lunes, 3 de octubre de 2011
Detenidos miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU-Colombia
Motivados por un profundo sentimiento de indignación y preocupación informamos a la comunidad nacional e internacional que el día de hoy 2 de octubre de 2011 y como producto de inaceptables montajes judiciales han sido detenidos los compañeros Jorge Eliecer Gaitán miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la FEU y estudiante de la Universidad Surcolombiana; Omar Marín, estudiante de la Universidad de la Amazonía y Camilo Escudero de la Universidad Amazonía.
Una vez más el gobierno nacional quiere cobrarle al movimiento estudiantil su férreo compromiso con la educación como derecho, la solución política al conflicto social y armado y la consecución de una paz con justicia social. Estas afrentas se presentan en un momento histórico para el país, donde el movimiento estudiantil se levanta contra la Nueva ley de educación superior (reforma a la ley 30) del gobierno de Santos que pretende privatizar y despojar a los colombianos de la educación. La Federación de Estudiantes Universitarios –FEU Colombia- ha impulsado la movilización estudiantil, y la organización gremial de los estudiantes a lo largo y ancho de la geografía nacional.
No dudamos que la persecución desatada responde también a la decisión de nuestra organización y del conjunto del movimiento estudiantil colombiano de iniciar un Paro Nacional Universitario una vez el gobierno decida radicar la nueva ley de educación ante el congreso. Sin embargo, ratificamos sin vacilaciones el compromiso organizativo por seguir profundizando y afianzando los procesos de discusión y debate que nos permitan construir de manera democrática un nuevo modelo de educación. Ratificamos que las banderas de unidad que hoy hondean en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes son garantía de victoria y certeza de un nuevo modelo de educación y de país.
lunes, 26 de septiembre de 2011
Llamadas amenazantes y extorsivas provenientes presuntamente de “Los Rastrojos” en la Parte Media de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.
El día 2 de septiembre de los corrientes se recibieron varias llamadas en el teléfono comunitario de la vereda Puerto Matilde del Municipio de Yondó haciendo exigencias a nombre de los autodenominados "Rastrojos". Las mismas se tradujeron en que necesitan 2 radios de comunicación que tienen un costo de $3.000.000 cada uno. También le pidieron que les facilitara números de teléfonos de dueños de finca de la región, de los profesores y de los conductores que hacen la línea hacia la vereda.
Aparte de las anteriores exigencias, especificó que los radios los conseguían en un almacen del municipio de Yondó. Finalmente, este personaje de identificó como "comandante Oscar".
Igualmente en las veredas San Francisco, La Punta, San Juan de Ité y Bodega, todas de Yondó, se han presentado hechos del mismo tipo, en donde personas que también se autodenominan como miembros de los " rastrojos" han estado llamando a exigir dinero a las comunidades para ejecutar sus acciones.
El día 12 de septiembre a las 6:15 pm se recibió una nueva llamada en donde la voz de un hombre le dijo: "mucho ojo con lo que hacen, sabemos todo, mucho ojo con lo que están haciendo, muy pronto los vamos a visitar. Salúdemelos a todos y dígales que mucho ojo con lo que están haciendo" luego de esto colgó sin dar tiempo de preguntar quién hablaba.
Agregando otros hechos que hacen referencia a la vereda Puerto Matilde, en la noche del 13 de septiembre se recibió otra llamada en el teléfono comunitario de la vereda Puerto Matilde en donde con voz alterada preguntaron por varios miembros de la comunidad. La persona encargada del teléfono comunitario manifiesta que quien preguntó por ellos se identificó como José Perejo campesino que vive en la región. Sin embargo, se verificó y dicho señor nunca hizo esa llamada al cacerío.
Los hechos descritos están produciendo un alto grado de preocupación en las comunidades puesto que es el mismo accionar que tuvieron los grupos paramilitares hace unos años con sus incursiones en estas zonas agrarias. Por tal razón se ha solicitado a la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio y al Sistema de Alertas tempranas se haga seguimiento con las autoridades competentes frente al tema que deben actuar en el marco del deber de garantía de los derechos humanos de los ciudadanos habitantes de esta región.
Aparte de las anteriores exigencias, especificó que los radios los conseguían en un almacen del municipio de Yondó. Finalmente, este personaje de identificó como "comandante Oscar".
Igualmente en las veredas San Francisco, La Punta, San Juan de Ité y Bodega, todas de Yondó, se han presentado hechos del mismo tipo, en donde personas que también se autodenominan como miembros de los " rastrojos" han estado llamando a exigir dinero a las comunidades para ejecutar sus acciones.
El día 12 de septiembre a las 6:15 pm se recibió una nueva llamada en donde la voz de un hombre le dijo: "mucho ojo con lo que hacen, sabemos todo, mucho ojo con lo que están haciendo, muy pronto los vamos a visitar. Salúdemelos a todos y dígales que mucho ojo con lo que están haciendo" luego de esto colgó sin dar tiempo de preguntar quién hablaba.
Agregando otros hechos que hacen referencia a la vereda Puerto Matilde, en la noche del 13 de septiembre se recibió otra llamada en el teléfono comunitario de la vereda Puerto Matilde en donde con voz alterada preguntaron por varios miembros de la comunidad. La persona encargada del teléfono comunitario manifiesta que quien preguntó por ellos se identificó como José Perejo campesino que vive en la región. Sin embargo, se verificó y dicho señor nunca hizo esa llamada al cacerío.
Los hechos descritos están produciendo un alto grado de preocupación en las comunidades puesto que es el mismo accionar que tuvieron los grupos paramilitares hace unos años con sus incursiones en estas zonas agrarias. Por tal razón se ha solicitado a la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio y al Sistema de Alertas tempranas se haga seguimiento con las autoridades competentes frente al tema que deben actuar en el marco del deber de garantía de los derechos humanos de los ciudadanos habitantes de esta región.
jueves, 22 de septiembre de 2011
Paro nacional de universitarios 12 y 13 de octubre. Ministra ratifica que radicará reforma
El Gobierno anunció que respeta derecho a la protesta, llamó al diálogo y ratificó que presentará la reforma al Congreso "en próximos días" (no se sabe cuándo). Entre tanto, el ambiente sigue movido en algunas IES y Ascun pide que se aplace la radicación del proyecto.
Entre tanto, el tercer Congreso de la Federación Nacional de Estudiantes sigue deliberando en Bogotá, con mensajes y apoyos de movimientos estudiantiles internacionales y de los congresistas Hernando Hernández, Carlos Amaya, Gloria Flórez, Ángela María Robledo, Alba luz Pinilla (foto), y saludos y apoyo por parte de los senadores Alexánder López, Gloria Inés Ramírez y Camilo Romero y el respaldo de la exsenadora Piedad Córdoba.
El encuentro aboga por "la movilización y la lucha en torno a la construcción de una ley alternativa de educación popular que englobe el sentir del pueblo".
A su vez, en la Universidad de Antioquia sigue la división entre los estudiantes sobre el paro anunciado el pasado jueves. Mientras que los estudiantes de Medicina decidieron continuar actividades, los de Ingeniería las suspendieron.
martes, 6 de septiembre de 2011
Desangre de líderes
El 30 de marzo pasado, a las seis de la tarde, Héctor Orozco y Gildardo García viajaban compartiendo moto por la carretera que va de La Marina a Chaparral, Tolima. Ambos jóvenes, de treinta y tantos años, con hijos pequeños, eran vecinos de veredas, los dos queridos porque hacían mucho por su gente desde la Acción Comunal. Orozco dirigía una asociación campesina. No debían temer. La zona estaba militarizada y en el cruce del Espíritu Santo siempre había soldados. De pronto, no se sabe quién, les dispararon. Ninguna autoridad llegó. Las esposas pasaron la noche protegiendo los cuerpos de los chulos. Solo hasta el día siguiente a las once de la mañana vino la Fiscalía a levantar el cadáver. Pistas de los asesinos, quedaban pocas.
El caso de William Álvarez, líder de derechos humanos de Carmen de Viboral, oriente antioqueño, asesinado una semana después, fue peor: tardaron más de tres días en hacer el levantamiento. Y en el de Éder Verbel, activista de una organización de víctimas de San Onofre, Sucre, la autoridad sí capturó a alias Begueta y alias Pólvora, a quienes la gente identificó como los sicarios. Pero, al final del día, misteriosamente, quedaron libres.
El caso de William Álvarez, líder de derechos humanos de Carmen de Viboral, oriente antioqueño, asesinado una semana después, fue peor: tardaron más de tres días en hacer el levantamiento. Y en el de Éder Verbel, activista de una organización de víctimas de San Onofre, Sucre, la autoridad sí capturó a alias Begueta y alias Pólvora, a quienes la gente identificó como los sicarios. Pero, al final del día, misteriosamente, quedaron libres.
El Cortijo: ¿para las víctimas o para el papá de Mancuso?
Continúa la disputa de una finca que entregó Salvatore Mancuso para reparar a las víctimas. El papá del ex paramilitar asegura que es suya, mientras la Fiscalía la exige para reparar a las víctimas. La Corte Suprema decidirá.
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| Salvatore Mancuso argumenta que El Cortijo no es suyo, pero así aparece registrado en Instrumentos Públicos. |
La disputa por El Cortijo ya lleva más de cinco años, pero volvió a los estrados judiciales en agosto de 2011. Después de pasar por varias instancias y cuando la Fiscalía esperaba un fallo a favor, una magistrada de Justicia y Paz en Bucaramanga los sorprendió con la decisión. Después de escuchar a las partes, le dio la razón al papá de Mancuso y anuló la medida de protección que había sobre El Cortijo. La Fiscalía apeló y el caso quedó de nuevo en suspenso mientras la Corte tome una decisión.
jueves, 18 de agosto de 2011
Acciones de universidades con ánimo de lucro que generan preocupación en USA
Los temores de algunos rectores sobre la posible llegada de IES con ánimo de lucro a Colombia se confirman cuando llegan noticias sobre los impactos que ha causado en Estados Unidos este modelo educativo por su calidad, responsabilidad social y violación de normas.
Por un lado, 1) el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hace unos días una demanda para recuperar 11 mil millones de dólares que, al parecer, no debieron haberse transferido por parte del gobierno a la institución “Education Management Corporation”, entre 2003 y 2011, por considerar que ésta (IES con ánimo de lucro) empleó prácticas fraudulentas para incrementar los registros de inscritos.; 2) El cuestionamiento que se ha hecho a estas IES por convertir la investigación en un negocio y no en un aporte social, olvidándose de la moral; 3) Según un estudio del Departameto de Educación de Estados Unidos, los estudiantes de universidades con ánimo de lucro son los más incumplidos con sus pagos y, por lo mismo, los de menor tasa de empleabilidad.
1) “Education Management Corporation” tiene sede en Pittsburgh, el 41% es de propiedad de Goldman Sachs, y cuenta con cerca de 150.000 estudiantes distribuidos en 105 escuelas que operan bajo cuatro denominaciones: Art Institute, Argosy University, Brown Mackie College y la Universidad del Sur.
En un comunicado, la empresa ha negado las acusaciones.
Desde 1986, el gobierno americano ha recuperado más 25 billones de dólares por falsas reclamaciones en sectores como las compañías farmacéuticas, la sobrefacturación en hospitales o en la defensa. Dado su impresionante crecimiento, ahora la mirada está en las universidades con fines de lucro, que actualmente registran más del 10% de los estudiantes matriculados en la educación superior, y representan casi la mitad de todos los incumplimientos en los préstamos estudiantiles.
La demanda hace una metáfora e indica que la compañía demandada tenía una "sala de calderas” en lugar de oficinas de admisiones, en donde los reclutadores fueron instruidos para utilizar técnicas de alta presión de ventas y afirmaciones exageradas sobre la colocación de la carrera para aumentar la matriculación de los estudiantes, independientemente de las calificaciones de los solicitantes. Los reclutadores animaban a que los aspirantes se inscribieran incluso cuando estos eran incapaces de escribir con coherencia, parecían estar bajo la influencia de drogas o trataban de inscribirse en programas en línea, pero no tenían computador.
En 2009, el Apollo Group, que posee la Universidad de Phoenix, la mayor universidad con fines de lucro de Estados Unidos, enfrentó una denuncia por $ 78 millones, cuando estuvo dirigida por Todd Nelson, actual director general de “Education Management Corporation”
2) Olvídense de los beneficios, vuelvan a la moral.
Esta es la idea del cuestionamiento que ha hecho Steven Schwartz, vicecanciller de la Universidad de Macquarie, quien recientemente afirmó que las universidades deben dejar de ser tratadas como empresas y recuperar su propósito moral.
Para ello utilizó el ejemplo de Jonas Salk, el descubridor de la vacuna contra la polio, quien cedió las licencias de la misma como un acto que define la postura ética de los investigadores universitarios deben tomar.
