la llamada de la Yihad, la guerra santa.
Su misión consistía en recoger dinero para financiar la resistencia de los movimientos islamistas contra las tropas de ocupación soviéticas. Escribía también violentas diatribas contra los comunistas, sin olvidar también al Occidente "decadente". En 1980 empieza a reclutar guerrilleros proafganos y establece sus primeros campamentos. Fue entrenado por la CIA y aprendió por la instrucción cómo mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales; a preparar explosivos; a utilizar códigos cifrados para comunicarse y a ocultarse.
En esa época los Estados Unidos aportaban su ayuda incondicional a todos los grupos afganos debido a su participación en la guerra contra la URSS (entre 1979 y 1989 los norteamericanos entregaron cerca de tres mil millones de dólares a la resistencia afgana, que favoreció a Bin Laden, y cerca de 35.000 combatientes, procedentes de 40 países, fueron formados como guerrilleros en los campos de entrenamiento situados a lo largo de la frontera con Pakistán). En 1988 funda Al Qaeda, La Base, en árabe. La mayoría de sus miembros son veteranos de la guerra de Afganistán. El grupo tiene bases en Argelia, Uzbekistán, Siria, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Líbano, Irak, Kosovo, Chechenia, Cisjordania y Gaza.
La ruptura definitiva con sus aliados norteamericanos se produjo en 1990 cuando, en su combate contra Irak, EEUU desplegó tropas en Arabia Saudí, tierra de los lugares sagrados musulmanes de La Meca y Medina. Sabiendo que, después de la guerra del Golfo, la presencia norteamericana iba a durar más tiempo en suelo saudí, Bin Laden multiplicó sus llamamientos para derrocar a la monarquía saudí. Esta decisión le acarreó primero el destierro, en 1991, y, dos años después, la pérdida de la ciudadanía saudí. Se trasladó a Sudán, donde permaneció cinco años, pero, debido a las presiones de EEUU, fue expulsado por el Gobierno sudanés.
En 1996 se instaló con su familia en Afganistán, estableciendo sus primeros contactos con el jefe de los talibanes, el "mulá" Muhammad Omar. Le entregó en matrimonio a una de sus hijas y se hizo construir en el feudo de los talibanes una lujosa y espaciosa mansión donde residió con su numerosa familia (tiene cuatro esposas y 13 hijas), gastando sin mejorar para nada las infraestructuras viarias y sanitarias de la ciudad. Ese mismo año, haciéndose eco de las exigencias de los miembros de los órganos de seguridad nacional, el presidente Clinton autorizó a la CIA a emplear todos los medios para eliminar físicamente al multimillonario saudí y destruir la estructura política y militar creada por éste, pero ninguno de los mercenarios contratados por el espionaje norteamericano (se habla de más de un millar), logró cumplir la arriesgada misión.
Su organización estableció como objetivos prioritarios el ataque a EEUU y sus aliados en Oriente Próximo. Bin Laden fue el presunto responsable de los atentados norteamericanos de Nairobi y Dar es Salam, que provocaron 263 muertos en 1998, y del ataque contra el crucero US-Cole en Adén en octubre de 2000, con 17 muertos. Se calculó que era poseedor de una fortuna de 300 millones de dólares.
Tras el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, en el que fallecieron miles de personas, se convirtió en el terrorista más buscado, pero ni la posterior invasión de Afganistán llevó a su detención ni se llegó a ninguna certeza sobre su paradero hasta diez años después: el 1 de mayo de 2011, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que el líder de Al Qaeda había sido muerto en una operación llevada a cabo por comandos militares estadounidenses en una residencia en las afueras de la ciudad de Abbottabad, en Pakistán.