Por Lazos de Dignidad
La Fundación Lazos de Dignidad denunció ante la comunidad nacional e internacional las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, Icbf, contra 11 familias víctimas de desplazamiento forzado, conformadas por 40 menores de edad y 20 adultos aproximadamente, integrantes de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia, Andescol, quienes habitaban temporalmente en un inmueble de propiedad del Icbf ubicado en la calle 24 No. 17 – 35 en la ciudad de Bogotá, abandonado desde hace 5 años aproximadamente.
Desde el mes de agosto de 2008, las 11 familias víctimas de desplazamiento forzado provenientes de diferentes regiones de Colombia habitan en el edificio ubicado en la calle 24 No. 17 – 35 en la ciudad de Bogotá, de propiedad de Icbf y abandonado desde hace aproximadamente 5 años, hasta que las familias desplazadas en mención decidieron habitarlo mientras el Estado Colombiano les entregaba las respectivas ayudas humanitarias y subsidios de vivienda, mejorando su infraestructura e instalándole los servicios de luz y agua.
Ese mismo año el ICBF interpuso una querella ante la Inspección 14 de Policía de la ciudad de Bogotá, solicitando el desalojo inmediato de las once familias, priorizando el derecho a la propiedad privada por encima de la crisis humanitaria que estas familias atraviesan.
El jueves 11 de febrero de 2011, la Inspección 14 de Policía llevo a cabo diligencia de observación ocular en el inmueble en la cual se dejó constancia que el mismo se encontraba en buen estado y que la abogada representante del Icbf insistía en el desalojo del mismo.
El 4 de marzo de 2011, las 11 familias víctimas de desplazamiento forzado mediante derecho de petición solicitaron al Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno, que interviniera en el asunto e instalara una mesa de concertación para solucionar de manera pacífica la situación problemática, reiterando que no es su intención poseer el inmueble sino obtener las ayudas humanitarias y subsidio de vivienda a los que tienen derecho como población vulnerable.
El día de hoy, marzo 10 de 2011, en horas de la mañana, luego de haber llevado a cabo diligencia de inspección ocular el Inspector 14 de Bogotá por solicitud de la abogada Sandra Amaya representante del ICBF ordenó el desalojo de las 11 familias víctimas de desplazamiento forzado habitantes en el inmueble en cuestión, a pesar que defensores de derechos humanos miembros-
de la Fundación Lazos de Dignidad y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos nos opusimos al procedimiento y solicitamos que en garantía de los derechos de la población desplazada hicieran presencia las entidades encargadas de solucionar la crisis humanitaria de las víctimas, tales como Alcaldía Mayor de Bogotá y Acción Social, las cuales nunca se acercaron al ligar de los hechos.
En desarrollo del procedimiento la representante del ICBF amenazó a las familias desplazadas en quitarle a sus hijos menores de edad y llevarlos a un hogar de paso, situación que generó zozobra en las victimas, razón por la cual retiraron del inmueble a los funcionarios del ICBF, de Secretaria de gobierno, de Procuraduría y Personería que se encontraban en el lugar, quienes a excepción de la Personería, mantuvieron una postura omisiva a la protección de los derechos de las familias desplazadas justificándose en que su crisis humanitaria no era de objeto de la diligencia de desalojo.
A las 3:00 pm, el pie de fuerza pública fue aumentado y cercado el inmueble, miembros de la fuerza disponible de la policía nacional que se movilizan en las tanquetas número 03546 y 170009 ingresaron al inmueble agrediendo a las familias desplazadas con sus armas y gases lacrimógenos, dejando un gran número de personas heridas.
Responsabilizamos al Estado Colombiano, especialmente al alcalde mayor de Bogotá y al Icbf, por las agresiones a los derechos humanos a la vida e integridad personal que se cometan con las 11 familias desplazadas.
Rechazamos y condenamos la postura violenta del Icbf, quién además de tener el deber de proteger los derechos de los menores, ha generado que ellos y sus padres padezcan más violaciones a sus derechos.
Rechazamos y condenamos la postura de la Defensorías del Pueblo, Secretaría de Gobierno, y la Procuraduría, quienes asumieron una actitud de protección de los derechos del Icbf y no los derechos de las personas desplazadas.
Condenamos la brutalidad de la Policía, consumada por la fuerza disponible contra las familias desplazadas y sus hijos doblemente victimizados.
Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales emitir sus pronunciamientos de rechazo a las agresiones y vulneraciones cometidas contra las familias desplazadas que habitan en el inmueble del ICBF, y respaldar sus peticiones de entrega inmediata de los subsidios de vivienda y ayudas humanitarias a las que tienen derecho.
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