En contraste con esto, la universidad contemporánea ha sido descrita por Schwartz como un lugar donde "ha sido el descubrimiento y la difusión del conocimiento reemplazado por el deseo de explotar".
¿Cuánto tendría que pagar la humanidad a un investigador, con ánimo de lucro, que desarrolle una vacuna para un medicamente esencial para la salud?
Así las cosas, no siempre el trabajo académico se identifica con la lógica empresarial, porque según Seumas Miller, del Centro de Filosofía Aplicada y Ética Pública, los académicos son personas que: 1) Realizan un trabajo que tiene metas éticas, tales como la defensa de las instituciones de la justicia, la salud o el conocimiento.
2) Poseen un conocimiento especializado.
3) cuyo trabajo requiere autonomía profesional para lograr resultados.
4) cuyas habilidades se transmiten entre un determinado tipo de profesionales.
5) Y generalmente forman parte de una organización profesional.
Para Schwartz no hay nada intrínsecamente malo en hacer la investigación con fines de lucro, auncuando esto no es exactamente lo que las universidades deben ser, pues éstas no deben ser impulsadas por las ganancias, sino por su espíritu.
3) Según Jennifer Williamson, columnist de Distance-Education.org, las universidades con fines de lucro se promueven como la solución para los estudiantes de bajos ingresos y no tradicionales que necesitan un grado, y que normalmente no serían capaces de completar largos programas tradicionales.
Por un lado, 1) el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hace unos días una demanda para recuperar 11 mil millones de dólares que, al parecer, no debieron haberse transferido por parte del gobierno a la institución “Education Management Corporation”, entre 2003 y 2011, por considerar que ésta (IES con ánimo de lucro) empleó prácticas fraudulentas para incrementar los registros de inscritos.; 2) El cuestionamiento que se ha hecho a estas IES por convertir la investigación en un negocio y no en un aporte social, olvidándose de la moral; 3) Según un estudio del Departameto de Educación de Estados Unidos, los estudiantes de universidades con ánimo de lucro son los más incumplidos con sus pagos y, por lo mismo, los de menor tasa de empleabilidad.
1) “Education Management Corporation” tiene sede en Pittsburgh, el 41% es de propiedad de Goldman Sachs, y cuenta con cerca de 150.000 estudiantes distribuidos en 105 escuelas que operan bajo cuatro denominaciones: Art Institute, Argosy University, Brown Mackie College y la Universidad del Sur.
En un comunicado, la empresa ha negado las acusaciones.
Desde 1986, el gobierno americano ha recuperado más 25 billones de dólares por falsas reclamaciones en sectores como las compañías farmacéuticas, la sobrefacturación en hospitales o en la defensa. Dado su impresionante crecimiento, ahora la mirada está en las universidades con fines de lucro, que actualmente registran más del 10% de los estudiantes matriculados en la educación superior, y representan casi la mitad de todos los incumplimientos en los préstamos estudiantiles.
La demanda hace una metáfora e indica que la compañía demandada tenía una "sala de calderas” en lugar de oficinas de admisiones, en donde los reclutadores fueron instruidos para utilizar técnicas de alta presión de ventas y afirmaciones exageradas sobre la colocación de la carrera para aumentar la matriculación de los estudiantes, independientemente de las calificaciones de los solicitantes. Los reclutadores animaban a que los aspirantes se inscribieran incluso cuando estos eran incapaces de escribir con coherencia, parecían estar bajo la influencia de drogas o trataban de inscribirse en programas en línea, pero no tenían computador.
En 2009, el Apollo Group, que posee la Universidad de Phoenix, la mayor universidad con fines de lucro de Estados Unidos, enfrentó una denuncia por $ 78 millones, cuando estuvo dirigida por Todd Nelson, actual director general de “Education Management Corporation”
2) Olvídense de los beneficios, vuelvan a la moral.
Esta es la idea del cuestionamiento que ha hecho Steven Schwartz, vicecanciller de la Universidad de Macquarie, quien recientemente afirmó que las universidades deben dejar de ser tratadas como empresas y recuperar su propósito moral.
Para ello utilizó el ejemplo de Jonas Salk, el descubridor de la vacuna contra la polio, quien cedió las licencias de la misma como un acto que define la postura ética de los investigadores universitarios deben tomar.
En contraste con esto, la universidad contemporánea ha sido descrita por Schwartz como un lugar donde "ha sido el descubrimiento y la difusión del conocimiento reemplazado por el deseo de explotar".
¿Cuánto tendría que pagar la humanidad a un investigador, con ánimo de lucro, que desarrolle una vacuna para un medicamente esencial para la salud?
Así las cosas, no siempre el trabajo académico se identifica con la lógica empresarial, porque según Seumas Miller, del Centro de Filosofía Aplicada y Ética Pública, los académicos son personas que: 1) Realizan un trabajo que tiene metas éticas, tales como la defensa de las instituciones de la justicia, la salud o el conocimiento.
2) Poseen un conocimiento especializado.
3) cuyo trabajo requiere autonomía profesional para lograr resultados.
4) cuyas habilidades se transmiten entre un determinado tipo de profesionales.
5) Y generalmente forman parte de una organización profesional.
Para Schwartz no hay nada intrínsecamente malo en hacer la investigación con fines de lucro, auncuando esto no es exactamente lo que las universidades deben ser, pues éstas no deben ser impulsadas por las ganancias, sino por su espíritu.
3) Según Jennifer Williamson, columnist de Distance-Education.org, las universidades con fines de lucro se promueven como la solución para los estudiantes de bajos ingresos y no tradicionales que necesitan un grado, y que normalmente no serían capaces de completar largos programas tradicionales.
miércoles, 17 de agosto de 2011
cuando protestar es delito
por:Luz Maria Duque Sanchez
tomado de semana
“El poder de censura está en el pueblo sobre el gobierno, y no en el gobierno sobre el pueblo”. Lo dijo James Madison hace más de dos siglos, pero incluso hoy, ciertos gobernantes que se precian de honrar la democracia prefieren leer esta máxima al revés. Basta recordar la reacción del gobierno chileno el pasado 4 de agosto frente a la movilización de estudiantes que reclaman el derecho a una educación pública gratuita. Primero negó la autorización para la realización de una marcha por la principal avenida de Santiago. A pesar de la negativa, los estudiantes salieron a protestar. La respuesta fue la disolución del acto a punta de golpes, gases lacrimógenos y de la detención de centenas de manifestantes.
Con menos estruendo, en Colombia se perfiló algo similar, ya no con garrote ni gases, sino con la amenaza de la ley penal. Hace poco más de un mes, el Congreso colombiano aprobó una norma (Código Penal, artículo 353A) que establece una pena de veinticuatro a cuarenta y ocho meses de prisión para aquellos que obstruyan las vías de transporte en el curso de protestas que no hayan sido previamente autorizadas.
Varias razones muestran el talante antidemocrático de esta norma. Primero: sigue al pie de la letra las reglas de estilo del derecho penal autoritario: es indeterminada y ambigua de tal modo que cualquiera que tome parte en un bloqueo puede verse expuesto a un proceso penal. Por ejemplo, se indica que la pena procede cuando con el bloqueo se “atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”. Dada la variedad y amplitud de estos conceptos, así como la tendencia por parte de algunos jueces de hacer un uso extensivo del derecho penal en casos de protesta social, bastaría con que los manifestantes impidan o dificulten que algunas personas lleguen a su sitio de trabajo para que su acto sea criminalizado.
Varias razones muestran el talante antidemocrático de esta norma. Primero: sigue al pie de la letra las reglas de estilo del derecho penal autoritario: es indeterminada y ambigua de tal modo que cualquiera que tome parte en un bloqueo puede verse expuesto a un proceso penal. Por ejemplo, se indica que la pena procede cuando con el bloqueo se “atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”. Dada la variedad y amplitud de estos conceptos, así como la tendencia por parte de algunos jueces de hacer un uso extensivo del derecho penal en casos de protesta social, bastaría con que los manifestantes impidan o dificulten que algunas personas lleguen a su sitio de trabajo para que su acto sea criminalizado.
domingo, 24 de julio de 2011
el esmad origino la violencia:Trabajadores de la USO desmienten a Pacific Rubiales y acusan al gobierno de agresión violenta
por:union sindical obrera
La Unión Sindical Obrera, USO, frente a la reciente protesta de trabajadores de empresas contratistas al servicio de la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energi, Pre, en los campos de Rubiales y Quifa, jurisdicción de Puerto Gaitán, Meta, se permite informar a la opinión pública lo siguiente:
El día 18 de julio, aproximadamente a las 6:00 a.m., cerca de 5.000 trabajadores de firmas contratistas al servicio de la multinacional Canadiense Pacific Rubiales Energy (PRE) iniciaron una protesta pacífica en las instalaciones de los Campos de Rubiales y Quifa, por las violaciones a sus derechos laborales y fundamentales, la implementación unilateral de los salarios la mayoría muy bajos en relación con la industria, el mal trato de sus jefes y las pésimas condiciones en las que viven en sus campamentos.
La Unión Sindical Obrera, USO, frente a la reciente protesta de trabajadores de empresas contratistas al servicio de la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energi, Pre, en los campos de Rubiales y Quifa, jurisdicción de Puerto Gaitán, Meta, se permite informar a la opinión pública lo siguiente:
El día 18 de julio, aproximadamente a las 6:00 a.m., cerca de 5.000 trabajadores de firmas contratistas al servicio de la multinacional Canadiense Pacific Rubiales Energy (PRE) iniciaron una protesta pacífica en las instalaciones de los Campos de Rubiales y Quifa, por las violaciones a sus derechos laborales y fundamentales, la implementación unilateral de los salarios la mayoría muy bajos en relación con la industria, el mal trato de sus jefes y las pésimas condiciones en las que viven en sus campamentos.
viernes, 8 de julio de 2011
entrevista a Andres Gil sobre el encuentro "el dialogo es la ruta"
por: NOTIAGEN
Entre el 12 y el 15 de agosto de 2011 tendrá lugar en la ciudad de Barrancabermeja (departamento de Santander) el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes por la Tierra y la Paz en Colombia. El lema del evento es “El diálogo es la ruta” y su propósito, promover el uso de la palabra y la política como camino para lograr una solución al conflicto armado y social que vive el país hace más de 50 años. El encuentro pretende aproximar con ese fin a diferentes sectores tanto de la contienda armada como de la sociedad civil además de colocar el tema de la tenencia y uso de la tierra como epicentro de la discusión.
Hablamos con Andrés Gil, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización del Magdalena Medio que impulsa el evento junto con otras. La ACVC recibió en noviembre pasado el Premio Nacional de Paz —otorgado por El Tiempo, la revista Semana, Caracol Radio y Televisión, la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— como reconocimiento a sus 14 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, la salud, la educación y el medio ambiente. El premio animó a sus miembros a convocar el Encuentro Nacional de Paz.
Carolina Ibáñez: ¿Cuál es el punto de partida para promover este Encuentro?
Andrés Gil: El conflicto en Colombia tiene raíces estructurales, problemas históricos que nunca se han resuelto, como el de la tierra, o de una insurgencia con 50 años de permanente dinámica militar de confrontación al Estado. Después de que el Estado ha tenido el mayor apoyo económico para la vía militar con el Plan Colombia, el Plan Patriota y el desarrollo tecnológico, hay que profundizar el debate y que se reconozcan los costos humanos, económicos y sociales de la guerra. Por ejemplo, el congresista Alexánder López dice que mientras Colombia invierte cada año tres millones de pesos en un estudiante universitario, gasta 18 millones en un soldado. Estos elementos permiten deducir la necesidad de un compromiso por insistir en que esas fórmulas están desgastadas.
CI: ¿Qué ha cambiado para pensar en una posibilidad real de solución política?
AG: Hoy no se ven cambios sustanciales, pero tampoco ha ocurrido la tan cacareada victoria militar. Por lo tanto, hay preocupación entre quienes desde el establecimiento, el Estado y la comunidad internacional quisieran que la guerra ya se hubiera resuelto por la vía militar y entre quienes piensan que la salida tiene que dialogarse. Queda claro que los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe no produjo la derrota definitiva de la insurgencia y que los problemas estructurales del país se han profundizado. Por ejemplo, los cultivos de uso ilícito, muy relacionados con la falta de una reforma agraria, se mantienen a pesar de los millones y millones de dólares invertidos y de las fumigaciones emprendidas para que desaparezcan, que lo que sí han provocado son graves daños ambientales y para la salud humana. La derecha comienza a preocuparse porque el conflicto va a permanecer y puede aumentar por la profundización de la crisis. La crisis y la agitación social actual del mundo árabe, de Grecia o de España pueden llegar a América Latina y, en particular, a Colombia.
