Acciones de universidades con ánimo de lucro que generan preocupación en USA

Los temores de algunos rectores sobre la posible llegada de IES con ánimo de lucro a Colombia se confirman cuando llegan noticias sobre los impactos que ha causado en Estados Unidos este modelo educativo por su calidad, responsabilidad social y violación de normas. 
Por un lado, 1) el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hace unos días una demanda para recuperar 11 mil millones de dólares que, al parecer, no debieron haberse transferido por parte del gobierno a la institución “Education Management Corporation”, entre 2003 y 2011, por considerar que ésta (IES con ánimo de lucro) empleó prácticas fraudulentas para incrementar los registros de inscritos.; 2) El cuestionamiento que se ha hecho a estas IES por convertir la investigación en un negocio y no en un aporte social, olvidándose de la moral; 3) Según un estudio del Departameto de Educación de Estados Unidos, los estudiantes de universidades con ánimo de lucro son los más incumplidos con sus pagos y, por lo mismo, los de menor tasa de empleabilidad.
1) “Education Management Corporation” tiene sede en Pittsburgh, el 41% es de propiedad de Goldman Sachs, y cuenta con cerca de 150.000 estudiantes distribuidos en 105 escuelas que operan bajo cuatro denominaciones: Art Institute, Argosy University, Brown Mackie College y la Universidad del Sur.

En un comunicado, la empresa ha negado las acusaciones.

Desde 1986, el gobierno americano ha recuperado más 25 billones de dólares por falsas reclamaciones en sectores como las compañías farmacéuticas, la sobrefacturación en hospitales o en la defensa. Dado su impresionante crecimiento, ahora la mirada está en las universidades con fines de lucro, que actualmente registran más del 10% de los estudiantes matriculados en la educación superior, y representan casi la mitad de todos los incumplimientos en los préstamos estudiantiles.
La demanda hace una metáfora e indica que la compañía demandada tenía una "sala de calderas” en lugar de oficinas de admisiones, en donde los reclutadores fueron instruidos para utilizar técnicas de alta presión de ventas y afirmaciones exageradas sobre la colocación de la carrera para aumentar la matriculación de los estudiantes, independientemente de las calificaciones de los solicitantes. Los reclutadores animaban a que los aspirantes se inscribieran incluso cuando estos eran incapaces de escribir con coherencia, parecían estar bajo la influencia de drogas o trataban de inscribirse en programas en línea, pero no tenían computador.

En 2009, el Apollo Group, que posee la Universidad de Phoenix, la mayor universidad con fines de lucro de Estados Unidos, enfrentó una denuncia por $ 78 millones, cuando estuvo dirigida por Todd Nelson, actual director general de “Education Management Corporation”
2) Olvídense de los beneficios, vuelvan a la moral.
Esta es la idea del cuestionamiento que ha hecho Steven Schwartz, vicecanciller de la Universidad de Macquarie, quien recientemente afirmó que las universidades deben dejar de ser tratadas como empresas y recuperar su propósito moral.
Para ello utilizó el ejemplo de Jonas Salk, el descubridor de la vacuna contra la polio, quien cedió las licencias de la misma como un acto que define la postura ética de los investigadores universitarios deben tomar.
En contraste con esto, la universidad contemporánea ha sido descrita por Schwartz como un lugar donde "ha sido el descubrimiento y la difusión del conocimiento reemplazado por el deseo de explotar".
¿Cuánto tendría que pagar la humanidad a un investigador, con ánimo de lucro, que desarrolle una vacuna para un medicamente esencial para la salud?
Así las cosas, no siempre el trabajo académico se identifica con la lógica empresarial, porque según Seumas Miller, del Centro de Filosofía Aplicada y Ética Pública, los académicos son personas que: 1) Realizan un trabajo que tiene metas éticas, tales como la defensa de las instituciones de la justicia, la salud o el conocimiento.
2) Poseen un conocimiento especializado.
3) cuyo trabajo requiere autonomía profesional para lograr resultados.
4) cuyas habilidades se transmiten entre un determinado tipo de profesionales.
5) Y generalmente forman parte de una organización profesional.
Para Schwartz no hay nada intrínsecamente malo en hacer la investigación con fines de lucro, auncuando  esto no es exactamente lo que las universidades deben ser, pues éstas no deben ser impulsadas por las ganancias, sino por su espíritu.
3) Según Jennifer Williamson, columnist de Distance-Education.org, las universidades con fines de lucro se promueven como la solución para los estudiantes de bajos ingresos y no tradicionales que necesitan un grado, y que normalmente no serían capaces de completar largos programas tradicionales.

cuando protestar es delito

por:Luz Maria Duque Sanchez

tomado de semana 

“El poder de censura está en el pueblo sobre el gobierno, y no en el gobierno sobre el pueblo”. Lo dijo James Madison hace más de dos siglos, pero incluso hoy, ciertos gobernantes que se precian de honrar la democracia prefieren leer esta máxima al revés. Basta recordar la reacción del gobierno chileno el pasado 4 de agosto frente a la movilización de estudiantes que reclaman el derecho a una educación pública gratuita. Primero negó la autorización para la realización de una marcha por la principal avenida de Santiago. A pesar de la negativa, los estudiantes salieron a protestar. La respuesta fue la disolución del acto a punta de golpes, gases lacrimógenos y de la detención de centenas de manifestantes.

Con menos estruendo, en Colombia se perfiló algo similar, ya no con garrote ni gases, sino con la amenaza de la ley penal. Hace poco más de un mes, el Congreso colombiano aprobó una norma (Código Penal, artículo 353A) que establece una pena de veinticuatro a cuarenta y ocho meses de prisión para aquellos que obstruyan las vías de transporte en el curso de protestas que no hayan sido previamente autorizadas.

Varias razones muestran el talante antidemocrático de esta norma. Primero: sigue al pie de la letra las reglas de estilo del derecho penal autoritario: es indeterminada y ambigua de tal modo que cualquiera que tome parte en un bloqueo puede verse expuesto a un proceso penal. Por ejemplo, se indica que la pena procede cuando con el bloqueo se “atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”. Dada la variedad y amplitud de estos conceptos, así como la tendencia por parte de algunos jueces de hacer un uso extensivo del derecho penal en casos de protesta social, bastaría con que los manifestantes impidan o dificulten que algunas personas lleguen a su sitio de trabajo para que su acto sea criminalizado.