CI: ¿Pero ustedes reconocen que el conflicto va para largo?
AG: Pensamos que hay que tener paciencia. ¿Cuánto duraron los diálogos en Irlanda o Sudáfrica?, ¿cuánto están demorando en Filipinas? El diálogo es un proceso de largo plazo porque el conflicto es tan complejo que no se puede resolver en un año ni en dos ni en un mandato. Hay que tener la suficiente serenidad y capacidad para dialogar. La preocupación de la derecha genera opiniones acerca de que se necesitan otras fórmulas; eso se convierte en una oportunidad para desmovilizar las fuerzas que están a favor del diálogo.
No estamos proponiendo que el diálogo se resuelva en un evento ni que éste va a resolver el conflicto. El Encuentro pretende unir a los movimientos sociales en el reclamo de la voluntad a los actores de la contienda para identificar el camino del diálogo o de la generación deposibilidades de un intercambio permanente y paciente que también incluya al conjunto de la sociedad colombiana. El Encuentro se propone agitar el movimiento social para que las partes en la contienda expresen la voluntad de dialogar.
CI: ¿El Gobierno está apoyando el Encuentro?
AG: El Gobierno sencillamente sabe de él. La Vicepresidencia de la República reconoce que insistir en el tema del diálogo es un esfuerzo importante de las organizaciones del campo y del movimiento social. No es un apoyo explícito ni tiene que estar de acuerdo con lo que estamos proponiendo; hasta ahora está respetando el desarrollo y ve con buenos ojos ese tipo de iniciativas del movimiento social.
CI: ¿Qué pasos debería dar el Gobierno si quisiera avanzar en la solución política del conflicto?
AG: Primero, permitir que en Colombia existan el movimiento social y la izquierda. El movimiento social está sometido a ataques permanentes, a la judicialización y al asesinato de líderes populares, el más reciente, el de la compañera Fabricia Córdoba en Medellín. Sin embargo, esas personas son quienes construyen en verdad una opción distinta en este país, una alternativa desde el trabajo con las comunidades y la organización social.
Aparentemente existe democracia en Colombia, pero hay más de 32 grupos paramilitares que controlan cualquier expresión popular que vaya en contra de las medidas del establecimiento como por ejemplo la Ley de Víctimas, el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley de Tierras, el Código Minero o el Código Penal contra la protesta social. Según el Estado colombiano, todo esto es expresión de la insurgencia y así excluye toda forma de dar vía política a esas manifestaciones y que puedan decir cuál es el modelo que quieren en Colombia. Necesitamos que estas fuerzas puedan participar en la conducción de este Estado y del Gobierno.
CI: ¿Se puede conseguir que el Gobierno relacione la solución política del conflicto con la solución de los problemas estructurales en Colombia?
AG: Esta cuestión nos pone en la perspectiva de la continuidad del Encuentro. Primero, tenemos que lograr una posición conjunta del movimiento social frente los efectos del modelo y desde ahí tenemos que exigir una agenda de interlocución con el Estado sobre asuntos estructurales: los problemas de la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina, la educación o el manejo de los recursos públicos.
Si se consigue esa articulación del movimiento social, es posible generar una movilización que cambie la predisposición del Gobierno frente al diálogo. Eso también depende de que el conjunto de la sociedad modifique el condicionamiento de la era uribista en el sentido de que el diálogo significa la derrota frente a la insurgencia o una concesión a la ultraizquierda. Si alcanzamos ese cambio, haremos visible que en el panorama nacional hay un sector de la población que está a favor del diálogo, que no se trata de tres o cuatro personas, como se vio el 6 de marzo de 2008 cuando casi dos millones de personas exigieron darle visibilidad a las víctimas que los medios de comunicación no quieren dejar ver. El Encuentro es un buen momento para relanzar la agenda de movilización y visibilizar la necesidad del diálogo y de las propuestas de transformación.
Necesitamos actualizar las propuestas y sobre todo volver a encontrarnos para impulsarlas desde espacios unitarios, no fragmentados o como guetos. Tenemos que conseguir respuestas urgentes del Gobierno frente a las garantías para la participación política y a sus iniciativas frente al diálogo.
CI: ¿Qué lugar ocupan las estructuras paramilitares en este diálogo?
AG: Las estructuras paramilitares no están llamadas al Encuentro. Creemos que están controladas por sectores del Estado o por sectores del latifundio y las multinacionales. Justamente es a estos a los que estamos convocando. Tenemos que hablar con quienes orientan, disponen y están a cargo de la estrategia, no con quien cumple las acciones militares.
CI: ¿Y la insurgencia va a participar en este encuentro?
AG: El escenario se está adecuando para que los actores de la contienda, que para nosotros son el Estado y la insurgencia, muestren su disposición y voluntad frente a la posibilidad del diálogo. Este Encuentro es público y abierto y no tenemos contacto ni hacemos intercambio con la insurgencia; tampoco sabemos de su participación; además, en este momento, va a ser muy difícil que se haga presente por el estado de guerra que hay en el país. Pensamos que es importante si envía un mensaje por cualquier medio sobre su voluntad política y sobre cómo sería su participación en un diálogo. Si no lo hace, quedaría incompleto el Encuentro.
CI: ¿Cómo encajan en este panorama las llamadas Zonas de Reserva Campesina?
AG: Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son una iniciativa de las organizaciones campesinas para defender su territorio y su economía. Aunque existe un marco legal que las reglamenta y debe impulsarlas, el Estado no ha querido cumplir y nos ha tocado a las organizaciones tratar de que se cumpla. El Gobierno ha expresado unas voluntades, pero tiene dificultades para concretar las Zonas. Aunque podría haber muchas ZRC, estamos impulsando muy pocas, unas 10 ó 12. Es algo muy lento y un ejemplo de que si falta una participación democrática, las leyes que pueden beneficiar a los sectores marginados no se cumplen.
La propuesta de ZRC debería dinamizarse y fortalecerse hacia el Encuentro en Barrancabermeja, en busca de que tenga mayor alcance. También vamos a proponer nuestra visión de la reforma agraria integral para este país. Entendemos que para el Gobierno, la Ley de Tierras es una salida para tratar de resolver situaciones internas de inconformidad o la falta de modernización que tiene el campo. Pero no sólo vamos a expresar las críticas que tenemos a esa ley, tenemos que hablar cómo vemos lo que hay que hacer con el tema de la tierra en Colombia.
Vamos a formular nuestra Ley de Tierras y a mirar cómo vamos a dialogar con el Gobierno. Aunque las ZRC son una experiencia importante y un apuntalamiento del movimiento campesino, no es la propuesta central para resolver los problemas de la tierra en Colombia.
CI: ¿Existe una estrategia para salirle al paso al acaparamiento de tierras y su relación con el desplazamiento forzado?
AG: Hay muchas construcciones en el país desde hace varios años como la organización social campesina que tienen iniciativas importantes de defensa del territorio. Hay que recogerlas y hacer una estrategia nacional para que no sean aisladas. Experiencias como el Comité Nacional de Zonas de Reserva Campesina o el Congreso de los Pueblos son muy importantes, hay muchas expresiones que muestran las iniciativas regionales y locales frente al tema de la defensa del territorio, pero no han trascendido al país. Necesitamos que el país sepa de esa resistencia y buscar el momento para organizar una estrategia nacional que involucre al conjunto de la sociedad y modifique las decisiones estructurales. Destaco lo que pasó en Bucaramanga, donde 50.000 personas marcharon en defensa del páramo de Santurbán; es un ejemplo de cómo la ciudad conoce los efectos de la intervención minera y se moviliza para revertir las leyes que avasallan los territorios rurales y las reservas naturales del país.
CI: ¿Cómo ves la oposición tradicional de los sectores de derecha para un diálogo nacional?
AG: Creo que el problema es complejo.La derecha también cuenta con un sector, que no es el mayoritario, que analiza los riesgos de insistir en la salida militar. Los intentos de diálogo nacen de la voluntad de esta derecha, que cada vez es la menos fuerte. Y aunque no habla del mismo diálogo y de la misma salida que nosotros, hay que conversar con ese sector y hacerle entender que el sentido de este escenario es ejercer la política. Hay que trabajar para que esa derecha llegue a ese escenario de la política y no al del aupamiento de las estructuras que mantienen el paramilitarismo.
Una buena experiencia fue el apoyo de un sector la derecha para que se diera el Premio Nacional de Paz a la ACVC y a la ZRC; el diario El Tiempo salió en defensa de nuestra organización y de las ZRC. Eso muestra que no hay una posición única ni sólida en la derecha con respecto al camino de arrasar al movimiento popular y de la victoria miliar para resolver el conflicto. Hay que abrir el foro, desprevenirnos un poco, sin caer de tontos, y acercarnos a conversar seriamente con esos sectores. Pero no nos van a tomar en serio si no ven un movimiento social fuerte y unificado.
En ese sentido, es importante que haya más de 1.000 organizaciones apoyando el Encuentro, un destacado respaldo internacional, variedad de sectores políticos desde las organizaciones del campo y no menos de 30.000 asistentes. Ese mensaje no pueden desconocerlo fácilmente. Y aquellos que desde la derecha expresen su propuesta y busquen generar una mesa de intercambio entre los gremios económicos y el Estado por una parte, y el movimiento social, por otra, tal vez logren canalizar encuentros permanentes que aclimaten la opción de diálogo entre los actores de la contienda.
CI: ¿El diálogo es la ruta?
AG: El diálogo es la fórmula que no está desgastada y que menos oportunidades ha tenido en este país. La que ha tenido mayor relevancia es la salida militar: el último capítulo fueron los ocho años del gobierno de Uribe donde no sólo priorizó la estrategia militar sino que invirtió importantes recursos de los colombianos y de Estados Unidos. Todo este despliegue militar ha producido una grave crisis humanitaria y de derechos humanos mientras que las situaciones estructurales no sólo se mantienen sino que cada vez se profundizan más.
Los intentos del presidente Santos por dar legitimidad al Estado y orden frente a lo que se proponía Uribe se orientan a garantizar unos mínimos de viabilidad a la dominación y al mantenimiento del statu quo de la oligarquía, no para resolver los problemas estructurales. La crisis humanitaria, la crisis histórica sobre la tierra y los profundos efectos que tiene la guerra develan la desproporción de tener como prioridad en este país la guerra como solución del conflicto.
Entre el 12 y el 15 de agosto de 2011 tendrá lugar en la ciudad de Barrancabermeja (departamento de Santander) el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes por la Tierra y la Paz en Colombia. El lema del evento es “El diálogo es la ruta” y su propósito, promover el uso de la palabra y la política como camino para lograr una solución al conflicto armado y social que vive el país hace más de 50 años. El encuentro pretende aproximar con ese fin a diferentes sectores tanto de la contienda armada como de la sociedad civil además de colocar el tema de la tenencia y uso de la tierra como epicentro de la discusión.
Hablamos con Andrés Gil, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización del Magdalena Medio que impulsa el evento junto con otras. La ACVC recibió en noviembre pasado el Premio Nacional de Paz —otorgado por El Tiempo, la revista Semana, Caracol Radio y Televisión, la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— como reconocimiento a sus 14 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, la salud, la educación y el medio ambiente. El premio animó a sus miembros a convocar el Encuentro Nacional de Paz.
Carolina Ibáñez: ¿Cuál es el punto de partida para promover este Encuentro?
Andrés Gil: El conflicto en Colombia tiene raíces estructurales, problemas históricos que nunca se han resuelto, como el de la tierra, o de una insurgencia con 50 años de permanente dinámica militar de confrontación al Estado. Después de que el Estado ha tenido el mayor apoyo económico para la vía militar con el Plan Colombia, el Plan Patriota y el desarrollo tecnológico, hay que profundizar el debate y que se reconozcan los costos humanos, económicos y sociales de la guerra. Por ejemplo, el congresista Alexánder López dice que mientras Colombia invierte cada año tres millones de pesos en un estudiante universitario, gasta 18 millones en un soldado. Estos elementos permiten deducir la necesidad de un compromiso por insistir en que esas fórmulas están desgastadas.
CI: ¿Qué ha cambiado para pensar en una posibilidad real de solución política?
AG: Hoy no se ven cambios sustanciales, pero tampoco ha ocurrido la tan cacareada victoria militar. Por lo tanto, hay preocupación entre quienes desde el establecimiento, el Estado y la comunidad internacional quisieran que la guerra ya se hubiera resuelto por la vía militar y entre quienes piensan que la salida tiene que dialogarse. Queda claro que los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe no produjo la derrota definitiva de la insurgencia y que los problemas estructurales del país se han profundizado. Por ejemplo, los cultivos de uso ilícito, muy relacionados con la falta de una reforma agraria, se mantienen a pesar de los millones y millones de dólares invertidos y de las fumigaciones emprendidas para que desaparezcan, que lo que sí han provocado son graves daños ambientales y para la salud humana. La derecha comienza a preocuparse porque el conflicto va a permanecer y puede aumentar por la profundización de la crisis. La crisis y la agitación social actual del mundo árabe, de Grecia o de España pueden llegar a América Latina y, en particular, a Colombia.
CI: ¿Pero ustedes reconocen que el conflicto va para largo?
AG: Pensamos que hay que tener paciencia. ¿Cuánto duraron los diálogos en Irlanda o Sudáfrica?, ¿cuánto están demorando en Filipinas? El diálogo es un proceso de largo plazo porque el conflicto es tan complejo que no se puede resolver en un año ni en dos ni en un mandato. Hay que tener la suficiente serenidad y capacidad para dialogar. La preocupación de la derecha genera opiniones acerca de que se necesitan otras fórmulas; eso se convierte en una oportunidad para desmovilizar las fuerzas que están a favor del diálogo.
No estamos proponiendo que el diálogo se resuelva en un evento ni que éste va a resolver el conflicto. El Encuentro pretende unir a los movimientos sociales en el reclamo de la voluntad a los actores de la contienda para identificar el camino del diálogo o de la generación deposibilidades de un intercambio permanente y paciente que también incluya al conjunto de la sociedad colombiana. El Encuentro se propone agitar el movimiento social para que las partes en la contienda expresen la voluntad de dialogar.
CI: ¿El Gobierno está apoyando el Encuentro?
AG: El Gobierno sencillamente sabe de él. La Vicepresidencia de la República reconoce que insistir en el tema del diálogo es un esfuerzo importante de las organizaciones del campo y del movimiento social. No es un apoyo explícito ni tiene que estar de acuerdo con lo que estamos proponiendo; hasta ahora está respetando el desarrollo y ve con buenos ojos ese tipo de iniciativas del movimiento social.
CI: ¿Qué pasos debería dar el Gobierno si quisiera avanzar en la solución política del conflicto?
AG: Primero, permitir que en Colombia existan el movimiento social y la izquierda. El movimiento social está sometido a ataques permanentes, a la judicialización y al asesinato de líderes populares, el más reciente, el de la compañera Fabricia Córdoba en Medellín. Sin embargo, esas personas son quienes construyen en verdad una opción distinta en este país, una alternativa desde el trabajo con las comunidades y la organización social.
Aparentemente existe democracia en Colombia, pero hay más de 32 grupos paramilitares que controlan cualquier expresión popular que vaya en contra de las medidas del establecimiento como por ejemplo la Ley de Víctimas, el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley de Tierras, el Código Minero o el Código Penal contra la protesta social. Según el Estado colombiano, todo esto es expresión de la insurgencia y así excluye toda forma de dar vía política a esas manifestaciones y que puedan decir cuál es el modelo que quieren en Colombia. Necesitamos que estas fuerzas puedan participar en la conducción de este Estado y del Gobierno.
CI: ¿Se puede conseguir que el Gobierno relacione la solución política del conflicto con la solución de los problemas estructurales en Colombia?
AG: Esta cuestión nos pone en la perspectiva de la continuidad del Encuentro. Primero, tenemos que lograr una posición conjunta del movimiento social frente los efectos del modelo y desde ahí tenemos que exigir una agenda de interlocución con el Estado sobre asuntos estructurales: los problemas de la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina, la educación o el manejo de los recursos públicos.
Si se consigue esa articulación del movimiento social, es posible generar una movilización que cambie la predisposición del Gobierno frente al diálogo. Eso también depende de que el conjunto de la sociedad modifique el condicionamiento de la era uribista en el sentido de que el diálogo significa la derrota frente a la insurgencia o una concesión a la ultraizquierda. Si alcanzamos ese cambio, haremos visible que en el panorama nacional hay un sector de la población que está a favor del diálogo, que no se trata de tres o cuatro personas, como se vio el 6 de marzo de 2008 cuando casi dos millones de personas exigieron darle visibilidad a las víctimas que los medios de comunicación no quieren dejar ver. El Encuentro es un buen momento para relanzar la agenda de movilización y visibilizar la necesidad del diálogo y de las propuestas de transformación.
Necesitamos actualizar las propuestas y sobre todo volver a encontrarnos para impulsarlas desde espacios unitarios, no fragmentados o como guetos. Tenemos que conseguir respuestas urgentes del Gobierno frente a las garantías para la participación política y a sus iniciativas frente al diálogo.
CI: ¿Qué lugar ocupan las estructuras paramilitares en este diálogo?
AG: Las estructuras paramilitares no están llamadas al Encuentro. Creemos que están controladas por sectores del Estado o por sectores del latifundio y las multinacionales. Justamente es a estos a los que estamos convocando. Tenemos que hablar con quienes orientan, disponen y están a cargo de la estrategia, no con quien cumple las acciones militares.
CI: ¿Y la insurgencia va a participar en este encuentro?
AG: El escenario se está adecuando para que los actores de la contienda, que para nosotros son el Estado y la insurgencia, muestren su disposición y voluntad frente a la posibilidad del diálogo. Este Encuentro es público y abierto y no tenemos contacto ni hacemos intercambio con la insurgencia; tampoco sabemos de su participación; además, en este momento, va a ser muy difícil que se haga presente por el estado de guerra que hay en el país. Pensamos que es importante si envía un mensaje por cualquier medio sobre su voluntad política y sobre cómo sería su participación en un diálogo. Si no lo hace, quedaría incompleto el Encuentro.
CI: ¿Cómo encajan en este panorama las llamadas Zonas de Reserva Campesina?
AG: Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son una iniciativa de las organizaciones campesinas para defender su territorio y su economía. Aunque existe un marco legal que las reglamenta y debe impulsarlas, el Estado no ha querido cumplir y nos ha tocado a las organizaciones tratar de que se cumpla. El Gobierno ha expresado unas voluntades, pero tiene dificultades para concretar las Zonas. Aunque podría haber muchas ZRC, estamos impulsando muy pocas, unas 10 ó 12. Es algo muy lento y un ejemplo de que si falta una participación democrática, las leyes que pueden beneficiar a los sectores marginados no se cumplen.
La propuesta de ZRC debería dinamizarse y fortalecerse hacia el Encuentro en Barrancabermeja, en busca de que tenga mayor alcance. También vamos a proponer nuestra visión de la reforma agraria integral para este país. Entendemos que para el Gobierno, la Ley de Tierras es una salida para tratar de resolver situaciones internas de inconformidad o la falta de modernización que tiene el campo. Pero no sólo vamos a expresar las críticas que tenemos a esa ley, tenemos que hablar cómo vemos lo que hay que hacer con el tema de la tierra en Colombia.
Vamos a formular nuestra Ley de Tierras y a mirar cómo vamos a dialogar con el Gobierno. Aunque las ZRC son una experiencia importante y un apuntalamiento del movimiento campesino, no es la propuesta central para resolver los problemas de la tierra en Colombia.
CI: ¿Existe una estrategia para salirle al paso al acaparamiento de tierras y su relación con el desplazamiento forzado?
AG: Hay muchas construcciones en el país desde hace varios años como la organización social campesina que tienen iniciativas importantes de defensa del territorio. Hay que recogerlas y hacer una estrategia nacional para que no sean aisladas. Experiencias como el Comité Nacional de Zonas de Reserva Campesina o el Congreso de los Pueblos son muy importantes, hay muchas expresiones que muestran las iniciativas regionales y locales frente al tema de la defensa del territorio, pero no han trascendido al país. Necesitamos que el país sepa de esa resistencia y buscar el momento para organizar una estrategia nacional que involucre al conjunto de la sociedad y modifique las decisiones estructurales. Destaco lo que pasó en Bucaramanga, donde 50.000 personas marcharon en defensa del páramo de Santurbán; es un ejemplo de cómo la ciudad conoce los efectos de la intervención minera y se moviliza para revertir las leyes que avasallan los territorios rurales y las reservas naturales del país.
CI: ¿Cómo ves la oposición tradicional de los sectores de derecha para un diálogo nacional?
AG: Creo que el problema es complejo.La derecha también cuenta con un sector, que no es el mayoritario, que analiza los riesgos de insistir en la salida militar. Los intentos de diálogo nacen de la voluntad de esta derecha, que cada vez es la menos fuerte. Y aunque no habla del mismo diálogo y de la misma salida que nosotros, hay que conversar con ese sector y hacerle entender que el sentido de este escenario es ejercer la política. Hay que trabajar para que esa derecha llegue a ese escenario de la política y no al del aupamiento de las estructuras que mantienen el paramilitarismo.
Una buena experiencia fue el apoyo de un sector la derecha para que se diera el Premio Nacional de Paz a la ACVC y a la ZRC; el diario El Tiempo salió en defensa de nuestra organización y de las ZRC. Eso muestra que no hay una posición única ni sólida en la derecha con respecto al camino de arrasar al movimiento popular y de la victoria miliar para resolver el conflicto. Hay que abrir el foro, desprevenirnos un poco, sin caer de tontos, y acercarnos a conversar seriamente con esos sectores. Pero no nos van a tomar en serio si no ven un movimiento social fuerte y unificado.
En ese sentido, es importante que haya más de 1.000 organizaciones apoyando el Encuentro, un destacado respaldo internacional, variedad de sectores políticos desde las organizaciones del campo y no menos de 30.000 asistentes. Ese mensaje no pueden desconocerlo fácilmente. Y aquellos que desde la derecha expresen su propuesta y busquen generar una mesa de intercambio entre los gremios económicos y el Estado por una parte, y el movimiento social, por otra, tal vez logren canalizar encuentros permanentes que aclimaten la opción de diálogo entre los actores de la contienda.
CI: ¿El diálogo es la ruta?
AG: El diálogo es la fórmula que no está desgastada y que menos oportunidades ha tenido en este país. La que ha tenido mayor relevancia es la salida militar: el último capítulo fueron los ocho años del gobierno de Uribe donde no sólo priorizó la estrategia militar sino que invirtió importantes recursos de los colombianos y de Estados Unidos. Todo este despliegue militar ha producido una grave crisis humanitaria y de derechos humanos mientras que las situaciones estructurales no sólo se mantienen sino que cada vez se profundizan más.
Los intentos del presidente Santos por dar legitimidad al Estado y orden frente a lo que se proponía Uribe se orientan a garantizar unos mínimos de viabilidad a la dominación y al mantenimiento del statu quo de la oligarquía, no para resolver los problemas estructurales. La crisis humanitaria, la crisis histórica sobre la tierra y los profundos efectos que tiene la guerra develan la desproporción de tener como prioridad en este país la guerra como solución del conflicto.
jueves, 23 de junio de 2011
La perversa guerra en el Bajo Atrato chocoano
Por Juan Diego Restrepo E.*
En Riosucio, Chocó, son muchas las historias que cuentan sus pobladores en las riberas del río Atrato. Hace pocos días, visitando ese municipio, escuché relatos que hablan de la perversidad de una guerra que les impide vivir tranquilos. Para ilustrarme narraron lo que viene sucediendo hace siete meses.
En la mañana del 4 de diciembre del año pasado José Graciano Mosquera Murillo salió de su parcela, ubicada en la comunidad de San José de Tamboral, de la cuenca del río Salaquí, Bajo Atrato chocoano, camino al casco urbano de Riosucio. Tenía que hacer varias diligencias en el pueblo. Atrás dejó su rancho, sus animales y sus sembrados. Nadie quedó allí. En la noche, mientras José Graciano descansaba en Riosucio sus posesiones estaban siendo bombardeadas y ametralladas por aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con el argumento de que allí estaban acampando hombres de la guerrilla de las Farc. De su casa solo quedaron las paredes de madera; sus cultivos se perdieron; y de los animales nada se sabe. En la tierra quedaron amplios cráteres, huellas de las bombas arrojadas, y sobre los arbustos casquillos de balas empleadas por las ametralladoras.
miércoles, 22 de junio de 2011
las vacaciones, no nos hara olvidar
Después de los sucesos ocurridos el 15 de junio de 2011 en la UIS y después de que la administración junto con las autoridades decidieron mantener la universidad cerrada durante cuatro días y al final llegar a la conclusión de que era mejor mandar a vacaciones hasta el 21 de julio, sin mostrar la verdadera y profunda crisis por la que pasa la universidad demostrando que la UIS es una pequeña Colombia y creyendo que con mandar a vacaciones se va a solucionar todo, otra cosa que hay que mostrar que las directivas NO hablaron con los estudiantes
Los estudiantes el día de hoy salimos a marchar con pitos, con bombas , carteles y nuestras ganas por las calles de Bucaramanga informando al transeúnte, conductor , al motociclista que los estudiantes no son terroristas, que los estudiantes no queremos la bota en la U, que tampoco se quiere una ley que le va a dar la entrada al capital privado en las universidades públicas, y en donde también se rechazó los daños causados en la U pues esos inmuebles son el patrimonio del pueblo y por lo tanto hay que cuidarlos; en donde por fin se entendió que se debe llegar al pueblo y no a la gobernación a escuchar el mismo discurso del gobernador diciendo que él es solo un voto y que no podía hacer nada. Aunque la marcha fue vigilaba por el ojo represivo del esmad y fuerza disponible no hubo ningún altercado
Ojala que esto se siga haciendo, que las marchas sean formativas, que se hable con la gente pues los medios mueven los hechos a favor del poderoso y díganme que más queremos teniendo el apoyo del pueblo santandereano
att: est uis
viernes, 10 de junio de 2011
UDEA: entre el miedo y la indignación por presencia del Esmad
Un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia emprenderán una serie de acciones jurídicas para solicitarle en las próximas semanas a las autoridades respectivas “retirar inmediatamente los efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional”, que desde el pasado 15 de septiembre de 2010 y por orden expresa del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se encuentran apostados de manera permanente en las inmediaciones de la ciudadela universitaria “a fin de impedir cualquier alteración de orden público que afecte el normal desarrollo de las actividades académicas”.
Entre las acciones adelantadas figura la documentación de una serie de denuncias sobre atropellos y abusos cometidos por esta fuerza de choque y que vienen siendo recolectadas por movimientos estudiantiles como el “Colectivo de Derechos Humanos Gustavo Marulanda”, organizaciones no gubernamentales como el “Comité de Solidaridad con los Presos Políticos” y un grupo de abogados independientes. Con esto, según lo expresan, buscan “evidenciar las irregularidades en que han incurrido los agentes del Esmad en su intento de disolver las concentraciones estudiantiles”.
Entre las acciones adelantadas figura la documentación de una serie de denuncias sobre atropellos y abusos cometidos por esta fuerza de choque y que vienen siendo recolectadas por movimientos estudiantiles como el “Colectivo de Derechos Humanos Gustavo Marulanda”, organizaciones no gubernamentales como el “Comité de Solidaridad con los Presos Políticos” y un grupo de abogados independientes. Con esto, según lo expresan, buscan “evidenciar las irregularidades en que han incurrido los agentes del Esmad en su intento de disolver las concentraciones estudiantiles”.
Hoy lloramos por Ana Fabricia Córdoba
por: Piedad Cordoba
A pesar de una realidad maquillada mediáticamente que nos dice que aquí ya no pasa nada hoy nos toca volver a llorar. Esta vez, es por una mujer negra, de extracción popular, que sufrió en vida en carne propia de los rigores de la guerra.
Hoy nos toca volver a llorar, más que por la pariente oriunda del Chocó, por una valiente que se sobrepuso al desplazamiento del que fuera víctima en 2001, tras la pérdida de su esposo y algunos de sus hijos en la Urabá violenta de las épocas en que el Ex Presidente Alvaro Uribe Vélez fue gobernador en Antioquia y en la que se pavoneaban impunemente los paramilitares, arropados en la legalidad que les daba las Convivir.
Hoy nos toca llorar por ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA una madre que, a pesar de haber perdido recientemente a su joven hijo Jonathan Arley Ospina Córdoba en un extraño incidente con la Policía, no le temblaba la voz para exigir desde el barrio La Cruz en las comunas Nororientales de Medellín, respeto y dignidad para las mujeres cuya situación les obliga a medigar alimentos en las plazas de mercado de la ciudad para alimentar a los suyos.
Lloramos porque nos duele la muerte de una lidereza de Poder Ciudadano en Medellín que no temía a las amenazas. Hemos perdido a una excepcional mujer cuyos desvelos eran en favor de la comunidad desde Latepaz, la organización comunitaria que fundó para trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de los y las desplazados y demás víctimas de la violencia invisibilizada, en una ciudad que es todo, menos equitativa y humana.
A pesar de una realidad maquillada mediáticamente que nos dice que aquí ya no pasa nada hoy nos toca volver a llorar. Esta vez, es por una mujer negra, de extracción popular, que sufrió en vida en carne propia de los rigores de la guerra.
Hoy nos toca volver a llorar, más que por la pariente oriunda del Chocó, por una valiente que se sobrepuso al desplazamiento del que fuera víctima en 2001, tras la pérdida de su esposo y algunos de sus hijos en la Urabá violenta de las épocas en que el Ex Presidente Alvaro Uribe Vélez fue gobernador en Antioquia y en la que se pavoneaban impunemente los paramilitares, arropados en la legalidad que les daba las Convivir.
Hoy nos toca llorar por ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA una madre que, a pesar de haber perdido recientemente a su joven hijo Jonathan Arley Ospina Córdoba en un extraño incidente con la Policía, no le temblaba la voz para exigir desde el barrio La Cruz en las comunas Nororientales de Medellín, respeto y dignidad para las mujeres cuya situación les obliga a medigar alimentos en las plazas de mercado de la ciudad para alimentar a los suyos.
Lloramos porque nos duele la muerte de una lidereza de Poder Ciudadano en Medellín que no temía a las amenazas. Hemos perdido a una excepcional mujer cuyos desvelos eran en favor de la comunidad desde Latepaz, la organización comunitaria que fundó para trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de los y las desplazados y demás víctimas de la violencia invisibilizada, en una ciudad que es todo, menos equitativa y humana.
martes, 7 de junio de 2011
¿Neoparamilitares?
En Bahía Solano y Nuquí, Chocó, fueron capturadas 24 personas el 31 de mayo, por nexos con el grupo de Los Rastrojos, entre las cuales había 11 integrantes de los organismos de seguridad, un concejal y una secretaria de juzgado, lo que pone sobre el tapete la discusión de si se trata de un nuevo caso aislado de corrupción, propio del modus operandi de los narcos, o si es otra muestra de lazos de continuidad entre los antiguos paramilitares y los grupos que, como Los Rastrojos, los sustituyeron en numerosas regiones del país.
Entre los capturados en Bahía Solano hay siete policías, dos suboficiales de la Armada, el coordinador y un investigador del CTI, la secretaria del juzgado penal municipal y un concejal de Nuquí. Según los datos parciales recolectados por SEMANA, unos 700 miembros de la fuerza pública están siendo investigados por presunta complicidad con esos grupos que, según la Policía, llenaron en 152 municipios los espacios dejados por las AUC. El Ejército dice que casi 350 de sus miembros están bajo la lupa. La Policía ha destituido acerca de 300 y el DAS, 30. La Armada tiene nueve capturados. Y una docena de fiscales son investigados por esta razón.
En algunos casos, hay oficiales involucrados. A fines del año pasado, el CTI capturó a un coronel del Ejército y a una abogada de la Fiscalía que, durante dos años, robaron visores nocturnos y otras armas de 11 batallones para venderlas a los nuevos grupos, y un mayor de Inteligencia de la Policía fue destituido por colaborar con Los Paisas. Algunos oficiales de alto rango han sido retirados por sospechas de vínculos con estas organizaciones.
Entre los capturados en Bahía Solano hay siete policías, dos suboficiales de la Armada, el coordinador y un investigador del CTI, la secretaria del juzgado penal municipal y un concejal de Nuquí. Según los datos parciales recolectados por SEMANA, unos 700 miembros de la fuerza pública están siendo investigados por presunta complicidad con esos grupos que, según la Policía, llenaron en 152 municipios los espacios dejados por las AUC. El Ejército dice que casi 350 de sus miembros están bajo la lupa. La Policía ha destituido acerca de 300 y el DAS, 30. La Armada tiene nueve capturados. Y una docena de fiscales son investigados por esta razón.
En algunos casos, hay oficiales involucrados. A fines del año pasado, el CTI capturó a un coronel del Ejército y a una abogada de la Fiscalía que, durante dos años, robaron visores nocturnos y otras armas de 11 batallones para venderlas a los nuevos grupos, y un mayor de Inteligencia de la Policía fue destituido por colaborar con Los Paisas. Algunos oficiales de alto rango han sido retirados por sospechas de vínculos con estas organizaciones.
Asogras preocupada porque las autoridades no se pronuncian respecto a las denuncias hechas por corrupción en Sabana de Torres
A pesar de haber transcurrido 118 días de que ASOGRAS hizo una serie de denuncias en la ciudad de Barrancabermeja ante el señor Vicepresidente el pasado 02 de febrero, en donde el señor Procurador Provincial se comprometió a investigar lo denunciado por Asogras, hoy no se sabe que ha pasado al respecto y, por el contrario, la seguridad del presidente de Asogras se vio amenazada al punto de que le tocó salir obligado del lugar de residencia que era en una finca en la Vereda de Doradas, del municipio de Sabana de Torres, pues en dos oportunidades sujetos armados lo fueron a buscar para asesinarle en su finca, parece ser que el motivo de estas amenazas presuntamente son a causa de las denuncias que se hicieron en contra del señor Alcalde Dr. URIEL VELANDIA GUTIERREZ.
Como se recordará, estos mismos hechos se denunciaron el día 17 de Abril de 2009 ante la Fiscalía Quinta de Bucaramanga, por la conformación de una I.P.S VIDA MEJOR, de la cual, son socios el Dr. URIEL VELANDIA GUTIERREZ y alias TARAZA del Bloque Centra Bolívar, quien hoy, está detenido en una de las cárceles de Colombia.
Absuelto de todos los cargos el profesor Miguel Ángel Beltrán. "Triunfó la verdad porque el pensamiento crítico no es terrorismo."
Tras dos años de estar privado de su libertad, el profesor, Miguel Ángel Beltrán fue absuelto de los cargos de concierto para delinquir con fines terroristas y rebelión. La decisión la tomó la Juez cuarta de descongestión de Bogotá, argumentando que no fue posible demostrar su responsabilidad ni probar su militancia en las FARC-EP, ya que las pruebas que pesaban sobre el profesor no lo comprometían,. A esto se le suma la invalidez de los documentos encontradas en el computador de Raúl Reyes.
Miguel Ángel Beltrán fue capturado en México el 22 de mayo de 2009, mientras intentaba adelantar estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, acusado de ser integrante de la comisión internacional de las FARC-EP. El profesor fue extraditado a Colombia después de su captura. A lo largo de estos dos años tanto él, como su familia y distintas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la falta de garantías para su defensa, la ilegalidad de las pruebas en su contra y las irregularidades en las audiencias de su juicio, entre otras anomalías graves.
Se espera que a mediados de la próxima semana el profesor Miguel Ángel Beltrán, considerado uno de los cientos de presos políticos colombianos, sea dejado en libertad después de la absolución de esta noche. El profesor celebró la decisión y afirmó que triunfó la verdad porque el pensamiento crítico no es terrorismo.
Desde las aulas, hacia Colombia
viernes, 3 de junio de 2011
U. de Caldas, en controversia por contrato con multinacional minera
tomado: diario la patria
Esta semana salió del cargo la Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Caldas, María Yolanda Aguirre Ospina. El cambio habría pasado como un proceso administrativo más, si no fuera porque ella presidía el Consejo de Facultad que en días pasados cuestionó el contrato que la institución firmó con la multinacional minera Anglogold Ashanti (AGA).
Aunque el rector Ricardo Gómez Giraldo negó que la salida de la Decana tenga relación con su posición frente al contrato, Aguirre Ospina le dijo a LA PATRIA que: "es muy curioso que esto suceda justo cuando se saca la carta abierta que cuestiona lo hecho".
La discusión de fondo
El objeto del contrato, por un valor de $2 mil 10 millones 215 mil 215, es realizar un monitoreo ambiental permanente en la fase de exploración en la zona de influencia del proyecto minero La Colosa, en Cajamarca (Tolima), que será a cielo abierto.
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales cuestionó, en primer lugar, que no se les hubiera consultado a los departamentos de Biología y Geología para analizar las implicaciones. "Ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto", apunta la carta abierta, que advierte sobre los riesgos incluso en la fase exploratoria.
Esta semana salió del cargo la Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Caldas, María Yolanda Aguirre Ospina. El cambio habría pasado como un proceso administrativo más, si no fuera porque ella presidía el Consejo de Facultad que en días pasados cuestionó el contrato que la institución firmó con la multinacional minera Anglogold Ashanti (AGA).
Aunque el rector Ricardo Gómez Giraldo negó que la salida de la Decana tenga relación con su posición frente al contrato, Aguirre Ospina le dijo a LA PATRIA que: "es muy curioso que esto suceda justo cuando se saca la carta abierta que cuestiona lo hecho".
La discusión de fondo
El objeto del contrato, por un valor de $2 mil 10 millones 215 mil 215, es realizar un monitoreo ambiental permanente en la fase de exploración en la zona de influencia del proyecto minero La Colosa, en Cajamarca (Tolima), que será a cielo abierto.
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales cuestionó, en primer lugar, que no se les hubiera consultado a los departamentos de Biología y Geología para analizar las implicaciones. "Ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto", apunta la carta abierta, que advierte sobre los riesgos incluso en la fase exploratoria.
Representantes profesorales de la UN se pronuncian contra seguimientos de VISE a estudiantes
tomado: prensa universidad
El Comité de Representantes Profesorales de la Sede Bogotá, en sesión del 30 de mayo de 2011, se enteró, con preocupación, de la situación presentada con la empresa de vigilancia, VISE, contratada por la sede Bogotá, por los seguimientos a los representantes estudiantiles de la Sede Bogotá y en especial al estudiante Jairo Rivera, Representante Estudiantil al Consejo Superior Universitario, como consta en lo consignado en algunas bitácoras de facultades diligenciadas por los vigilantes. Nos preguntamos en dónde se originan las órdenes para adelantar estos procedimientos.
El Comité demanda una claridad y suspensión inmediata de esta situación, que atenta contra la integridad física y sicológica del Representante Estudiantil al Consejo Superior Universitario, así como lo pertinente con los varios procesos disciplinarios abiertos al estudiante Rivera, hechos claramente intimidatorios y dirigidos a lesionar la libertad de opinión de la representación estudiantil.
Recordamos que tanto la representación estudiantil como profesoral hacen parte de la institucionalidad universitaria, con funciones claramente establecidas de manera estatutaria. En consecuencia, las labores que desde éstas representaciones se desarrollan no constituyen una concesión particular de la administración universitaria, por el contrario se debe propiciar el desarrollo de sus funciones, con mayor razón, merece una alerta toda acción administrativa -provenga del nivel que sea- que pretenda simbolizarla como algo anómalo dentro de la vida universitaria o intente obstaculizarla.
viernes, 27 de mayo de 2011
desalojo al movimento 15M de españa
La alerta comunicada en las redes sociales y la propia atención que estaba recibiendo el desalojo en los medios ha dado la vuelta al operativo policial que desde las 6.30 de la mañana pretendía desalojar la acampada del movimiento 15M en Barcelona.
Cientos de personas han logrado burlar el cordón policial que mantenía aislada la acampada de las concentraciones de apoyo que se han ido sucediendo a lo largo de la mañana en todo el perímetro de la Plaça Catalunya. Todas ellas han logrado acceder a lo que queda del campamento después de que una docena de camiones de limpieza y las propias arremetidas de la policía hayan arrasado con las infraestructuras levantadas por el movimiento en los últimos días.
Siete horas después de que comenzara el dispositivo conjunto de Mossos de Esquadra, Guardia Urbana y BCneta (el servicio municipal de limpieza), el presunto operativo de limpìeza se había transformado en un problema de orden público con decenas de personas heridas debido a las cargas de la policía.
Las declaraciones oficiales han insistido a lo largo de la mañana en el carácter pacífico de la operación policial, pese a que las cámaras de medios como Antena 3 hayan retransmitido en directo las agresiones policiales a manifestantes pacíficos. Desde la asamblea de la acampada se está pidiendo la dimisión del conseller de interior, Felip Puig. Las cifras de personas heridas oscilan entre las 14 recogidas por La Vanguardia y las 43 de las que está reportando Radio Nacional y la Agencia EFE.
Cientos de personas han logrado burlar el cordón policial que mantenía aislada la acampada de las concentraciones de apoyo que se han ido sucediendo a lo largo de la mañana en todo el perímetro de la Plaça Catalunya. Todas ellas han logrado acceder a lo que queda del campamento después de que una docena de camiones de limpieza y las propias arremetidas de la policía hayan arrasado con las infraestructuras levantadas por el movimiento en los últimos días.
Siete horas después de que comenzara el dispositivo conjunto de Mossos de Esquadra, Guardia Urbana y BCneta (el servicio municipal de limpieza), el presunto operativo de limpìeza se había transformado en un problema de orden público con decenas de personas heridas debido a las cargas de la policía.
Las declaraciones oficiales han insistido a lo largo de la mañana en el carácter pacífico de la operación policial, pese a que las cámaras de medios como Antena 3 hayan retransmitido en directo las agresiones policiales a manifestantes pacíficos. Desde la asamblea de la acampada se está pidiendo la dimisión del conseller de interior, Felip Puig. Las cifras de personas heridas oscilan entre las 14 recogidas por La Vanguardia y las 43 de las que está reportando Radio Nacional y la Agencia EFE.
miércoles, 25 de mayo de 2011
COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA RESIDENCIAS
Los estudiantes de las RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UIS, comprometidos con el fortalecimiento y permanencia de este beneficio que ha permitido la inclusión de estudiantes de bajos recursos económicos en el sistema educativo y promoviendo así el desarrollo socioeconómico de nuestra nación.
DENUNCIAN
Los estudiantes residentes están siendo señalados de ser los responsables de entorpecer el proceso de adjudicación de 11 cupos de 30, que llevan más de 6 meses libres en las Residencias Universitarias, en el cual se han inscrito 24 estudiantes en situación socioeconómica vulnerable, por las directivas de Bienestar Universitario encabeza del médico Isnardo Ardila Rueda, que se han dedicado a saltarse arbitrariamente el debido proceso, afectando la transparencia, privando a los estudiantes aspirantes de poder acceder al beneficio, mal informando a la comunidad universitaria, basándose en negar peticiones que los estudiantes residentes han hecho amparados en medios legítimos, como, el poder elegir el profesional del área de psicología que se encargue de atenderlos y que participa en el proceso de revalidación y adjudicación de cupos.
Además, se dictan y cambian determinaciones del comité de adjudicación, sin tener en cuenta al veedor de los residentes y bajo el consentimiento de uno de los representantes de los estudiantes ante Bienestar Universitario, Julián Màsmela Castillo, (que representa más los intereses de Bienestar Universitario que de los estudiantes) y la inexistencia del otro; Dificultando así, el acercamiento entre los estudiantes residentes y los estudiantes aspirantes, siendo esto muy importante, ya que finalmente los estudiantes adjudicados van a ser los compañeros de convivencia.
Generan además persecución contra los estudiantes residentes que aun, cumpliendo con los requisitos, se les pide el cupo interpretando a su manera los acuerdos que rigen el funcionamiento de las residencias, y así, no permitiendo que se dediquen plenamente a su proceso académico.
¿Qué se esconde detrás de este proceder administrativo? A tal punto de ir en contra de la Misión de la Universidad y de una serie de compromisos mínimos consagrados en la carta de ciudadanía declarada por las mismas directivas; cuando son estos mismos, los primeros que no reconocen esa “actitud dialógica”, la cual presupone el reconocimiento del otro como interlocutor válido. ¿Dónde existe la participación democrática?, ¿La reflexión crítica?, ¿La legitimidad?
Exhortamos a todos los estamentos de la Comunidad Universitaria a estar al tanto, y a manifestarse en contra de esta situación, ya que estas medidas dejan entrever una serie de violaciones que atentan contra nuestros derechos como estudiantes y ciudadanos.
ESTUDIANTES RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UIS
Bucaramanga, 25 de Mayo de 2011.
DENUNCIAN
Los estudiantes residentes están siendo señalados de ser los responsables de entorpecer el proceso de adjudicación de 11 cupos de 30, que llevan más de 6 meses libres en las Residencias Universitarias, en el cual se han inscrito 24 estudiantes en situación socioeconómica vulnerable, por las directivas de Bienestar Universitario encabeza del médico Isnardo Ardila Rueda, que se han dedicado a saltarse arbitrariamente el debido proceso, afectando la transparencia, privando a los estudiantes aspirantes de poder acceder al beneficio, mal informando a la comunidad universitaria, basándose en negar peticiones que los estudiantes residentes han hecho amparados en medios legítimos, como, el poder elegir el profesional del área de psicología que se encargue de atenderlos y que participa en el proceso de revalidación y adjudicación de cupos.
Además, se dictan y cambian determinaciones del comité de adjudicación, sin tener en cuenta al veedor de los residentes y bajo el consentimiento de uno de los representantes de los estudiantes ante Bienestar Universitario, Julián Màsmela Castillo, (que representa más los intereses de Bienestar Universitario que de los estudiantes) y la inexistencia del otro; Dificultando así, el acercamiento entre los estudiantes residentes y los estudiantes aspirantes, siendo esto muy importante, ya que finalmente los estudiantes adjudicados van a ser los compañeros de convivencia.
Generan además persecución contra los estudiantes residentes que aun, cumpliendo con los requisitos, se les pide el cupo interpretando a su manera los acuerdos que rigen el funcionamiento de las residencias, y así, no permitiendo que se dediquen plenamente a su proceso académico.
¿Qué se esconde detrás de este proceder administrativo? A tal punto de ir en contra de la Misión de la Universidad y de una serie de compromisos mínimos consagrados en la carta de ciudadanía declarada por las mismas directivas; cuando son estos mismos, los primeros que no reconocen esa “actitud dialógica”, la cual presupone el reconocimiento del otro como interlocutor válido. ¿Dónde existe la participación democrática?, ¿La reflexión crítica?, ¿La legitimidad?
Exhortamos a todos los estamentos de la Comunidad Universitaria a estar al tanto, y a manifestarse en contra de esta situación, ya que estas medidas dejan entrever una serie de violaciones que atentan contra nuestros derechos como estudiantes y ciudadanos.
ESTUDIANTES RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UIS
Bucaramanga, 25 de Mayo de 2011.
lunes, 23 de mayo de 2011
No a la financiación minera en las universidades
por: Federacion de Estudiantes Universitarios
En el pasado mes de Mayo la Universidad de Caldas, en cabeza del rector Ricardo Gómez, firmó un contrato de prestación de servicios con la compañía minera transnacional Anglo Gold Ashanti (AGA), prueba de la imposición gradual de la lógica mercantilista en ésta Alma Máter, y como tal, manifestación de la política económica del Estado colombiano, orientada hacia el fortalecimiento de la gran minería, por encima de los derechos fundamentales de las comunidades y los intereses generales de los colombianos. Ante dicha situación la Federación de Estudiantes Universitarias FEU, como parte activa de la dinámica estudiantil de la Universidad de Caldas, invita a la reflexión sobre algunas de las implicaciones que generaría dicho acuerdo, evidenciando que éste no es independiente de otras problemáticas generales, como la reforma a la ley 30 de 1992 (actualmente discutida en el Congreso de la República).En la medida en que es el gobierno del Dr. Juan Manuel Santos quien establece la gran Minería como uno de los ejes que impulsa la inversión extranjera y permite reducir el déficit fiscal al elevar –según él- el crecimiento económico. La puesta en marcha de esta “locomotora de la minería” como parte de un proceso iniciado por el gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez1, implica un proceso de reorganización jurídica de la actividad minera (Ley 1382 de 2010, Decreto 2715 de 2010), que entre otras medidas, aumenta la restricción de la minería artesanal o tradicional, a la vez que permite la flexibilización de la tributación para los inversionistas extranjeros, en aras de facilitar la confianza inversionista. Esta apuesta por la gran minería impone la presencia protagónica de poderosas compañías mineras trasnacionales, en contraste con la exclusión y persecución a los pequeños mineros; compañías como Gran Colombia Gold Corp, Medoro Resources Ltd, Anglo Gold Ashanti, Gold y Mineros, y Greystar, han recibido concesiones y permisos para la explotación minera en el territorio nacional, incluyendo zonas protegías y zonas de ecosistemas frágiles como los páramos. Relacionado con esto se encuentra la persecución a los pequeños mineros (mineros artesanales) en el marco de la lucha contra la minería ilegal (Ley 1382 de 2010, Decreto 2715 de 2010). Encauzando el uso de la fuerza del Estado a señalar, penalizar y encarcelar a quienes buscan en la pequeña minería una forma de sobrevivir, en un contexto marcado por la desigualdad, la exclusión social, política y económica: en Marzo de este año el Departamento de Policía de Caldas, dio a conocer la captura de seis personas en el Municipio de Neira, los elementos incautados fueron: 3 bateas medianas hechas en madera; 2 macetas medianas con cabo de madera; 2 machetes; 2 cinceles medianos en acero; 2 barras de acero; 1 pala; y 1 azadón de arrastre. El delito: explotación minera ilegal y violación a la explotación minera, sin los permisos y licencias correspondientes (Código Penal, Código de Minas). Demostrando así el favorecimiento a las grandes compañías mineras y la persecución a labriegos y mineros artesanales por parte de las instituciones del Estado, en consecuencia con el modelo neoliberal, en el cual, las funciones del Estado se reducen a tareas policivas y de vigilancia, orientadas a garantizar el cumplimiento de las concesiones, licitaciones y demás contratos, para la explotación minera, es decir, el monopolio de las trasnacionales sobre nuestra territorios, los recursos y la biodiversidad. Y es en éste escenario, que da su aparición la explotación minera de la Anglo Gold Ashanti (AGA).
La AGA es una de las tres primeras compañías de explotación aurífera en el mundo, en los últimos años ha sido cuestionada por los gravísimos e irreparables daños ambientales generados por la explotación de oro en diferentes lugares, incluyendo Ghana, y la violación de derechos humanos denunciada por agencias internacionales como Green Peace “que incluyen torturas y asesinatos por parte del personal de seguridad privado de la compañía” (SEMANA, pág. 27 de enero de 2011). En el país ya existen denuncias sobre esta práctica de la AGA., se le imputó la tortura y asesinato en Febrero del año pasado, de dos mineros de la comunidad de la Serranía de San Lucas: Omar Alonso Ospina y su hermano José de Jesús Restrepo, miembros de la federación de mineros en la región del sur de Bolívar (Fedeagromisbol), (www.pacificocolombia.org).
En el país la AGA ha solicitado contratos en más de 21 departamentos y un total de 2.114 solicitudes para la explotación minera; desde 2007 ha orientado actividades de este tipo en La Colosa, reserva minera de 4.000 hectáreas, ubicada cerca al municipio de Cajamarca en Tolima, que posee un estimado 12 millones de onzas.
1 Durante el gobierno de Uribe Vélez se ofrecieron atractivos beneficios y ventajas que favorecieron la inversión de transnacionales mineras en el país. Solo entre 2002 y 2009, las concesiones sólo en los páramos pasaron de 70.000 a 122.000 hectáreas. Mientras que el área titulada para la explotación minera pasó de un millón a 8.5 millones de hectáreas (El Espectador, 23 de enero de 2011). Esta apuesta incluyó la posibilidad de realizar explotaciones mineras en zonas protegidas. Para el mes agosto del 2010 habían 8.827 títulos oficialmente otorgados por INGEOMINAS a distintas empresas extranjeras y nacionales, de los cuales 571 (203 mil hectáreas) estaban ubicadas en parques nacionales y regionales naturales, páramos, humedales y zonas de reserva forestal protectoras (Desde Abajo, Noviembre 2010).
Las actividades de exploración emprendidas por la AGA en este proyecto, han sido cuestionadas por iniciarse sin los permisos necesarios otorgados por las instituciones competentes como es el caso de CORTOLIMA; para este proyecto la AGA, tiene presupuestado alrededor de 2 billones de dólares, lo que representa el proyecto de explotación minera a cielo abierto más ambicioso que se haya realizado en el país y la región. Este proyecto entra a ser apoyado desde hace pocos días por la Universidad de Caldas, quien se compromete a realizar un monitoreo ambiental permanente de los aspectos bióticos, hidroclimáticos e hidrogeológicos, durante la fase de exploración, firmando un contrato de prestación de servicios por dos mil diez millones doscientos quince mil doscientos quince pesos ($2.010.215.215).
Este contrato hace parte de una de las exigencias para iniciar el proyecto de explotación minera a cielo abierto, impuestas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) a la AGA, y a pesar de ser ofrecido con anterioridad a la Universidad del Tolima, ésta se niega a realizarlo debido a las limitaciones y condicionamientos que se le imponen. En contraste la Universidad de Caldas, en cabeza del rector Ricardo Gómez, celebra dicho contrato de manera anormal (no es tenida en cuenta la opinión de los representantes de estudiantes y profesores al Consejo Superior, ni la comunidad académica en general), negando la discusión y análisis, como es el deber ser de una institución académica. Siendo evidente que en el contrato existen una serie de condicionamientos a la Universidad, como en el caso de la cláusula de confidencialidad, la cual reza que no se deben divulgar los resultados sino están de acuerdo las dos partes, y por lo tanto, no se puede publicar los resultados del monitoreo ambiental sin que la Anglo Gold sea consultada. Este hecho genera desconfianza sobre las pretensiones de la AGA, ya que puede “no jugar limpio” y esconder los verdaderos impactos que generará el proyecto minero de La Colosa.
A partir de estos elementos, se da pié a poner en tela de juicio a la administración de la Universidad de Caldas, quien tiene dentro de su programa institucional la responsabilidad social con la región y el país, en la medida en que es evidente que la Universidad con la celebración de este contrato, es cómplice de la violación imputada a la AGA de los DD HH en Colombia y países africanos. A la vez que se limita y condiciona la investigación científica en la Universidad, particularmente a programas como: Biología, Geología e Ingeniería Agronómica. Al restringir y debilitar, no sólo la autonomía en la investigación, sino a redefinirla con base a una lógica mercantil, orientada a favorecer los intereses de compañías extranjeras y a aumentar el rendimiento de sus capitales económicos. Todo esto en detrimento de la investigación, que posee como fin último, mejorar las condiciones sociales de la población, a la par del mantenimiento y cuidado de la biodiversidad. Esto pues, no difiere, por lo contrario complementa el proyecto de reforma al modelo de educación (reforma ley 30) que busca disminuir la participación estatal en la actividad educativa en aras de fortalecer la presencia de capitales e intereses privados. Apoyadas por una política económica que impulsa la gran minería, persiguiendo al minero artesanal y sin tener en cuenta el impacto ambiental, cultural y social, las compañías mineras, en ese caso la AGA, se NOS METIERON EN LA CASA. Se metieron en nuestro territorio, en nuestra región para excavar y exprimir nuestra riqueza natural. La misma por la que vinieron los europeos hace más de 500 años. Pero también se metieron en nuestra Universidad con la complacencia de una administración que a toda costa pretende desarrollar una educación pública bajo la lógica del mercado.
Esta acción emprendida por la U de Caldas requiere de una férrea resistencia por parte de la comunidad universitaria y de las distintas expresiones sociales, populares, académicas y ambientalistas de la ciudad y la región; es necesario articular los esfuerzos de cada uno de los actores que se ven afectados y alterados por esta apuesta, es clave generar discusiones desde la academia, acerca del significado de la Autonomía Universitaria y el papel de la ciencia en la actualidad. Es prioritario, también, emprender una serie de acciones conjuntas de las distintas expresiones sociales, populares, ambientalistas y estudiantiles que impliquen demandas jurídicas, movilización en la calle y difusión para la comprensión de la magnitud del problema. No podemos dejar que mientras se NOS METEN EN LA CASA, se continúe en la dispersión, la ambigüedad y la división de los movimientos: estudiantil, ambientalista y social. Por eso desde la Federación de Estudiantes FEU y el proceso de la Marcha Patriótica, invitamos de manera honesta a la resistencia, la movilización y la defensa de la casa. Por eso decimos:
viernes, 20 de mayo de 2011
EL MEN AJUSTA LA PROPUESTA DE LEY 30, PERO SIGUE SIENDO LO MISMO
Con cambios más estéticos que de fondo, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó la segunda versión de la propuesta de reforma del Gobierno a la Ley 30 de 1992, con el argumento de que el nuevo documento es producto del aporte de los colombianos en las semanas previas de discusión, y señaló -en contrario a sus palabras de la semana pasada- que radicará el proyecto el próximo 20 de julio, cuando inicien las nuevas sesiones del Congreso de La República.
La nueva propuesta varía en poco la inicialmente presentada y sólo hace algunas precisiones con respecto a los cuestionados temas de inversión privada en la educación pública y las IES con ánimo de lucro, y se ratifica en la decisión de que las universidades tienen que ratificar su carácter para no bajar de categoría, y para ello le amplía el plazo a 8 y no 5 años como inicialmente estaba previsto.
Principales novedades al texto de la reforma
1) Los recursos públicos para calidad en educación superior sólo se destinarán a IES públicas y privadas sin ánimo de lucro; es decir, las IES con ánimo de lucro no recibirán subsidio alguno de parte del Estado.
2) Se retiran los organismos de tercera parte como organismos de evaluación de acreditación; es decir, se acogió la "protesta" del CNA y de académicos que consideraban que era una mercantilización y la puerta abierta a la creación de empresas consultoras de acreditación.
La nueva propuesta varía en poco la inicialmente presentada y sólo hace algunas precisiones con respecto a los cuestionados temas de inversión privada en la educación pública y las IES con ánimo de lucro, y se ratifica en la decisión de que las universidades tienen que ratificar su carácter para no bajar de categoría, y para ello le amplía el plazo a 8 y no 5 años como inicialmente estaba previsto.
Principales novedades al texto de la reforma
1) Los recursos públicos para calidad en educación superior sólo se destinarán a IES públicas y privadas sin ánimo de lucro; es decir, las IES con ánimo de lucro no recibirán subsidio alguno de parte del Estado.
2) Se retiran los organismos de tercera parte como organismos de evaluación de acreditación; es decir, se acogió la "protesta" del CNA y de académicos que consideraban que era una mercantilización y la puerta abierta a la creación de empresas consultoras de acreditación.
UNA PRUEBA DEL PORQUE QUIEREN PRIVATIZAR LAS UNIVERSIDADES
En 2009, las universidades colombianas tuvieron ingresos de 7.4 billones de pesos y alcanzaron utilidades de 464.000 millones de pesos. Con un margen del 6%. Mientras las universidades privadas ganaron 340.000 millones, las universidades públicas alcanzaron los 124.000 millones.
Esta información es producto de la investigación que realizó Hoja de Negocios, página web denominada la Revista Digital de los Negocios en Colombia, que es una publicación de un grupo de economistas, quienes señalan -entre otros aspectos- que dentro de su listado de los 100 personajes mas ricos de Colombia se encuentran 4 dueños de universidades.
.
Aunque hay algunos aspectos técnicos y afirmaciones que no reflejan fielmente nuestro sistema de educación superior o su conocimiento, El Observatorio de la Universidad Colombiana reproduce el informe por el enfoque del mismo, y por lo que éste puede significar en momentos en que el lucro o no de las universidades se discute dentro de la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1991.
Texto del informe
Las universidades colombianas han lanzado un fuego cerrado de artillería pesada contra la reforma a la educación superior que pretende adelantar el gobierno de Santos. Mientras los estudiantes de las universidades publicas han paralizado las distintas ciudades donde tienen sede con protestas, sus rectores no han parado de insistir en que los presupuestos tienen que crecer muy por encima de la inflación y que la autonomía esta en entredicho por cuenta de la reforma.
Esta información es producto de la investigación que realizó Hoja de Negocios, página web denominada la Revista Digital de los Negocios en Colombia, que es una publicación de un grupo de economistas, quienes señalan -entre otros aspectos- que dentro de su listado de los 100 personajes mas ricos de Colombia se encuentran 4 dueños de universidades.
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Aunque hay algunos aspectos técnicos y afirmaciones que no reflejan fielmente nuestro sistema de educación superior o su conocimiento, El Observatorio de la Universidad Colombiana reproduce el informe por el enfoque del mismo, y por lo que éste puede significar en momentos en que el lucro o no de las universidades se discute dentro de la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1991.
Texto del informe
Las universidades colombianas han lanzado un fuego cerrado de artillería pesada contra la reforma a la educación superior que pretende adelantar el gobierno de Santos. Mientras los estudiantes de las universidades publicas han paralizado las distintas ciudades donde tienen sede con protestas, sus rectores no han parado de insistir en que los presupuestos tienen que crecer muy por encima de la inflación y que la autonomía esta en entredicho por cuenta de la reforma.
jueves, 19 de mayo de 2011
el "profe" de los paramilitares
No tuvo la cantidad de escoltas de un exjefe paramilitar. Tampoco fue visible en los medios de comunicación durante las negociaciones en Santa Fe de Ralito. Teodosio Pabón Contreras fue un desconocido para el país, pero entre el mundo de los paramilitares era alias ‘El Profe’, el asesor de Carlos Castaño y jefe político de tres bloque paramilitares.
Aunque el 3 de septiembre de 2005 Vicente Castaño firmó el acta de desmovilización del Bloque Centauros, fue Pabón Contreras quien representó a los 1.135 hombres de este grupo paramilitar en la mesa de negociación en reemplazo de Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’, exjefe paramilitar del Centauros asesinado por sus propios subalternos en septiembre de 2004.
Su relativo anonimato obedeció a su estrategia de “manejar un bajo perfil”, según le dijo a Justicia y Paz. En versiones libres, contó cómo dejó de ser un profesor de bachillerato para convertirse en instructor de las escuelas paramilitares en el Putumayo, Valle del Cauca y los Llanos Orientales, en el emisario de la Casa Castaño, y en un tipo de relacionista público que delinquió tratando de ‘limpiarle la imagen’ a las Auc en el centro y sur del país....
Aunque el 3 de septiembre de 2005 Vicente Castaño firmó el acta de desmovilización del Bloque Centauros, fue Pabón Contreras quien representó a los 1.135 hombres de este grupo paramilitar en la mesa de negociación en reemplazo de Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’, exjefe paramilitar del Centauros asesinado por sus propios subalternos en septiembre de 2004.
Su relativo anonimato obedeció a su estrategia de “manejar un bajo perfil”, según le dijo a Justicia y Paz. En versiones libres, contó cómo dejó de ser un profesor de bachillerato para convertirse en instructor de las escuelas paramilitares en el Putumayo, Valle del Cauca y los Llanos Orientales, en el emisario de la Casa Castaño, y en un tipo de relacionista público que delinquió tratando de ‘limpiarle la imagen’ a las Auc en el centro y sur del país....
miércoles, 18 de mayo de 2011
En libertad Aracely Cañaveral Vélez, Angie Gaona, Julian Andoni Domínguez y William Rivera Rueda.
La Fundación Lazos de Dignidad y la Asociación de Abogados Demócratas del Caribe comunican a la comunidad nacional e internacional que:
1. Hoy, mayo 16 de 2011, la juez 11 penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Cartagena (Bolívar), doctora Magdalena Otero Dávila, ordenó la libertad por vencimiento de términos de los prisioneros políticos de conciencia víctimas de montaje judicial Aracely Cañaveral Vélez, Angie Gaona, Julian Andoni Domínguez y William Rivera Rueda, quienes continúan vinculados al proceso penal impulsado por la fiscalía 5 especializada de Cartagena.
Los dirigentes estudiantiles y defensores de derechos humanos Angie Gaona, Julian Andoni Domínguez y William Rivera Rueda fueron privados de su libertad desde 13 de enero de 2011, y la líder sindical y social Aracely Cañaveral Vélez fue detenida desde el 17 de enero de 2011, bajo los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, sin existir pruebas que comprometan sus responsabilidades en la comisión de tales delitos.
En el momento, Aracely Cañaveral Vélez, Angie Gaona, Julian Andoni Domínguez y William Rivera Rueda están a la espera de cancelar las respectivas cauciones prendarias y pólizas para recuperar su libertad, teniendo posteriormente que desplazarse por sus propios medios económicos a sus ciudades de origen ubicadas en Medellín y Bucaramanga.
Llamado a la solidaridad Apelamos a la solidaridad de las organizaciones sociales y sindicales para solicitarles su apoyo económico a fin de lograr transportar a los líderes en libertad a sus ciudades de origen.
Igualmente, solicitamos mantener su atención en el caso puesto que el señalamiento que han padecido Aracely Cañaveral Vélez, Angie Gaona, Julian Andoni Domínguez y William Rivera Rueda constituye un factor de riesgo para sus vidas y derechos humanos.
martes, 3 de mayo de 2011
Las capturas por el homicidio de la jueza Gaona son denunciadas como montajes judiciales
En la madrugada del sábado 30 de abril, varios habitantes del municipio de Saravena (Arauca) fueron capturados y sus viviendas allanadas por la Policía Nacional. Minutos después, medios comunicación como El Tiempo o Caracol TV (1) anunciaban la captura de los supuestos responsables del homicidio de la jueza Gloria Constanza Gaona. Voceros del Gobierno de Juan Manuel Santos, incluido el mismo presidente, afirmaron que los jóvenes judicializados eran milicianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que con tal hecho quedaba descartada la participación del Ejército Nacional en el crimen de la funcionaria judicial.
Lo que no dijeron los medios es que los jóvenes Nelson Archila, Robinson Adrián Ortega y José Diomedes Gamboa Giraldo fueron capturados en sus propias casas, ubicadas en el mismo municipio de Saravena, y que todos ellos habían sido objeto de retenciones y reseñas irregulares por parte de la Policía en los días previos a su judicialización, tal como lo expresaron sus familiares en las respectivas denuncias presentadas ante la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Según esta organización, funcionarios de la Policía retuvieron a Nelson Archila varias veces antes de su captura y en una de esas ocasiones lo condujeron a uno de los barrios de Saravena e intentaron obligarlo a quitar una pancarta alusiva a una de las organizaciones insurgentes que operan en la región.
Según la referida denuncia, Robinson Adrián Ortega había sido reseñado por agentes de Policía en su vivienda, luego de lo cual voluntariamente se presentó en las instalaciones de la DIJIN, en donde la policía judicial revisó su cédula y le informó que podía irse tranquilo. Los familiares de los jóvenes privados de su libertad califican esos hechos como irregulares y opinan que son víctimas de montajes judiciales o falsos positivos.
Por otra parte, es de resaltar que la audiencia de legalización de la captura (realizada en Saravena el mismo día de las capturas) también se vio afectada por hechos irregulares. En primer lugar, la audiencia inicialmente se intentó celebrar a puerta cerrada, pero a solicitud de un abogado defensor se pudo mantener su carácter público. Así mismo, otro abogado asistente a la diligencia judicial calificó como «exabrupto jurídico» el hecho de que la Fiscalía desarrollara lo relativo a las “fuentes humanas” que habrían dado información acerca de los tres imputados.
Finalmente, madres, esposas y hermanas de los tres capturados denunciaron que no se les permitió proporcionar a éstos medicinas y ropa suficiente, ya que serían trasladados a la ciudad de Bogotá, donde ya se encuentran en este momento.
El celular
Mientras la Fiscalía publicita la “ardua labor investigativa” llevada a cabo por los miembros de la policía judicial, los trabajadores de la región del Sarare encontraron en un teléfono celular de uso oficial fotografías que respaldarían la denuncia de montajes judiciales. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Clase Obrera, dos miembros del servicio de inteligencia de la policía fueron sorprendidos por los marchantes, quienes retuvieron el teléfono celular de uno de ellos con el que se fotografiaba a los participantes de la jornada. A pesar de que el comandante de la estación de policía de Saravena eliminó el contenido de la memoria del celular cuando éste le fue devuelto (a través de acta escrita) los líderes sociales ya habían descargado las fotos y videos que contenía.
En el mencionado aparato se encontraron fotos no sólo de la marcha del Primero de Mayo, sino de otra manifestación pública que habían realizado los docentes de Saravena el pasado 7 de abril. Además de lo anterior, se encontraron varias fotos con fecha del 14 de abril de 2011 en las que aparece el agente que tenía asignado el celular —José Alirio Umaña Lizarazo, el mismo que fotografió a los manifestantes— portando un arma y posando junto a una bandera del ELN, la cual era sostenida por otras dos personas de las que sólo aparecen sus brazos.
Los dirigentes sociales de Arauca califican estas imágenes como evidencia de que el trabajo de los funcionarios de inteligencia y de la policía judicial se acerca más a los montajes o falsos positivos, que a “exhaustivas investigaciones”, dado que ese tipo de elementos es el que posteriormente se utiliza en los expedientes como pruebas de cargo.
quien era Osama Bin Laden
Nació en 1957 en Djedda, Arabia Saudí, de padre yemení y madre originaria de Siria. Era hijo del humilde estibador que logró convertirse en el mayor contratista de obras de Arabia Saudí. El padre de Osama bin Laden, el jeque Muhammad bin Laden, ingeniero y arquitecto según algunas fuentes, simple campesino según otras, dejó su provincia natal de Hadramut, en el centro de Yemen, a principios de los años veinte. Al parecer, se instaló en Hedjaz, Arabia Saudí, en 1932. Allí hizo una fortuna colosal gracias a sus relaciones con la familia real saudí, que le encargó numerosas obras públicas, y destacó como un hombre de negocios riguroso y honesto. Su madre, según se dice, no era la esposa favorita de Muhammad bin Laden, quien tuvo 54 hijos con 11 esposas. Uno de ellos fue Osama bin Laden. Osama, que fue educado por preceptores privados, tuvo una infancia y juventud dorada, codeándose con los hijos de los príncipes saudíes.
Cuando Muhammad bin Laden murió en un accidente de helicóptero en 1968, todo su inmenso imperio industrial pasó a sus hijos. Osama, con 13 años, heredó 80 millones de dólares. Durante sus estudios en la Universidad de DJedda, bin Laden se vio influenciado por uno de sus profesores, el fundamentalista islámico Sheik Abdullah Azzam, empeñado en la liberación de la causa islámica de la dominación extranjera y alentador de la juventud musulmana para volver a los estrictos postulados de la fe islámica. En 1979, tras finalizar los estudios en la Universidad (consiguió en la Universidad de Djedda un diploma de ingeniero después de cinco años de estudio), pasó a formar parte de la plantilla de ingenieros de la empresa familiar.
A partir de 1979, Osama Bin Laden empieza a dar importancia a la religión, sin duda como reacción al acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Ese mismo año la revolución islámica barría el régimen del Sha en Irán y los soviéticos invadían Afganistán. Su trayectoria profesional quedó truncada; Osama abandonó la empresa para integrarse en el movimiento armado que combatía la presencia militar rusa en Afganistán, siguiendo la llamada de la Yihad, la guerra santa.
Su misión consistía en recoger dinero para financiar la resistencia de los movimientos islamistas contra las tropas de ocupación soviéticas. Escribía también violentas diatribas contra los comunistas, sin olvidar también al Occidente "decadente". En 1980 empieza a reclutar guerrilleros proafganos y establece sus primeros campamentos. Fue entrenado por la CIA y aprendió por la instrucción cómo mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales; a preparar explosivos; a utilizar códigos cifrados para comunicarse y a ocultarse.
En esa época los Estados Unidos aportaban su ayuda incondicional a todos los grupos afganos debido a su participación en la guerra contra la URSS (entre 1979 y 1989 los norteamericanos entregaron cerca de tres mil millones de dólares a la resistencia afgana, que favoreció a Bin Laden, y cerca de 35.000 combatientes, procedentes de 40 países, fueron formados como guerrilleros en los campos de entrenamiento situados a lo largo de la frontera con Pakistán). En 1988 funda Al Qaeda, La Base, en árabe. La mayoría de sus miembros son veteranos de la guerra de Afganistán. El grupo tiene bases en Argelia, Uzbekistán, Siria, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Líbano, Irak, Kosovo, Chechenia, Cisjordania y Gaza.
La ruptura definitiva con sus aliados norteamericanos se produjo en 1990 cuando, en su combate contra Irak, EEUU desplegó tropas en Arabia Saudí, tierra de los lugares sagrados musulmanes de La Meca y Medina. Sabiendo que, después de la guerra del Golfo, la presencia norteamericana iba a durar más tiempo en suelo saudí, Bin Laden multiplicó sus llamamientos para derrocar a la monarquía saudí. Esta decisión le acarreó primero el destierro, en 1991, y, dos años después, la pérdida de la ciudadanía saudí. Se trasladó a Sudán, donde permaneció cinco años, pero, debido a las presiones de EEUU, fue expulsado por el Gobierno sudanés.
En 1996 se instaló con su familia en Afganistán, estableciendo sus primeros contactos con el jefe de los talibanes, el "mulá" Muhammad Omar. Le entregó en matrimonio a una de sus hijas y se hizo construir en el feudo de los talibanes una lujosa y espaciosa mansión donde residió con su numerosa familia (tiene cuatro esposas y 13 hijas), gastando sin mejorar para nada las infraestructuras viarias y sanitarias de la ciudad. Ese mismo año, haciéndose eco de las exigencias de los miembros de los órganos de seguridad nacional, el presidente Clinton autorizó a la CIA a emplear todos los medios para eliminar físicamente al multimillonario saudí y destruir la estructura política y militar creada por éste, pero ninguno de los mercenarios contratados por el espionaje norteamericano (se habla de más de un millar), logró cumplir la arriesgada misión.
Su organización estableció como objetivos prioritarios el ataque a EEUU y sus aliados en Oriente Próximo. Bin Laden fue el presunto responsable de los atentados norteamericanos de Nairobi y Dar es Salam, que provocaron 263 muertos en 1998, y del ataque contra el crucero US-Cole en Adén en octubre de 2000, con 17 muertos. Se calculó que era poseedor de una fortuna de 300 millones de dólares.
Tras el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, en el que fallecieron miles de personas, se convirtió en el terrorista más buscado, pero ni la posterior invasión de Afganistán llevó a su detención ni se llegó a ninguna certeza sobre su paradero hasta diez años después: el 1 de mayo de 2011, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que el líder de Al Qaeda había sido muerto en una operación llevada a cabo por comandos militares estadounidenses en una residencia en las afueras de la ciudad de Abbottabad, en Pakistán.
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